Cabify, última en sentarse frente al juez tras la denuncia del sector del taxi

El guión se repite por tercera vez. Primero fue Uber. Después, BlaBlaCar. Ahora es Cabify quien se tendrá que sentar en el banquillo para defender su modelo de transporte en vehículo privado. El detonante hay que encontrarlo en una denuncia presentada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid por competencia desleal. El próximo 4 de noviembre se celebrará una vista oral tras la que el juez de lo Mercantil número 12 de Madrid deberá decidir si hay una suspensión cautelar de la actividad de la firma española.

 “Hay pruebas contundentes que demuestran la competencia desleal que ejerce la compañía”. Son las palabras de Julio Sanz, presidente de la federación que ha presentado la demanda. En ella señalan las “irregularidades” que, según ellos, comete la tecnológica en su servicio de transporte.

Uno de esos incumplimientos tiene que ver, de acuerdo con la versión de Sanz, con el radio de acción de cada conductor con licencia VTC (arrendamiento de vehículo con conductor), que debe circunscribirse a su sede fiscal. El otro está relacionado con la suscripción del contrato con el cliente final, que ha de ser previo sin que esté permitida la circulación por la calle en busca de servicios.

Pese a la petición de este periódico, la federación se ha negado a entregar el documento de denuncia en el que se ofrecen cifras sobre la incidencia de estas irregularidades tras el seguimiento hecho a conductores de la compañía.

Posición de Cabify

Cabify, fundada en 2011, es una compañía que pone en contacto a través de su aplicación a conductores profesionales, con licencias de transporte privado (VTC), con potenciales clientes que desean cubrir un trayecto dentro de la ciudad. Esos usuarios pueden ser particulares y empresas. Del montante de cada viaje cobra un 20% de comisión.

Tras la denuncia, la compañía se defiende. A través de un comunicado de prensa advierte de que cumple la ley: “A diferencia de otras plataformas de ‘economía colaborativa’, Cabify cuenta con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas para la prestación del servicio”. Entretanto no haya pronunciamiento, la firma aclara que su servicio seguirá funcionando “de manera habitual y sin interrupciones”.

En una entrevista con este periódico, con excusa de la última inyección de capital que recibió de 10,5 millones de euros, el responsable de la firma en España, Juan Ignacio García Braschi, defendió que la actividad de los conductores es legal. Según él, éstos cuentan con una licencia y un seguro en vigor, están el corriente de los pagos de la Seguridad Social y Hacienda y actúan mediante contrato previo y no circulando en busca de potenciales clientes.

García Braschi reconocía que existía una parte del colectivo del taxi que sí había recibido a la compañía con hostilidad. “Hay un grupo de radicales que todo lo que es competencia lo tienen en el punto de mira, pero no tenemos nada de lo que preocuparnos”, explicaba. Se refería a Élite Taxi Madrid, colectivo que ha declinado responder.

Esta denuncia llega justo en un momento de despegue económico para la compañía. Según explica una fuente de la empresa, la tecnológica española ha superado los 40 millones de euros de facturación bruta (de esa cifra sólo se queda con el 20%) durante el primer semestre del año. Si se mantiene el crecimiento como hasta ahora, 2015 se cerrará multiplicando por cuatro las cifras del pasado año. Un tercio de todo ese negocio se concentra en España, donde desde hace nueve meses no tiene a Uber como rival tras su suspensión temporal.

Antecedentes

El 'caso Cabify' estalla después de que otras dos empresas, surgidas en Estados Unidos y Francia, hayan pasado por un proceso similar. La primera fue Uber que en diciembre de 2014 fue suspendida cautelarmente. Varios colectivos del taxi denunciaron su servicio UberPop (particulares que cubren trayectos a demanda de clientes con su propio vehículo) por competencia desleal.

Hoy, la norteamericana tiene abiertos dos frentes judiciales: uno en Madrid y otro en Barcelona. En ambos, los jueces han decidido pedir al Tribunal de la Unión Europea que confirme si su actividad es la de una empresa de transporte más o, como defiende la startup, es un servicio de la Sociedad de la Información (intermediación entre oferta y demanda a través de internet).

La otra compañía que ha tenido que vérselas con el juez es BlaBlaCar, tras la denuncia de la Confederación de Asociaciones de Empresas de Autobús (Confebús). Fue el pasado 1 de octubre en la vista oral en la que el magistrado Sánchez Magro -quien dictó la suspensión de Uber- escuchó las posiciones de ambas partes. En los próximos días habrá una resolución definitiva sobre la suspensión cautelar reclamada por Confebús.