La nueva normalidad llega a las CCAA con incidencias 25 veces mayores a las de la desescalada de 2020

¿Cómo de frágil es un criterio para que un par de vídeos hagan que se tambalee? Seis meses y medio esperando al 9 de mayo y, cuando llega, algunos cientos de personas celebran, las redes arden y las autoridades piden inmediatamente dar media vuelta. ¿Qué clase de pedagogía es aquella que depende del escándalo popular?

Todo lo sucedido en estos últimos cuatro días choca frontalmente con lo que pasó hace un año, cuando todo requería un tiempo, unas condiciones, unos indicadores… y una supervisión de un supuesto organismo de élite que acabaron siendo Salvador Illa, Fernando Simón y su núcleo de confianza en el CCAES.

Los criterios de 2020 podrían ser más o menos acertados y desde luego habría convenido una mayor claridad al respecto. Un año después, seguimos sin saber por qué algunas comunidades pasaban de fase y otras se quedaban estancadas. Ahora bien, al menos había la pretensión de una consistencia.

Se hablaba de incidencias acumuladas, de camas UCI ocupadas, de capacidad de rastreo… lo sorprendente de todo lo que estamos viviendo en este segundo intento de "nueva normalidad" es que no haya ni un solo criterio objetivo y que todas las decisiones las estén tomando, a su mejor entender, los jueces.

Apelar a la "responsabilidad ciudadana" en medio de este batiburrillo es cuando menos jocoso. La "responsabilidad" es la capacidad autónoma de dar una respuesta propia a un problema. Si no se ponen de acuerdo expertos, políticos y jueces, ¿cómo esperar que cada ciudadano pueda hacerse una idea y que esa idea además coincida con lo correcto? ¿Qué es "lo correcto" en todo esto?

Esta vaguedad de que el único criterio para acabar con el segundo estado de alarma haya sido la fecha -9 de mayo, punto, pase lo que pase- choca además, especialmente, con la diferencia abismal en la situación que vive España ahora y la que vivía entonces, cuando todo se medía, cuando todo -al menos en la teoría- respondía a una razón.

La desescalada de la primera ola dio comienzo el 4 de mayo en los territorios de Formentera (Islas Baleares), La Gomera, Hierro y La Graciosa (Islas Canarias). El resto del país tuvo que esperar al 11 de mayo y Madrid, por ejemplo, no consiguió la aprobación del supuesto comité de expertos hasta el 25.

Si tomamos como fecha de referencia el día 11, pues es la que afectó a mayor número de ciudadanos, la incidencia acumulada en todo el país era de 27,93 casos por 100.000 habitantes. La comunidad con mayor tasa de contagios era Castilla y León, con 60,80.

Por supuesto, todos estos datos hay que tomarlos con mucha precaución porque por entonces la capacidad para hacer tests era aún muy limitada, de ahí que se detectaran pocos casos. Tampoco son demasiado fiables las cifras diarias de hospitalizaciones, pues ese 11 de mayo se notificaron 513 nuevos ingresos… pero 318 se localizaban en Cataluña, algo que parece muy improbable.

En cuanto al número de nuevos fallecidos, muy afectado aún por los retrasos acumulados tras la masacre del mes de abril, el Ministerio reportaba para esa fecha 176 nuevas defunciones. El total quedaba en 26.920, muy lejos de la cifra que ahora suponemos como real.

Esto era el principio de un largo camino, no el final… y aun así, las cifras eran mejores que las actuales, por difícil que sea compararlas. La incidencia acumulada a 12 de mayo de 2021 es de 173,78 casos por 100.000 habitantes y hemos tenido 715 nuevas hospitalizaciones en las últimas 24 horas.

El número de fallecidos es considerablemente mejor, en parte por las vacunas y en parte porque venimos de tres meses con la incidencia real por debajo de 250, algo que sabemos que habría sido impensable a lo largo de todo marzo y abril de 2020 de haber tenido la estructura de diagnóstico necesaria. Aun así, el Ministerio, con su habitual retraso, añade 108 nuevas víctimas al acumulado, para un total de 79.208 oficiales en catorce meses.

