El Tribunal Supremo ha mantenido la pena de seis meses de prisión para el abogado Javier Saavedra (70 años) por estafar a un cliente suyo, el empresario Francisco Javier Rigau (58), exmarido de la actriz italiana Gina Lollobrigida (91), aunque aumenta de uno a dos años y medio su inhabilitación para el ejercicio de la abogacía.
En una sentencia el Alto Tribunal considera probado que el letrado estafó a su cliente y desatendió su labor profesional en algunos procedimientos judiciales que emprendió en defensa del honor del empresario.
El Supremo estima de forma parcial los recursos presentados por Rigau y por Saavedra contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que impuso al abogado una condena de seis meses de prisión y un año de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía por un delito de estafa y otro de deslealtad profesional, además del pago de una multa de 2.160 euros.
El Tribunal eleva a dos años y medio la condena de inhabilitación impuesta al abogado para el ejercicio de su profesión y a 3.240 euros la multa al apreciar la continuidad delictiva en la deslealtad profesional, alegada por Rigau en su recurso.
Por otra parte, estima el recurso de Saavedra únicamente en el punto relativo a la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en los dos delitos aunque ello no supone una modificación en la pena de seis meses de prisión, ya que es la mínima legal exigible.
Los hechos probados recogen que "Francisco Javier Rigau decidió contratar al abogado para la defensa de su honor tras la campaña que iniciaron ciertos medios de comunicación contra él llamándole mentiroso, gigoló y delincuente después de que se anunciara en una entrevista su relación sentimental y el compromiso matrimonial con Gina Lollobrigida el 25 de octubre de 2006".
El Tribunal añade que durante 2007 y 2008 Saavedra interpuso sucesivas demandas contra diversos medios de comunicación por vulneración del derecho al honor de Rigau reclamando cantidades económicas a los demandados que difamaban a su cliente entre 200.000 y 300.000 euros en cada demanda, "desatendiendo su labor profesional en algunos procedimientos".
Explica que hubo continuidad delictiva ya que el acusado interpuso diez demandas civiles contra diversos medios de comunicación que se repartieron ante distintos juzgados, que se tramitaron independientemente en sendos procedimientos y que "se frustraron por abandono o mala actuación".
Al respecto concreta que en unos casos desistió de las pretensiones y en otras renunció a la acción y recibió sentencias desfavorables por su "inaceptable actuación", pero "en todos los casos con perjuicios de contenido económico" para Rigau, como fue la condena de pagar las costas de estos procedimientos.
En relación con las dilaciones indebidas la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena indica que a pesar de la abundancia de documentación y de testigos que ha requerido la causa, ello no justifica su duración superior a siete años de los que en más de tres estuvo inactiva.
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