El premiado Mejor Sumiller de España 2014, Guillermo Cruz, ha sido condenado por la Fiscalía a dos años de cárcel por apropiación indebida de botellas de vino de alta gama del restaurante Mugaritz de Errenteria, en Gipuzkoa. Cruz trabajó allí durante siete años, de 2012 a 2019, siendo el responsable de sala y sumillería. 

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La sentencia de la Audiencia de Gipuzkoa también ha decretado que el exsumiller habrá de pagar una indemnización al establecimiento del chef Andoni Luis Aduriz de 22.487 euros, incrementados con los intereses correspondientes. Además, le impone el abono de las costas del procedimiento, incluidas las de la acusación particular que ejerce la empresa propietaria de Mugaritz, local que cuenta con dos estrellas Michelin.



Durante el juicio por estos hechos, celebrado el pasado enero, Mugaritz reclamó para Cruz cuatro años y medio de prisión, así como un total de 61.370 euros por diferentes ventas de botellas a dos empresas y por otras que el sumiller se habría quedado para sí mismo. La Fiscalía demandó dos años y tres meses de prisión y una compensación de 31.854 euros.

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En cambio, la resolución señala que el sumiller "no ha acreditado documentalmente, ni de ninguna otra manera, que las botellas de vino que vendió fueran de su propiedad", ya que se limitó a exponer que "las adquiría al propio restaurante, las abonaba en efectivo, o bien las compraba a terceras personas, o bien se las regalaban debido a su profesión de sumiller". 



El tribunal rechaza igualmente el argumento del acusado de que la venta de las botellas fuera "plenamente conocida, aceptada y consentida" por la propiedad, una afirmación que resulta inverosímil debido "al elevado importe" de casi todos estos artículos. No obstante, la sentencia recuerda también que el inculpado sí poseía un "nicho propio de bodegas en el restaurante" con lo que la hipótesis de que algunas botellas que vendió, y de las que Mugaritz no ha aportado factura, fueran suyas tampoco resulta "absurda, ilógica o absolutamente rechazable". De todas formas, esta sentencia condenatoria no es firme, por lo que cabe recurso de apelación en su contra ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.