Imanol Arias (67 años) ha reconocido en el juicio este martes, 11 de junio, haber defraudado a Hacienda unos dos millones de euros entre 2010 y 2014 de sus ganancias en la serie Cuéntame cómo pasó. Lo ha hecho tras llegar a un acuerdo con las acusaciones por el que acepta dos años y dos meses de prisión.
"Quiero dejar de estar en la cabecera de este reparto", ha aseverado el actor tras ratificar el pacto al que llegó con la Fiscalía y la Abogacía del Estado -que representa a Hacienda- por el que asume haber cometido cinco delitos fiscales al haber defraudado 2.023.909 euros entre 2010 y 2014, y acepta que se le imponga una condena de 26 meses de prisión y una multa.
Lo ha hecho durante su declaración en el juicio que ha retomado este martes la Audiencia Nacional contra el intérprete, su compañera de reparto en la citada ficción, Ana Duato (55), y otros 26 acusados de delitos de fraude fiscal a través de estructuras societarias opacas diseñadas por el despacho de abogados Nummaria. Mañana miércoles, día 12, habrá otra sesión.
Imanol Arias, que se enfrentaba a una petición inicial del fiscal de 27 años de cárcel, es uno de los acusados que han alcanzado un acuerdo de conformidad con las acusaciones por el que han reconocido los hechos de los que se les acusa a cambio de reducciones en sus eventuales condenas.
Durante su interrogatorio, el que interpretase al célebtre Antonio Alcántara en la mítica serie de Televisión Española, ha reconocido los delitos por los que se le acusa y las penas de prisión que estos conllevan (y que suman 26 meses de cárcel). "Podría decirlas para que las conozca todo el mundo; yo las conozco", ha indicado a la presidenta del tribunal.
En virtud del acuerdo de conformidad, Arias -a quien el fiscal le imputaba en un principio un fraude de 2,7 millones de euros entre 2009 y 2015- ha aceptado esos 26 meses de prisión, que su defensa ha solicitado suspender durante dos años. La Fiscalía no se opone a dicha petición que supone que no tenga que ingresar en la cárcel.
El actor también ha aceptado el pago de una multa, correspondiente a entre un 50 y 60 por ciento de la cantidad defraudada en cada ejercicio, según el acuerdo de conformidad, que le aplica la atenuante de reparación del daño.