El fiscal pide tres años de cárcel a la funcionaria que fisgó las denuncias de malos tratos de Rocío Carrasco

La Fiscalía de Valencia ha pedido una pena de tres años y medio de cárcel para la funcionaria que husmeó en el expediente de Rocío Carrasco (44 años) tras la emisión en televisión de la serie documental en la que relató supuestos episodios de malos tratos.

La acusada es psicóloga y funcionaria de carrera en la administración de la Generalitat Valenciana. Hasta el momento de los hechos, había desarrollando toda su actividad laboral en la oficina de atención a las víctimas del delito de una localidad de la provincia de Valencia.

Según consta en la calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los hechos ocurrieron el día 23 de marzo de 2021, en torno a las 10:58 horas horas. "Sin justificación alguna accedió con su número de usuario y contraseña, de los que disponía para su trabajo, al sistema VIOGÉN (fichero informático del sistema integral de tratamiento de los casos de violencia de género) y consultó, de forma totalmente ajena a sus funciones" el expediente sobre Carrasco y su exmarido, Antonio David Flores (46).

Rocío Carrasco en el concierto homenaje a su madre. Gtres

En concreto, según ha concluido la investigación judicial, la funcionaria accedió a "información y datos personales y reservados de Rocío Carrasco Mohedano y Antonio David Flores que no eran conocidos públicamente".

Entre los datos que consultó figuran los teléfonos personales de ambos, direcciones particulares o la unidad policial que asumió las denuncias de la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco. Además, revisó las "valoraciones del riesgo realizadas y nivel del riesgo actual", así como la "fecha de la denuncia y medidas judiciales adoptadas".

Así, la Fiscalía considera que los hechos narrados son constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y propone una pena de tres años y medio de prisión, así como 18 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación absoluta durante 6 años.

En 2021, la Conselleria de Justicia de la Comunitat Valenciana abrió un expediente de información reservada tras constatar que varios funcionarios estaban curioseando los informes de Rocío Carrasco.

Antonio David Flores y su hija, Rocío. Gtres

El acceso a este tipo de información en el sistema VIOGÉN está limitado a un determinado grupo de funcionarios, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o personal de la Administración de Justicia. Su consulta siempre deja constancia sobre el autor o autores que han accedido a ella.

Hay más funcionarios acusados por estos hechos y existen causas similares abiertas en otros juzgados de Alzira, Ontinyent, Moncada y Catarroja. Todos trabajan en el ámbito de la violencia de género en la Administración valenciana y han sido aparatados de sus funciones hasta que finalicen los procesos judiciales.

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