El 30 de septiembre, las distintas Comunidades Autónomas, reunidas con el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, decidían aprobar en consejo interterritorial los requisitos que el Gobierno y la Comunidad de Madrid habían pactado el día anterior para confinar municipios. Era la medida que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso exigía para que el confinamiento de Madrid no se viera como un agravio.
Si había parámetros comunes para todo el país, bueno, habría que ir aceptándolos según te tocaran. El problema era que, aunque varios municipios de toda España cumplían algunos de esos parámetros, solo la Comunidad de Madrid cumplía uno en concreto que se coló en el acuerdo y que sonaba a trampa: superar el 35% de ocupación de camas UCI con casos de clínica Covid.
En cuanto el equipo de Ayuso se dio cuenta, vetó de inmediato el acuerdo y, de hecho, Madrid votó en contra de su propia petición. Eso, insisto, el 30 de septiembre. Ha pasado un mes y medio y Madrid por fin está por debajo de ese 35%: ya hemos dicho que aunque los casos se han desplomado en la capital, las hospitalizaciones cuesta más reducirlas.
En concreto, en el PDF de hoy se le atribuye un 34,15%, justo por debajo de Castilla-La Mancha, que también roza el umbral de alerta que fijó en su día el ministerio, y se queda en el 34,67%. De hecho, el total nacional no está muy lejos de la urgencia: un 31,75% cuando aquel 30 de septiembre estábamos en el 17,93%.
La mala noticia es que ahora hay hasta ocho comunidades autónomas que superan ese 35% cuando antes, insisto, solo estaba Madrid. Teniendo en cuenta que se va a producir una ligera bajada en casos por segunda semana consecutiva, que los ingresos parecen estables en torno a los 2.200 diarios y que la prevalencia total es prácticamente igual a la de hace una semana, justo por encima de los 20.000 ingresados, parece claro que el problema de España es en este momento el de las UCI.
Lejos de bajar, el número de pacientes críticos ha subido un 9,1% de viernes a viernes, aunque ya sabemos que este es el indicador que más tiempo tarda en apaciguarse, puesto que las estancias en cuidados intensivos se pueden prolongar semanas y semanas mientras que siempre hay gente que entra. Detener ese flujo hasta dejarlo en la mínima expresión tarda bastante tiempo.
Aparte, la propia cifra de Sanidad es poco clara. Da datos de ocupación Covid sobre camas disponibles, pero ni nos da los datos de ocupación total contando otras patologías ni hace el cálculo sobre las camas originales, sino sobre las que se van abriendo sobre la marcha incluso en gimnasios.
Todo eso puede dar una sensación de cierta tranquilidad a los medios y a los ciudadanos (ver un 31% de ocupación invita a pensar necesariamente en el 69% restante y pensar que el margen es enorme) pero oculta una realidad que en lugares como Asturias, Castilla y León, Murcia, Cataluña, Aragón o Andalucía empieza a ser dramática.
Recordemos que unas UCI hasta arriba suponen no solo una enorme presión sobre los profesionales que se encargan de salvar vidas sino un inevitable porcentaje de fallecimientos a medio plazo… y la imposibilidad de tratar como es debido las urgencias de otras patologías, disparando el exceso de fallecimiento, que puede estar a fin de año en torno a las 75.000 defunciones.
Y es que si, desde el punto de vista sanitario, aliviar UCIs es lo último que se consigue, en el plano estadístico puro y duro, lo que más tarde empieza a bajar es el número de fallecidos. Incluso en Madrid tuvieron que pasar tres o cuatro semanas de bajada en picado de los casos para empezar a ver los primeros descensos leves en óbitos.
No sé hasta qué punto se puede esperar algo parecido a nivel nacional cuando la bajada de casos es tan leve y en algunos lugares (Asturias, Comunidad Valenciana) aún inexistente. En el momento en el que el volumen de casos sobrepasa el umbral de los 500 casos por 100.000 habitantes en dos semanas, la transmisión comunitaria entre grupos de riesgo la tienes asegurada e inmediatamente te aseguras también un aumento en el porcentaje de hospitalizados y en la tasa de fatalidad por caso.
En Madrid, por ejemplo, el número de defunciones en noviembre supone un 3% de los casos detectados. De cada cinco positivos, uno acaba hospitalizado. Ahí hay una buena parte de infradetección pero también de cambio del perfil de paciente, lo que hace que aun reduciendo significativamente el número de casos, pueda tardarse en conseguir una bajada equivalente en los demás indicadores de gravedad.
En las últimas 24 horas, Sanidad ha incorporado 308 fallecidos a su total, superando ya con creces los 40.000 desde el inicio de la pandemia. Si contamos la última semana, son 1.936 las nuevas defunciones notificadas, cifra que se acerca a las 2.115 que dieron las comunidades para la semana pasada.
Rondamos los 300 muertos al día de media y teniendo en cuenta que ya van 18 semanas consecutivas de incremento de fallecidos, es difícil pensar que pronto veamos una reducción, lo que nos deja una proyección para noviembre en torno a los 9.000-10.000 muertos.
Solo en los primeros doce días de mes, el Ministerio ya ha notificado 3.300, cifra algo menor que la que dan las comunidades autónomas (3.623 en el mismo período). Asturias, la comunidad con peores cifras con diferencia, ha pasado de 41 semanales a 105 en solo catorce días. Eso cuando todos sus parámetros crecen aún por encima del 20%. Mucho queda por hacer, parece claro.