Con sutileza política, Josune Gorospe, diputada del PNV, comenzaba su réplica al ministro de Sanidad, Salvador Illa, preguntándole si su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso era la primera de una serie recurrente como ocurrió durante el estado de alerta. Lo cierto es que por mucho en que se insista en que la situación epidemiológica es diferente a la experimentada en primavera, diversos factores ponen en cuestión el concepto de "fase de contención" que esgrime el Gobierno frente al repunte del COVID-19 en España.
"Estamos en un escenario distinto al de los meses de marzo y abril", insiste Illa, una afirmación sustanciada en la mayor capacidad para realizar tests de la que se ha dotado nuestro país en estos meses. Esto ha permitido localizar 527 brotes desde el pasado 10 de mayo con casi 6.960 casos asociados. Los pacientes diagnosticados son en un 60% de los casos asintomáticos, apunta, al contrario de lo que ocurría en los primeros meses de la pandemia, en los que los positivos de COVID-19 prácticamente solo afloraban en personas hospitalizadas.
Del mismo modo, los contagiados son cada vez más jóvenes, en una tendencia que se ha ido observando desde comienzos de verano: con la reapertura del ocio nocturno, las vacaciones y las actividades como los 'botellones', la edad media entre las personas que dan positivo ha ido descendiendo de los 63 años a los 40. Dado que la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 tiende a tener cuadros más leves en personas jóvenes -pero sin ser en absoluto inocua-, se reducen las hospitalizaciones. El sistema, afirma el ministro, no está sufriendo por tanto el "estrés" que amenazó con el colapso sanitario.
Illa ha sacado pecho de las 42.000 PCR diarias de media, y "hasta 48.000 en días laborables", para restar importancia a los brotes que "están siendo controlados" en su mayoría. La coordinación entre Gobierno y Comunidades es "satisfactoria y permanente", y se concreta en un reparto de 4,7 millones de mascarillas, 106.500 gafas de protección, 26.500 buzos y 570 respiradores de UCI. Un optimismo, en definitiva, que contrasta con indicadores que apuntan a un empeoramiento inminente de la crisis sanitaria.
La falsa seguridad de los asintomáticos
Pasar el COVID-19 sin molestias o con síntomas leves es indudablemente mejor para el paciente, pero las evidencias acumuladas estos últimos meses apuntan a que su carga viral es similar a la de los casos más graves. Es cierto que, ante la ausencia de tos y respetando medidas como el uso de mascarilla y el distanciamiento social, un enfermo de este tipo será difícilmente contagioso; pero, por el contrario, alguien que tenga la enfermedad sin saberlo pondrá en peligro a su entorno más cercano en la intimidad.
Los principales focos, admite Sanidad, están siendo "reuniones familiares, fiestas particulares y actividades de ocio", en donde las precauciones decaen por defecto y sobre las que, más de allá de ordenar confinamientos o cierres, poco se puede legislar, al contrario de lo que ocurre en espacios públicos. Por otro lado, incluso los asintomáticos diagnosticados están encontrando pocas dificultades para saltarse las cuarentenas que deberían estar cumpliendo. Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, ha calificado la situación de "imposible de controlar".
Casos imposibles de rastrear
"Alrededor del 70% de los brotes tienen menos de diez casos asociados", afirma Illa, pero corresponde matizar: según el último Informe de Situación de COVID-19 en España que recopila el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), desde el pasado 10 de mayo, un 47% de los nuevos positivos no ha referido ningún contacto conocido con la enfermedad. Es decir, son 16.815 personas que verosímilmente ignoran quién les ha contagiado o a quién han podido contagiar. Así, la media de contactos identificado por caso en España es de tres.
Dicho de otro modo, "menos de diez" es la cantidad de contagios que se detectan a partir del paciente cero, pero eso no implica que haya más que escapen al radar de los rastreadores. Esto es especialmente destacable en Comunidades como Madrid y Cataluña, debido a la ínfima proporción de rastreadores por habitante que poseen. "Madrid pasará de tener 1/47.080 a aproximadamente 1/23.000 cuando las recomendaciones en esta fase son 1/5.500", denunciaba la plataforma 'Atención Primaria Se Mueve'.
La presión hospitalaria aumenta
El mismo informe del ISCIII destaca que las hospitalizaciones van en aumento desde primeros de julio, mientras "los ingresos en UCI y defunciones mantienen una tendencia a la estabilidad". El ministro Illa insiste en que hay en toda España "209 ingresados en UCI, seis menos que el martes, y 18 de ellos sin respiración asistida".
Sin embargo, la presión sobre la Sanidad empieza por la Atención Primaria, donde desde hace semanas denuncian la dificultad de compatibilizar los rastreos con la reanudación de los servicios, circunstancias agravadas por las vacaciones. Las 427 hospitalizaciones de la última semana deben considerarse con la perspectiva acumulada de la 'tormenta perfecta' de otoño, cuando confluyan otros factores de riesgo como la gripe estacional en poblaciones de riesgo.
No solo son Cataluña y Aragón
Los 412 brotes activos, con un total de 4.870 casos asociados, se han producido en un 70% en Cataluña y Aragón, regiones que ya han tomado medidas como confinamientos selectivos según recuerda Sanidad. Pero la incidencia de la COVID-19 va en aumento en Navarra y País Vasco, y si atendemos al informe del ISCIII, la tasa acumulada cuestiona la evolución además de Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Canarias y Cantabria. En lo que respecta a la capital, el proyecto 'ECML Covid' ya marca su incidencia de 3,48 casos acumulados por 100.000 habitantes como una de las regiones que preocupan en Europa Occidental.