La paradoja del aborto en España: cae un 24% desde que la ley facilita interrumpir el embarazo

Lo cierto es que cuanto más laxas son las leyes que permiten abortar, menos interrupciones voluntarias se producen. Ocurre en las democracias más avanzadas y también lo confirman los propios datos españoles. La pasada semana, Sanidad publicó su informe anual sobre el aborto. En este documento se aprecia cómo la cifra de interrupciones ha ido cayendo poco a poco con el paso de los años. Concretamente, un 23,9% en la última década.

En 2011 la cifra de IVE se colocó en 118.611, alcanzando el máximo histórico. Sin embargo, ya en 2012 se registraron 113.419, unos 5.000 abortos menos. Desde entonces, el número ha ido cayendo progresivamente y en 2021, el último año con datos oficiales, cerró con 90.189, unos 28.000 abortos menos que hace 10 años. Así, a excepción del año de la pandemia (2020), el número de mujeres que interrumpieron su embarazo en España en 2021 es el más bajo de la década, una realidad muy lejos del boom del aborto que vaticinaban algunos sectores cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Dicha ley derogaba la de supuestos de 1985 y pasaba a una de plazos, con la que se permitía abortar, en cualquier circunstancia, durante las 14 primeras semanas de gestación; hasta la semana 22, en el caso de que hubiera riesgo para la vida de la mujer o el feto; y sin límite siempre y cuando se diesen anomalías fetales incompatibles con la vida. Para los sectores más conservadores, la laxitud era el antónimo de prevenir los abortos, pero no ha sido así. Las cifras cobran aún un mayor significado si tenemos en cuenta que la población española no ha crecido tanto en la última década. España tenía en 2012 46,7 millones de habitantes, y en 2021, la cifra ascendía a 47,4 millones. 

"La mejor forma de prevenir, ya no sólo las interrupciones de embarazo, sino especialmente los embarazos no deseados, es establecimiento una buena educación afectivo-sexual, una buena información sobre los distintos métodos anticonceptivos, facilitando tanto el acceso a los servicios y unidades de salud sexual y reproductiva como a los distintos métodos anticonceptivos, y financiando los mismos en aquellos lugares donde no estén financiados y no obstaculizando y estigmatizando a las mujeres que se ven abocadas a una interrupción del embarazo", valoraba precisamente la Sociedad Española de Contracepción (SEC) en un comunicado difundido este mismo miércoles.

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Por si no bastase con las declaraciones de sociedades médicas y los datos de Sanidad, un macroinforme publicado en The Lancet, una de las revistas científicas más reputadas, daba cuenta, en 2012, de esta paradoja del aborto. "Las leyes restrictivas no están asociadas con tasas más bajas de abortos", sentencia el texto, que analizó esta realidad, a nivel mundial, desde 1995 hasta 2008.

En sus conclusiones, los investigadores utilizaron el ejemplo de Sudáfrica para ilustrar su realidad. Habiendo legalizado el aborto en 1997, tenía la tasa más baja de todo el continente.

Además, hicieron hueco para el caso español. Por aquel entonces, ya estaba aprobada la ley de Zapatero —lo hizo en el mes de julio—. y señalan que el número de abortos en nuestro país apenas varió al alza en ese momento. Es más, indican que, en el segundo semestre de 2010, se registraron casi 4.000 intervenciones menos que en el primero, cuando la norma no había entrado en vigor, desterrando la idea de que la gente fuese a cambiar el anticonceptivo por el aborto.

Es cierto que, al año siguiente, sí se registró un repunte. Sin embargo, el aumento porcentual no fue superior al de años anteriores, cuando la legalidad del aborto se basaba en tres supuestos, es decir, fue fruto de la propia tendencia que experimentaba el país y no de la ley. Así lo señala otra investigación, esta vez española, titulada Análisis de la legislación europea y española sobre salud sexual y reproductiva.

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Realizada por la socióloga Julia Nogueira, el trabajo nació en medio de la polémica que surgió en 2013, cuando Alberto Ruiz-Gallardón presentó un anteproyecto de la ley 2/2010 que pretendía volver a supuestos para permitir el aborto: cuando la mujer hubiera sido violada o cuando su salud corriese riesgo. Para la experta, lo único que fomentan las leyes más restrictivas es que se ponga en riesgo la salud de las mujeres, ya que optan por métodos clandestinos o inseguros, y la desigualdad, pues quienes sí tengan recursos podrán viajar a países donde la legislación sea más permisiva.

Así, concluye: "Los países con leyes más permisivas y consolidadas en la sociedad, incluyen medidas más eficaces en educación y métodos anticonceptivos, que ayudan a prevenir los embarazos no deseados", incidiendo en la idea de que son estos pilares y no otros los que se deben usar para bajar el número de abortos.

"Cuanto mejor es la legislación en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, hay una mayor educación sexual e intervenciones más eficaces, de manera que, si envolvemos a la gente en estos conocimientos, les permitimos tomar decisiones más conscientes", valora a EL ESPAÑOL Carlota San Julián, sexóloga experta en salud sexual y reproductiva.

En este sentido, hay que reseñar que nuestro país poco a poco ha ido mejorando en materia de salud sexual y reproductiva. "Los nuevos marcos en los que se mueve España están intentando hacer más accesibles distintos métodos anticonceptivos, como los hormonales orales, los parches, etc. Y esto implica que haya menos embarazos no planificados", prosigue San Juan.

Como se aprecia en la última Encuesta Nacional de Anticoncepción, la proporción total de mujeres que no utilizan ningún método anticonceptivo se ha ido reduciendo, alcanzado en 2022 el 22,4%, aclarando que, de éstas, el porcentaje mayoritario aduce que la razón principal es porque no mantiene relaciones sexuales.

Otros indicadores, como el barómetro europeo sobre libre elección de anticonceptivos modernos, también reflejan el progreso que ha ido viviendo España. Así, en su primera edición, en 2013, nuestro país suspendía en implantación de políticas sobre sensibilización y concienciación sobre salud sexual, derechos sexuales y reproductivos, pero en la siguiente —y última—, en 2015, gracias a su adopción de un plan de igualdad de oportunidades, que incluye prestaciones sobre el control de la natalidad, conseguimos mejorar en la clasificación, dando cuenta de que nadie concibe la idea de sustituir los anticonceptivos por el aborto.