Si de alguna manera podemos comparar cifras es con el número total de hospitalizados y de pacientes en estado crítico. El problema es que no hay cifras centralizadas de aquellos días. Siguiendo el estudio minucioso de Miguel Ángel Reinoso en Twitter, podemos intuir que la ocupación hospitalaria el 11 de mayo de 2020 estaba en torno a los 9.000 ingresados en total, de los cuales 1.300 ocupaban una cama UCI.

Son cifras aproximadas, insisto. ¿Cuál es la situación actual? Según el último informe del Mnisterio, habría en España 7.696 hospitalizados (menos que hace un año) pero 1.991 estarían en la UCI (bastantes más en comparación).

Ahora bien, insisto, el paso a fase 1 no era sino el inicio de la desescalada. La nueva normalidad, es decir, el final de ese primer estado de alarma y la consiguiente "convivencia" con el virus llegó el 21 de junio. En justicia, la comparación debería hacerse con esa fecha, pues fue entonces cuando las comunidades autónomas se encontraron en la misma situación en la que se encuentran ahora, es decir, sin el paraguas legal del Gobierno central y expuestos a sus propias decisiones.

Si aquel 21 de junio de 2020, la incidencia acumulada estaba en 8,08 casos por 100.000 habitantes, el 9 de mayo de 2021, cuando decayó el segundo estado de alarma, se cifraba por encima de los 190, es decir, era casi 25 veces mayor.

Las Comunidades, que en 2020 afrontaban la nueva normalidad con unas cifras casi ridículas, se encuentran un año después con una situación completamente distinta. En la semana previa al decaimiento del primer estado de alarma se produjeron 240 ingresos con clínica Covid en todo el país, de los cuales solo 18 entraron en UCI.

Por alteradas que estuvieran esas cifras, no tienen nada que ver con los 715 ingresos totales que se registraron solo en el día de ayer. Tampoco tienen nada que ver las aproximadamente 250 camas UCI ocupadas por entonces en todo el país con las 2.000 de ahora.

La conclusión de todo esto no va en el sentido de qué es mejor o peor. Lo chocante es la ausencia completa de referentes, umbrales, indicadores… Hubo seis meses y medio para establecer máximos, para “desescalar” poco a poco y para ajustar las necesidades sanitarias al marco legal vigente. No se hizo. El único criterio, insisto, fue una fecha, sin más. Ni siquiera se previó el número de vacunados ni nada por el estilo.

En rigor, no hay nada, solo un quitarse de encima un problema y pasarlo a otra gente que en muchos casos no sabe qué hacer con él y va improvisando. Regiones que cierran discotecas a las dos de la mañana y regiones que mantienen el toque de queda a las once de la noche. Jueces que aceptan una cosa y jueces que validan la otra.

En un contexto así, en el que es imposible ofrecer una referencia objetiva de peligro porque no la hay, es lógico que sean las redes sociales y la opinión pública las que dicten lo correcto o incorrecto. Si el gobierno y, en general, el Consejo Interterritorial de Salud, consideraban aceptable que el 9 de mayo de 2021 decayera el estado de alarma independientemente de la situación concreta que nos encontráramos ese día, ¿por qué vacilar ante un grupo de chavales festejando en la Puerta del Sol como celebraban los hinchas del Athletic o de la Real Sociedad su enfrentamiento en la final de Copa?

¿Qué sentido tiene vaciar las calles cuando el marco legal permite que esa gente festeje en sus casas, es decir, en interiores, donde el riesgo de contagio se multiplica? ¿Cómo se apela a una decisión individual cuando las de las autoridades van en sentido contrario a la lógica?

Probablemente, el toque de queda no sirva para nada y tampoco sirvan demasiado las restricciones de movilidad que garantizaba el estado de alarma. En cualquier caso, eso es algo que va mucho más allá de la capacidad de este artículo. Lo desesperante es la fragilidad y el caos. La sensación constante de que estamos en el punto uno, de que cada día cae un meteorito y no sabemos qué hacer con él.

¿Se tomaron demasiadas precauciones en 2020? Es posible. ¿Nos ha pillado de nuevo este cambio normativo un poco en pañales en 2021? También lo parece. En el término medio estará la virtud, pero para eso hay que dejarse de escándalos y culpas. Y no parece que estemos por la labor, desde luego.