Lourdes Cavero Mestre, la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (56 años), no ha escapado de los hilos de la Guardia Civil en la investigación por el presunto desvío de fondos del Canal de Isabel II durante los años que su marido presidió esta empresa pública.
La Guardia Civil ha registrado este miércoles la sede de Subastas Segre que preside Lourdes Cavero. Se trata de una sociedad de subastas de obra de arte y artículos de lujo en la que la mujer de Ignacio González tiene como socia a Carmen Cafranga, la exconsejera de Caja Madrid envuelta en el escándalo de las 'tarjetas black'.
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Desde la sombra, la esposa de González siempre se rodeó del círculo político más cercano a su marido (Ana Botella, Carmen Cafranga, Arturo Fernández) y consiguió convertirse en una mujer poderosa e influyente a pesar de provenir de una familia de clase media sin muchos contactos. Actualmente, además de presidir Subastas Segre, también es consultora en LC&AG Global, presidenta del Comité de América Latina y Caribe de la CEOE, y hasta hace poco miembro de la Junta Directiva del CEIM y vicepresidenta de la Comisión de la Unión Europea en la CEOE.
Licenciada en Empresariales, trabajó durante 30 años en la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), de la que se fue con una indemnización de 700.000 euros. Precisamente fue Arturo Fernández, expresidente del CEIM al que la Agencia Tributaria reclama 20 millones de euros de deuda, quien la fichó y gracias al que se ha mantenido en la institución empresarial hasta ahora.
A finales de enero de este año, la esposa de González creó junto con otros socios Grupo Empresarial Chickies SL, una empresa dedicada al cuidado diario de niños.
VIDA DE LUJO EN MARBELLA
Mientras en Madrid ha mantenido un perfil discreto y más relacionado con el mundo empresarial, Lourdes Cavero no ha escondido su gusto por el lujo en Marbella, donde se codea con el círculo más opulento de la zona de Guadalmina. En verano es clienta asidua del Asador Guadalmina, cerca de Alhambra Golf.
Precisamente fue imputada por la juez María Peregrina en 2013 por blanqueo de capitales y cohecho en el caso del ático de Marbella que estuvo en manos de la sociedad Coast Investors en Delaware desde 2008 a 2012 y que la pareja acabó escriturando a su nombre.