El fármaco Ala Octa se utilizó en hospitales españoles durante casi dos años.
"Ya no veo y eso no tiene precio": la infame historia del colirio que ha dejado ciegos a 107 españoles
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide que se abra la vía penal contra las empresas que fabricaron, evaluaron y comercializaron las gotas Ala Octa.
1 febrero, 2024 03:09"Imagínate que sales de una operación y que ya no vuelves a ver la luz del sol". Así describe Meli lo que vivió su padre hace nueve años y medio, cuando entró a quirófano sano y salió sin visión. Lo que iba a ser una mera intervención por un desprendimiento de retina le dejó ciego del ojo izquierdo. El hombre ya tenía un ojo vago. A día de hoy, no ve absolutamente nada. "Mis nietos han crecido y, si te digo la verdad, no les conozco, no conozco su rostro", dice el propio Adolfo Aguilera al otro lado del teléfono.
Este andaluz es una de las más de 100 víctimas de Ala Octa, el fármaco tras uno de los mayores escándalos de la sanidad española. Tras años de lucha particular, este miércoles 31 de enero la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una querella contra las empresas que fabricaron, evaluaron y comercializaron este producto sanitario: las alemanas Alamedics y BSI Group Deutschland y W.M. Bloss S.A, con sede en Barcelona. La investigación se llevará a cabo por la vía penal.
Ala Octa era el nombre comercial de un tipo de líquido de perfluoroctano, empleado para fijar la retina durante las cirugías de desprendimiento. Los oftalmólogos llevan usando este fármaco durante más de 20 años. Por eso, nada hacía sospechar que hubiera sido él el que había dejado ciegos a los primeros 13 casos que se notificaron de este tipo.
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La alerta saltó a principios de junio 2015 en el servicio de salud vasco, Osakidetza. Varios pacientes operados de desprendimiento de retina en el Hospital Universitario Donostia, el de Cruces (Bilbao) y otro privado se habían quedado ciegos de un ojo. En todos el nexo era el mismo: en sus intervenciones se había usado perfluoroctano de la misma marca, Ala Octa.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) distribuyó el 26 de ese mismo mes una alerta para que cesara su utilización y comercialización. Para muchos ya era demasiado tarde. A día de hoy, se sabe que 107 personas sufrieron ceguera total o parcial (se sospechó de 125).
Los afectados están por todo el país: Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia.
Años de reclamaciones
"Nuestro bufete y también algún compañero lleva tiempo tramitando reclamaciones civiles y contencioso-administrativas por estos hechos. Muchos han sido indemnizados, pero quedaba esta cuestión penal", explica a EL ESPAÑOL Carlos Gómez Mancheca, abogado y representante de la mayoría de afectados por el Ala Octa defectuoso.
El profesional recibe la noticia de la querella con júbilo. La Fiscalía ha entendido que lo que sucedió fue tan grave que puede ser constitutivo de un delito de carácter penal. "Es algo muy serio. Es un delito contra la salud pública. Lo que sucedió fue algo inaceptable", clama Gómez Mancheca. El letrado avisa además de que en este proceso se personarán como afectados.
"El producto ocasionó a los pacientes a quienes se les suministró alguno o varios de los siguientes efectos adversos a la salud: amaurosis (situación de nopercepción de luz en el ojo operado), atrofia del nervio óptico (atrofia óptica), necrosis retiniana y fenómenos de oclusión vascular retiniana con posible envainamiento de la pared de los vasos sanguíneos de la retina, tanto arteriales como venosos", describe la querella de la Fiscalía.
"La investigación sobré el producto apreció la existencia de deficiencias en la fabricación y control: citotoxicidad, presencia de compuestos alcohólicos y ácidos, así como relevantes carencias en los controles de seguridad de la materia prima y de los lotes fabricados", continúa.
Sentimiento ambiguo
"Mis defendidos están contentos por un lado, pero por otro no pueden evitar el sentimiento de tristeza, el de saber que no se hicieron las cosas bien y que esto se podía haber evitado", lamenta el abogado.
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A estas personas no sólo les fallaron los controles de las empresas, también el Ministerio de Sanidad. Lo dice una sentencia histórica a una de las afectadas, Concepción Villanueva. El pasado noviembre, el Juzgado Central Contencioso-Administrativo Número 1 de Madrid condenaba a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) —dependiente del Ministerio— a indemnizarla con 25.000 euros. La jueza encargada del caso entendió que el organismo incumplió "su deber de inspección".
Gómez Mancheca explica a este diario que los procesos contra la Aemps continúan. Son nueve en total. Adolfo Aguilera, en su caso, consiguió que en abril del 2022 el Supremo fallara a su favor y declarara firme la condena a Allianz (la aseguradora de Alamedics) de pagarle 307.808 euros. Mili confiesa que a día de hoy siguen sin recibir ni un euro. Saben que el dinero no les dará paz, pero sí el sentimiento de que se ha hecho justicia, algo que, de momento, no aprecian por ningún lado.
"Yo ya no veo y esto no tiene precio", lamenta Aguilera. Desde hace nueve años y medio no sabe lo que es caminar solo. No se vale por sí mismo. Dice que tiene mucho miedo de salir a la calle. Sufre también de vértigos. Con sus ahorrillos se imaginaba una jubilación placentera, junto a su familia. Junto a esos nietos que no puede ver. Así termina: "Yo podía estar viviendo mi vida de forma normal".
