La intervención quirúrgica habitualmente realizada para un cambio de sexo, si consiste en el paso de mujer a hombre, es la que suele incluir una construcción de pene mediante una metoidioplastia. En el mismo protocolo intervencionista se suele realizar la extirpación de la vagina, un procedimiento llamado vaginectomía.
Sin embargo, es potestad de la paciente que se somete a una intervención de estas características aceptar o rechazar todo el procedimiento completo. Y no siempre es el caso.
Esto es lo que ha sucedido en el Hospital Highgate de Londres, Reino Unido, en el que dos urólogos han sido suspendidos del registro médico del país tras extirpar por error y sin consentimiento previo la vagina de una paciente que se sometió a un cambio de sexo, según describe un informe publicado en el British Medical Journal.
Aunque los hechos ocurrieron en octubre de 2016, no ha sido hasta ahora cuando el tribunal ha decidido inhabilitar a los dos especialistas, los cuales no solo extirparon erróneamente la vagina de la paciente sino que uno de ellos alteró el formulario de consentimiento de la paciente para justificar haber llevado a cabo la vaginectomía.
Por un lado Giulio Garaffa, urólogo consultor especializado en andrología y cirugía reconstructiva, además de ser profesor titular honorario en la University College de Londres, ha sido suspendido durante cinco meses por realizar esta intervención por error en una paciente que iba a llevar a cabo un cambio de género.
En este caso la paciente había rechazado de forma repetida la extirpación de su vagina, algo que constaba claramente en las notas médicas, aunque este tipo de intervenciones suelen realizarse de forma conjunta. Y, aún con el rechazo explícito, en el listado de intervenciones de ese día se especificaba que se realizarían ambas, como acabó sucediendo.
Por otro lado, el urólogo italiano Marco Capece, el cual trabajaba con Garaffa como parte de su plan de capacitación de especialistas italianos, obtuvo el consentimiento de la paciente para realizar una metoidioplastia, pero posteriormente modificó el formulario del consentimiento para incluir un "+ vaginectomía". En este caso el tribunal calificó esta acción de "deshonesta" y suspendió a Capece durante doce meses.
En este caso, la paciente descubrió que finalmente sí se le había realizado una extirpación de vagina una semana después de la operación, cuando hablaba con la enfermera que coordinaba su atención en el Centro de Andrología de San Pedro.
Según los hallazgos del tribunal, inicialmente se rechazó la queja de la paciente porque no podía demostrar que se hubiese modificado su consentimiento posteriormente. Sin embargo, finalmente pudo conseguir una copia de su formulario de consentimiento original, donde no constaban los términos "+ vaginectomía", y por tanto se dedujo que se habían añadido posteriormente.
Tras conocerse estos hallazgos, el Dr. Capece y el Dr. Garaffa afirmaron que la paciente debió cambiar de opinión posteriormente, y aceptó la vaginectomía posteriormente. Sin embargo, el testimonio del Dr. Capece revelaba inconsistencias fácticas y no coincidía con los registros médicos de la paciente.
Por su parte, el Dr. Garaffa fue absuelto de una posible mala conducta, dado que no accedió al consentimiento original en realidad y se limitó a realizar la intervención quirúrgica sin más. Sin embargo, este urólogo tenía el deber de haber revisado dicho consentimiento y las notas médicas anteriores, cosa que no hizo, según el tribunal.
En este caso se sabe que Garaffa es un experto líder en cirugía de construcción de pene, y uno de los dos o tres cirujanos conocidos en realizar determinados procedimientos complejos. Su mala conducta consta como un error genuino, y habría cambiado sus protocolos de consentimiento para no volver a repetir este tipo de error.
Por su parte, el Dr. Capece acabó admitiendo que su relato ante el tribunal era más una descripción de su práctica clínica habitual que un recuerdo real de los acontecimientos.
De hecho, el mismo tribunal reconoció un "remordimiento real" en la confesión de este urólogo, el cual actualmente se dedica a la investigación en Italia y no tiene intención de reanudar la práctica clínica en Reino Unido. Aún así, el tribunal mantiene su suspensión en el máximo disponible de 12 meses.