Sanidad insiste: prohibido denegar el acceso a la UCI a pacientes por su edad

La terribles condiciones de colapso hospitalario provocadas por la pandemia de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, obliga a los profesionales sanitarios a tomar decisiones difíciles a la hora de repartir los recursos, reconoce el Ministerio de Sanidad en su último informe enfocado en los Aspectos Éticos de la crisis sanitaria. Sin embargo, "no es aceptable" que se excluya de las Unidades de Cuidados Intensivos a personas por sistema a partir de cierta edad, dado que ello supondría un discriminación contraria a derecho.

"En este sentido, excluir a pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales o a determinados tratamientos (por ejemplo, aplicar dicha limitación a toda persona de edad superior a 80 años) resulta contrario, por discriminatorio, a los fundamentos mismos de nuestro estado de derecho (art. 14 Constitución española)", asegura el documento oficial redactado por el Comité Ético que asesora al Ministerio.

Esto no significa que el hipotético paciente de más de 80 años del ejemplo tendría garantizada una plaza en UCI, sino que se le debería aplicar los mismos criterios en el triaje que a una persona más joven. Entre ellos, el de las oportunidades de supervivencia que presente su caso. "Aceptar una discriminación como la anteriormente reflejada supondría establecer una minusvaloración de determinadas vidas humanas por la etapa vital en la que se encuentran", recoge el texto, lo que atenta contra "la igual dignidad intrínseca de todo ser humano".

El texto admite que se ha producido un debate, que también denominan "tensión", entre "utilitarismo (obtener el máximo beneficio respecto a los pacientes atendidos y salvados en comparación con los postergados) y humanitarismo (toda persona en estado de máxima gravedad merece recibir el tratamiento vital que corresponda)". En ese sentido, consideran "un imperativo moral proporcionar unos criterios orientadores claros y sencillos" para la toma de decisiones que al mismo tiempo "no se conviertan en una trampa" al establecer unos automatismos "rutinarios y despersonalizadores".

Los cinco criterios generales aplicables son los siguientes:

1º No discriminación por ningún motivo ajeno a la situación patológica del paciente y a las expectativas objetivas de supervivencia.

2º El principio de máximo beneficio en la recuperación de vidas humanas, que debe compatibilizarse con la continuación de la asistencia iniciada de forma individual de cada paciente.

3º Gravedad del estado de enfermedad del paciente que evidencie la necesidad de cuidados intensivos (asistencia en unidades de cuidados intensivos y acceso a ventiladores mecánicos o, en su defecto, acceso en todo caso a estos últimos).

4º Expectativas objetivas de recuperación del paciente en el corto plazo a su estado previo de salud, teniendo en cuenta la concurrencia o no de patologías graves acompañantes que evidencien un pronóstico fatal (enfermos terminales con pronóstico de irreversibilidad, estado de coma irreversible, etc.), aunque pueda
comportar una atención clínica añadida.

5º Orden temporal de entrada en contacto con el sistema de salud, consistente en este caso en la data de ingreso en el centro, con el fin de objetivar el punto de partida de los pacientes de los que se responsabiliza el sistema. Sin embargo, este criterio nunca debe anteponerse a los anteriores, pues podría provocar la preferencia de pacientes de menor urgencia, atendiendo a la gravedad de su situación, o de pacientes sin ningún pronóstico favorable sobre su recuperación.

Médicos jubilados, en segunda línea

Por otra parte, el documento aborda la posibilidad de que profesionales médicos retirados por razón de edad se reincorporen para reforzar plantillas. "Cabe objetar que los estudios existentes parecen evidenciar un incremento de riesgo de infección (así como de la letalidad) por SARS-CoV-2 a mayor edad de la persona afectada. Con base en lo anterior, no resulta recomendable exponer al referido personal jubilado a tareas de primera línea asistencial que impliquen alto riesgo de contagio. Podría aceptarse la realización de otras tareas que puedan liberar recursos".

El documento termina con un reconocimiento: "La pandemia que estamos sufriendo ha contribuido a reafirmar valores que identifican a la población española: la solidaridad, el altruismo, la empatía y la responsabilidad, reflejadas en los profesionales que están velando por nuestra salud, por nuestra seguridad y por asegurar el mantenimiento de productos y servicios básicos, valores acompañados por la autodisciplina de todos los ciudadanos".