Cuatro años de prisión, cuatro millones de euros de multa y la imposibilidad de obtener cualquier tipo de subvención o ayuda pública durante 6 años. Ésta es la pena que acaba de solicitar la Fiscalía de Madrid contra el empresario Kike Sarasola (56 años) Marulanda, al que acusa de un presunto delito fiscal relacionado con el impuesto de sucesiones.
La acusación también se dirige contra la madre de Kike Sarasola, Cecilia Marulanda, y contra su hermano Fernando Sarasola Maralunda, que se enfrentan, igualmente, a una solicitud de cuatro años de cárcel cada uno. Además, el fiscal reclama a la viuda de Enrique Sarasola Lerchundi en concepto de responsabilidad civil 2,3 millones de euros y a cada uno de los hijos 916.452 euros.
Los hechos objeto de acusación -que serán examinados en un juicio para el que todavía no hay fecha- se remontan al 2 de noviembre de 2012, fecha en la que fallece Enrique Sarasola Lerchundi. El padre de Kike Sarasola, éste y su hermano Fernando, así como la empresa Azulintas BV eran propietarios de la sociedad Hipódromos y Caballos SA, domiciliada en Madrid y cuyo patrimonio neto declarado en el 2001 ascendía a un total de 26,3 millones de euros.
Azulintas, que poseía el 40,04% de la empresa caballar de los Sarasola, está domiciliada en Holanda y participada al 100% por Scoupe International NV, domiciliada en Curacao (Antillas Holandesas). Esta última mercantil, a su vez, pertenecía en última instancia a Enrique Sarasoola Lerchundi y Cecilia Marulanda Ramírez, casados en régimen de gananciales.
Estructura "opaca"
El empresario Kike Sarasola.
A través de esta estructura “opaca” compuesta por dos sociedades holandesas y una de ellas residenciada en un territorio considerado fiscalmente poco transparente, la familia Sarasola detentaba el cien por cien de las acciones de Hipódromos y Caballos.
A su muerte, Enrique Sarasola Lerchundi dispuso que el certificado de las acciones al portador de Scoupe International NV se quedara bajo la custodia de Lyonmar, una fundación panameña constituida por la abuela de Kike y Fernando. Esto se hizo por Sarasola Lerchundi, según el fiscal “con el fin de ocultar parte de su patrimonio y de articular el traspaso de sus activos a sus herederos a su muerte”.
De este modo Sarasola Lerchundi dispuso que a su fallecimiento, Lyonmar pasara a estar controlada por su viuda y sus hijos, quienes podían así disponer libremente de todos los bienes y activos de la fundación, entre los que se encuentran las acciones de Hipódromos y Caballos SA.
El fiscal subraya en su escrito de acusación que ni Kike ni Fernando Sarasola declararon "la adquisición de esas acciones a título de herencia en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, habiendo ambos renunciado formalmente a la herencia de su padre en territorio español”.
La madre, por su parte, no declaró en su IRPF de 2002 la mitad que le correspondía de ese 40,04 por ciento de participación en Hipódromos y Caballos a través de la estructura Azulintas- Scoupe.
En resumen, las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública ascenderían a 916.452,10 euros en el Impuesto de Sucesiones por cada uno de los hijos del fallecido y de 2.379.758,53 euros en el IRPF de Cecilia Marulanda Ramírez.