Shakira (47 años) ha negado que defraudara 6,6 millones de euros a Hacienda, en una declaración por videoconferencia desde Miami -ante el juez de Esplugues de Llobregat, Barcelona, que investiga su segunda causa abierta por delito fiscal.
Aunque ya había entregado la cantidad supuestamente defraudada, la colombiana estaba a la espera de el magistrado la citara a declarar como investigada por esta segunda causa abierta.
Este pasado jueves, 8 de febrero, según ha avanzado El País y han confirmado a Efe fuentes jurídicas, la artista desmintió a tesis de la Fiscalía de Barcelona de que usó un entramado societario para eludir el pago de impuestos en las declaraciones del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2018, por lo que le reclama 6,6 millones de euros, que Shakira ya depósito hace meses.
Shakira, en los Juzgados de Barcelona, el pasado noviembre.
La cantante aceptó el pasado mes de noviembre el pago de una multa de 7,8 millones de euros, tras un pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria que le evitó el ingreso en prisión, en la primera causa que le abrió la justicia por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014.
Cuando todavía no se había celebrado el juicio por esta primera causa, la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presentó una segunda querella contra ella por un nuevo supuesto fraude a la Hacienda Pública, en este caso de 6,6 millones, en las declaraciones del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2018.
Según apunta El País, tras la declaración de Shakira, su abogado, Pau Molins, ha solicitado el archivo de la investigación. La cantante mantiene que la nueva causa abierta forma parte de las "presiones" a las que la sometió Hacienda para forzar un acuerdo en el juicio de noviembre pasado.
El pasado mes de agosto, la artista entregó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) la suma supuestamente defraudada.
Shakira, en los Premios MTV VMA 2023.
La cantidad consignada por la cantante le permitiría beneficiarse de una atenuante de reparación del daño en el caso de que acabe condenada de nuevo por fraude fiscal, al haber devuelto el dinero supuestamente evadido.
Esa atenuante de reparación del daño fue lo que propició el pacto que la artista alcanzó el pasado mes de noviembre con la Fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por la Agencia Tributaria y la Generalitat para evitar la cárcel, a cambio de una multa millonaria, en su primer juicio por fraude fiscal.
En concreto, la Fiscalía sostiene que la cantante defraudó a la Agencia Tributaria 5,3 millones del IRPF, correspondientes a los ingresos que percibió por su gira de 2018 El Dorado y por la cesión de sus derechos intelectuales, y otros 773.600 euros en el impuesto de patrimonio por los 12 millones que posee en inmuebles y activos financieros.
Para defraudar al fisco, según la Fiscalía, la querellada se sirvió de un entramado societario y presentó "declaraciones inveraces" del IRPF, en las que omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían, con lo que logró reducir la cuota a pagar a Hacienda.
Shakira junto a sus hijos el día que dejó Barcelona para mudarse a Miami. Abril de 2023.
Según la denuncia, Shakira cobró parte de los ingresos que percibía por la cesión de sus derechos musicales a través de una sociedad constituida en Luxemburgo con la que firmó varios "contratos simulados", de forma que se benefició de una tributación "muy reducida" que en el ejercicio de 2018 se situó en el 1,39%.
Esa firma de Luxemburgo, en opinión de la Fiscalía, "era meramente una sociedad interpuesta a los únicos efectos fiscales" que no llegó a desempeñar actividad alguna, más allá de una "intervención meramente formal y administrativa".
También refiere la querella de Fiscalía que Shakira utilizó otra sociedad instrumental, constituida en España en 2017, para "contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes" a su gira El Dorado -que incluyó 53 conciertos en 22 países-, pese a que la firma carecía igualmente de actividad real.
La denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos menciona otras 17 sociedades "instrumentales" con sede en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York o Liechtenstein que la investigada utilizó supuestamente para gestionar los ingresos procedentes de su carrera musical así como el mantenimiento de su patrimonio inmobiliario y financiero.
Además, el ministerio público considera que Shakira se dedujo siete millones de más en los gastos de sus sociedades, en algunos casos porque fueron contabilizados por duplicado y en otros porque se trataba de pagos de carácter "eminentemente personal".