Los problemas siguen y se suman para Arantxa Sánchez Vicario (46 años) y Josep Santacana. Aunque en lo sentimental han tomado caminos por separados, la justicia ha querido unirlos a raíz del proceso judicial que el Banco de Luxemburgo ha abierto contra el todavía matrimonio con una petición de prisión preventiva o una fianza de diez millones. 

El problema tiene su origen en la deuda de 7,5 millones de euros que la todavía pareja mantiene con la entidad bancaria. Según publica La Vanguardia, se trata de la segunda ampliación de una querella criminal que se presentó en la primavera de 2015 por alzamiento de bienes y fraude de acreedores en el juzgado nº4 de Barcelona. 

Sin embargo, y a pesar de la sentencia favorable que consiguió el banco por la vía civil, la entidad todavía no ha cobrado ni un céntimo. Por esta razón, y considerando que la pareja ha cometido nuevos delitos, a finales de enero volvió a dirigirse a la vía penal pidiendo para ambos pena privativa de libertad. 

Los abogados acaban de recibir la noticia en forma de auto judicial, un documento en el que se les informa de que disponen de cinco días para presentar alegaciones. Unos hechos que no hacen más que complicar el futuro de la que fue campeona de Roland Garros, quien no para de sumar problemas: pleito judicial con el banco, el divorcio con Josep Santacana, lucha por la custodia de los hijos en común.

No fue su primer problema legal

La historia judicial del matrimonio se remonta hasta 2009, cuando el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la audiencia Nacional que obligaba a la tenista a pagar una multa total de 5,2 millones de euros (resultado de 3,5 millones más intereses). 

Para llevar a cabo el pago, Hacienda pudo cobrar merced a un aval del Banco de Sabadell, una estrategia con la cual la entidad catalana recuperó su dinero gracias a un contraaval suscrito con el banco luxemburgués en el que Arantxa mantuvo parte de su fortuna durante muchos años, época en la que sus intereses los gestionaba el International Management Group (IMG). 

A raíz de estos hechos, en abril de 2010 el banco de Luxemburgó cumplió con la garantía bancaria y al mes siguiente procedió a reclamar a la tenista. No obstante, y tras intentarlo varias veces (incluso con un burofax y representantes de la entidad), la tenista aseguró que ni conocía su patrimonio ni podía disponer de él, por lo que les solicitaba más tiempo para poder recabar la información necesaria y ofrecer así una respuesta al banco. 

Sin embargo, y como señala el medio catalán, ya en noviembre de 2009 la catalana, tras casarse con Santacana, anunciaba orgullosa que había revocado ante notario los poderes que ostentaba su padre y administrador. A pesar de estas informaciones, la pareja en 2017 todavía mantenía que era el fallecido Emilio Sánchez el que había manejado el patrimonio de su hija. 

Durante estos dos años de pleitos judiciales (comenzó en 2015), los asesores de la entidad bancaria han encontrado una serie de movimientos que serían constitutivos de delitos de alzamiento de bienes y fraude de acreedores, razón por la cual el banco ha pedido la prisión preventiva. El banco aduce que en libertad han demostrado capacidad para seguir alejando su patrimonio mediante entramados societarios y estructuras fiduciarias, agravando así el delito por el que fueron querellados hace casi dos años.