Por qué se suicidan seis veces más los condenados por corrupción como Blesa

Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, se quitó la vida disparándose con una escopeta en el pecho, ha confirmado la autopsia. Había recibido su primera condena por el caso de las 'tarjetas black' a seis años de cárcel, y pendían sobre él la sentencia del caso de las Preferentes, que lo convirtió en uno de los hombres más repudiados de España. Por esa causa, precisamente, había pasado brevemente por prisión preventiva. Todos estos factores son coherentes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con un riesgo incrementado de suicidio.

El documento sobre la Prevención del Suicidio en Cárceles y Prisiones publicado en 2007 alertaba de que la elevada tasa de suicidios entre convictos no atañe únicamente a los presos encarcelados. Los detenidos en espera de juicio, según el informe preparado en el contexto del programa mundial SUPRE de lucha contra el suicidio, presentan un riesgo 7,5 veces superior de intentar quitarse la vida. En el caso de condenados no ingresados en prisión, se suicidan seis veces más que el resto de personas en libertad.

La OMS relacionaba la elevada tasa de suicidios en prisión con la situación vulnerable de partida del preso, ya que gran parte de la población carcelaria presenta problemas psicológicos, de socialización o de adicción a las drogas que agrava la abstinencia forzada. Por otra parte, "una larga sentencia de prisión esperada o el estrés diario relacionado con la vida en prisión pueden exceder las habilidades del prisionero promedio para hacer frente a la situación".

De su paso por Soto del Real, Miguel Blesa había dicho que "nadie tiene trato de favor, pero todo el mundo tiene un buen trato". Pero el escarnio social provocado por la estafa múltiple a pequeños ahorradores es uno de los factores facilitadores del riesgo de suicidio descritos en el informe. Estos incluyen "la pérdida de apoyo familiar y social, temor a lo desconocido, temor a la violencia física o sexual, incertidumbre y temor acerca del futuro y la vergüenza y culpa por el delito".

El perfil del suicida a la espera de juicio sería de alguien joven que ha cometido su primer delito, generalmente menor o relacionado con drogas. El principal acicate para quitarse la vida es "el trauma por el encarcelamiento, la falta de información o la inseguridad sobre el futuro". En el caso del sentenciado suicida, es de mayor edad y ha pasado generalmente ya cuatro o cinco años en la cárcel. El detonante puede ser "un conflicto dentro de la institución", la "desintegración familiar" o "una disposición legal negativa como la negación de libertad condicional".

La prevención del suicidio en España

La Organización subraya que los suicidios se multiplican cuando las instituciones penitenciarias no aplican programas específicos de prevención. En España, la tasa es baja: de las 150 muertes anuales de convictos solo el 15% fueron suicidios, el 0,3% de toda la población reclusa en 2016 según datos de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias. La cifra no ha dejado de descender desde 2005, año en el que se puso en marcha el procedimiento de "reo sombra" por el que un preso de confianza acompaña al recién llegado para identificar conductas de riesgo.

Es precisamente en esas primeras horas de ingreso en el que el psicólogo de la cárcel establece la amenaza que supone el preso para su propia vida. "A determinados internos hay que vigilarlos de manera especial porque pueden entrar en una fase depresiva de manera muy rápida, pasan de 100 a 0 en su vida y eso tenemos que calibrarlo", explicaban expertos en la materia en el marco del ingreso del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en Soto del Real.

Esta penitenciaría madrileña se ha ganado el irónico apelativo de "hotel de cinco estrellas" y el "mejor lugar para hacer negocios" por la cantidad de investigados por tramas de corrupción de alto perfil que se encuentran ahí presos. Pero la concentración tiene una lógica detrás: los encarcelados por delitos económicos suponen apenas un 1% del total, ya que las condenas raramente entrañan cárcel. Pero el esquivar la prisión no reduce el riesgo de suicidio vinculado a la condena según el informe citado.

Para los encarcelados, los protocolos establecen que la cercanía con condenados de condición social equivalente - con los que a menudo comparten la tipología del delito - mejora el estado anímico y psicológico del reo. Todos estos factores implican, paradójicamente, una mayor protección contra el suicidio del sentenciado encarcelado del que se encuentra en libertad, sobre el que no pesan protocolos de control. Según la OMS, el factor determinante es la capacidad del individuo para sobrellevar la transición de una forma de vida a otra. Mario Conde, otro famoso banquero convicto, sería un ejemplo sobresaliente de tal capacidad.  

La corrupción italiana 

En 1992, el juez Antonio Di Pietro puso en marcha la operación 'Manos Limpias' contra la corrupción política en Italia. Destapó un entramado regulado por los partidos por el que recibían comisiones de cualquier obra pública en función de los votos obtenidos. Se investigaron a más de 4.500 personas y fueron condenados 1.233 políticos y empresarios. 

Tres de los investigados no han podido responder ante el tribunal porque decidieron poner fin a su vida el mismo año en que se destapó la trama. Renato Amorese, Sergio Moroni y Mario Majocchi se suicidaron de un disparo a los pocos meses de iniciarse la investigación.

El primero en hacerlo fue Amorese, que se pegó un tiro en su coche el 17 de junio, tras dimitir de su puesto como secretario del Partido Socialista Italiano (PSI), en la localidad de Lodi. Un mes después, el 27 de julio, Mario Majocchi, vicepresidente de la asociación nacional de constructores italianos, se suicidó con un tiro en la cabeza. En septiembre, Moroni, diputado y miembro de la dirección nacional del PSI, se disparó en la garganta con un fusil. Los tres implicados elegieron una salida extrema para su proceso. 

Un año más tarde, en 1993, el magnate Raúl Gardini, también involucrado en un caso de corrupción por sobrevaloración de activos en torno a la fusión de la empresa Enimont, se disparó un tiro en la sien. El empresario tenía 60 años, estaba casado y tenía dos hijos y, al parecer, no resistió la presión que implicaba la investigación.