Google planta cara a Francia por el 'derecho al olvido digital'

Si en marzo la Comisión Nacional francesa de Informática y Libertades (CNIL) multaba a Google con 100.000 euros por no haber ampliado fuera de Europa la protección del llamado derecho al olvido respecto a los buscadores, la empresa anuncia que va a recurrir porque entiende que la interpretación de la ley francesa "no se puede aplicar en todo el mundo".

El pasado 24 de marzo, la CNIL reafirmaba su postura de que la única forma de hacer cumplir a Google la obligación de retirar de sus búsquedas los datos obsoletos, irrelevantes o inadecuados de particulares que se sintieran agraviados es hacerlo en todos sus sitios web.

Es decir, la CNIL ordenó que su interpretación de la ley francesa en materia de protección del derecho al olvido debía aplicarse no solo en Francia, sino en todos los países del mundo. El organismo ya le había notificado oficialmente una año antes que las páginas debían ser retiradas a escala mundial, y no sólo del buscador francés, para cumplir con la ley.

Google se prepara para contraatacar, en primer lugar mediante un recurso de apelación presentado hoy ante el Tribunal Supremo Administrativo de Francia -el Conseil d’Etat-, contra la orden dictada por la CNIL.

Según un comunicado firmado por Kent Walker, vicepresidente de Google y consejero general de la compañía, "la última orden de la CNIL, nos exige que apliquemos su interpretación de la ley francesa en todas las versiones de Google Search a nivel mundial".

"Esto significaría que tendríamos que eliminar enlaces a contenido ―que puede ser perfectamente legal en algunos países― en dominios de un gran número de países: desde Australia hasta Zambia, e incluso de incluso de google.com", añade.

La compañía recuerda que ha cumplido escrupulosamente con lo que establece la "sentencia histórica" que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2014, que establecía una interpretación del llamado derecho al olvido respecto de la actividad de los buscadores de internet: permite a los europeos eliminar algunos de los enlaces que ofrecen los motores de búsqueda al realizar una búsqueda por el nombre de una persona, incluso cuando dichos enlaces hacen referencia a información veraz y legítima, como pueden ser artículos de periódico o páginas web gubernamentales oficiales

Google explica que ha tomado la decisión de apelar al Conseil d’Etat francés la decisión de la CNIO porque, a su juicio, "esta orden puede llevar a una carrera hacia el abismo a nivel mundial, lo cual perjudicaría el acceso a una información que es perfectamente legítima en el país de cada uno". "Por ejemplo", añade Walker, "esto podría impedir a ciudadanos franceses ver contenido que es perfectamente legal en Francia; y esto no constituye un problema hipotético".