Diego Arrabal y Gustavo González, condenados a prisión por el caso de las fotos de Mariló Montero desnuda

Diego Arrabal (53 años) y Gustavo González (58) han sido condenados este jueves, 29 de febrero, a diez meses de prisión como autores responsables de un delito de revelación de secretos por el caso de las fotografías de Mariló Montero (58) desnuda en un hotel de Bora Bora. Así lo ha podido confirmar EL ESPAÑOL, que ha tenido acceso a la sentencia.

Los fotógrafos también deberán pagar una multa de seis euros diarios durante ocho meses. Ante este fallo judicial, que no es firme, cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Para ello, ambas partes tienen un plazo máximo de 10 días a partir del mismo. La presentadora pedía seis años de cárcel y una indemnización de 265.000 euros por las polémicas instantáneas.

Además, la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona señala la inhabilitación especial de Arrabal y González para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con la propia de las agencias de prensa por el mismo periodo. Asimismo, "la mitad del pago de las costas, incluidas las de la acusación particular".

[Arrabal, sobre el caso de las fotos de Mariló Montero desnuda: "Es un despropósito que pida seis años de cárcel"]

Diego Arrabal, en una imagen de archivo.

Este hecho es el resultado de nueve años de lucha en los tribunales por parte de Mariló Montero en pos de defender sus derechos fundamentales. Todo ocurrió durante las vacaciones de Semana Santa en el año 2015, mientras la periodista se encontraba de vacaciones en Bora Bora, en un espacio privado, lugar estratégicamente escogido por Carmen Varela, directora de la agencia de viajes, por su "deseo casi obsesivo de buscar un destino turístico", alejado del foco mediático tras la persecución que sufrió en Maldivas meses antes.

"Tal era su intención de mantener la reserva del destino de su viaje que no se lo comunicó ni a su entorno familiar ni a ninguna de sus amistades, ni tan siquiera a la persona que le iba a acompañar y que sólo tuvo conocimiento del mismo en el propio aeropuerto. Las únicas personas que conocían tal destino eran la directora de una conocida agencia de viajes y su asistente personal", subraya la sentencia.

De este modo, se recoge que la expresentadora de Las mañanas de La 1 y su amiga se alojaron en un bungaló del Hotel Intercontinental Le Moana y "disfrutaron de largos periodos en la terraza frente al mar en la seguridad de que se encontraban en un ámbito de intimidad propia del lugar que en aquel momento constituía su domicilio temporal, permaneciendo en la misma en pijama, en bikini y, en el caso de la Sra. Montero, en algún momento desprendiéndose incluso de la parte superior para tomar el sol".

Así, Montero fue inmortalizada en unas imágenes íntimas que tuvieron que obtenerse "mediante un potente teleobjetivo desde una embarcación", bien podría ser "desde uno de los bungalós del mismo complejo hotelero". Se sostiene que "uno de ellos fue reservado por la sociedad DIEGUS, S.L", sociedad mercantil y propiedad exclusiva de Diego y Gustavo, "un día antes de la llegada de la querellada", se desliza.

Se ofreció la compra de tales fotografías a la revista Lecturas, remitiendo una copia de las mismas a su director, Luis Pliego, "quien entendió que no eran publicables". José Muro, representante de Mariló, advirtió a la revista de que su publicación supondría "un acto ilícito" y de que las mismas habían sido tomadas en un lugar privado.

Mariló Montero, en enero de 2023. Gtres

[Así ha sido el juicio en el que Mariló Montero pide prisión para dos 'paparazzi' por sus fotos desnuda en Bora Bora]

La Audiencia Provincial de Barcelona no ha podido declarar "como probada, fuera de toda duda razonable tal circunstancia", que los acusados pudieron ser quienes encargaron la obtención de las imágenes. "Lo que no puede negarse es que eran conscientes de la ilicitud de su obtención y de que ésta suponía una clara vulneración del derecho a la intimidad", aluden.

Esto supone que se produjo la captación de dichas instantáneas con "la finalidad de vulnerar la intimidad" de Mariló y "sin su consentimiento, en un ámbito privado del que no puede involucrarse en modo alguno el legítimo ejercicio del derecho a la información", explica la resolución del caso.