Fue su exsuegro y padre de su gran amor, Lourdes Arroyo, el que regaló esta magnífica masía a los recién casados. Después, en 1982 fue el propio Mario Conde (68 años) el que la compró y donde su exmujer decidió morir. Por todo ello, cuando en verano del año pasado se quiso subastar el lugar, Conde no dudó en luchar con todas sus fuerzas contra ello.
La Dirección General de los Registros y Notariado fue la que puso en marcha la venta pública de esta propiedad mallorquina. Nada más conocer la noticia, el exbanquero, por medio de la sociedad ficticia controlada por la familia Conde, Luxemburgo Beitiligung S.L, interpuso una demanda para impedir la subasta. Pero una juez de primera instancia de Palma rechazó dicha posibilidad.
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El condenado por el caso Banesto volvió a intentar evitar la venta pública y consiguió aplazarla en julio, un mes después de salir de la cárcel. Sin embargo, días después volvía a ponerse en marcha la subasta. Concretamente, estuvo activa 20 días en los que se produjo una única puja por valor de 4.200.000 euros. Ya ha sido adjudicada, según ha publicado Vanitatis y han confirmado a EL ESPAÑOL desde Pollentia Properties North Mallorca Real Estate, la agencia inmobiliaria que la tenía disponible.
El valor sentimental que tiene para Mario Conde el lugar supera al económico, y es que el gallego se enamoró de Mallorca gracias a su primera mujer y fue allí donde vivió los momentos familiares que más marcaron su vida. Además, los rincones de la masía hacen que los recuerdos de ese lugar tengan aún mayor magia, pues Can Poleta lo componen cuatro fincas de estilo rústico con vistas a la sierra de Tramontana y rodeada de olivos milenarios.
Lourdes Arroyo junto a Mario Conde.
Pero la realidad es que, pese a que el lugar le llene de recuerdos positivos, Can Poleta también ha supuesto uno de los mayores quebraderos de cabeza del exbanquero. Y es que, según la Audiencia Nacional, Conde cometió un delito de alzamiento de bienes para evitar el pago de las deudas de la finca. En 2002 la vendió a GI Beteiligung S.L, empresa en la que después se demostró que figuraba el clan del empresario. Además, unos sospechosos pagos que hizo en la sucursal de Pollença, localidad donde se encuentra la masía, fueron las pruebas que le llevaron a prisión acusado de blanqueo de capitales, delitos contra la Administración Pública, insolvencia punible y organización criminal.