La muerte de Cristina Ortiz Rodríguez 'La Veneno' sigue dando que hablar cuatro años después. Aunque la autopsia determinó que la causa de su fallecimiento el 9 de noviembre de 2016 fue un golpe en la cabeza por una caída, su familia nunca creyó en esa hipótesis. En este sentido, presentaron el pasado 28 de octubre en el juzgado de instrucción número 53 de Madrid y junto a sus representantes legales, una serie de informes periciales, el total de una parte de la investigación, para intentar reabrir con sus pruebas el caso de la muerte de la artista. Sin embargo, ha sido imposible. 

Este jueves se ha podido conocer que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid se opone a reabrir la causa por el fallecimiento de 'La Veneno'. El órgano legal "ha impugnado el recurso de reforma interpuesto por la representación legal de un familiar de Cristina Ortiz Rodríguez contra el auto que denegaba la reapertura de las actuaciones para investigar las causas de su muerte". Así lo explica una nota informativa que se ha remitido a JALEOS de EL ESPAÑOL.

Según aseguran, se ha rechazado la continuidad del caso es por dos razones. La primera, porque "en el último informe aportado por un perito de parte no se desprendía ningún indicio nuevo acerca de la presunta muerte violenta de la actriz que no hubiera sido valorado antes". La segunda, porque la Fiscalía alega que "tanto el informe de la autopsia como la investigación policial 'ya descartaron la existencia de un presunto delito de homicidio'". En el documento, citado en la nota informativa a la que ha tenido acceso este periódico, se especifica que el fallecimiento de la 'La Veneno' "aconteció por un fracaso visceral multiórganico con septicemia y hemorragia menigo-encefálica". Por otro lado, su cuerpo no desvelaba "ninguna lesión de lucha o defensa que pudieran hacer pensar en una etiología violenta. Una versión contraria a la que maneja el entorno de la artista.

La petición presentada por los familiares de Cristina Ortiz Rodríguez y sus representantes legales "se basa en el análisis de unas fotos 'tomadas sin consentimiento en el hospital' y donde se señala que el cadáver tenía unas lesiones 'que no son expuestas por el médico forense en su informe de autopsia' y que acreditarían la existencia de una muerte violenta que debería investigarse", explica la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. El entorno de la actriz, además, sostiene que existían sospechas acerca del autor dichas heridas. Apuntaban que el responsable podría haber sido la pareja sentimental de la artista. 

No es la primera vez que un ente legal hace referencia a las supuestas pruebas que aporta la familia de 'La Veneno'. En su día, tal y como recoge la nota informativa que ha llegado a este medio, la Audiencia Provisional de Madrid "se pronunció sobre estas imágenes que no aparecen unidas al procedimiento y dijo que 'aparte de ser fotos obtenidas de forma irregular y sin la autorización de los responsables del hospital', la hipótesis de la muerte violenta se basaba 'esencialmente' en una reinterpretación de datos ya existentes sobre un suceso acaecido hace más de cuatro años".

En referencia a estas imágenes ilegales, además, hay testigos que han denunciado su irregularidad. Una auxiliar de enfermería había asegurado en su momento que "los familiares de Cristina Ortiz estuvieron sacando varias fotos a los aparatos médicos y a la paciente teniendo que llamar a Seguridad y Policía Nacional para ser expulsadas contraviniendo las normas del Hospital donde está prohibido sacar fotos y grabar videos".

La Fiscalía, además, rechaza la teoría del perito de parte que ha hablado sobre una escasa investigación del crimen "porque existían diversas contradicciones en el testimonio de la pareja de la actriz". Incluso, "aduce que en el informe aparecen 'meras conjeturas' que carecen de 'soporte probatorio' y que, por lo tanto no pueden conllevar ni a la reapertura del procedimiento ni a la catalogación como muerte violenta del fallecimiento de Cristina Ortiz Rodríguez.

Por último, la Fiscalía destaca un hecho que le ha llamado "poderosamente" la atención: "el oficio policial recibido, 'sin petición alguna del Juzgado', en el que una funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía, 'a título personal y cuatro años después de producirse lo hechos', quería poner en conocimiento del juzgado diversos extremos, 'oficio en que se basa el recurrente para señalar que debe reabrirse las presentes actuaciones'".

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