El Código Civil tumba el escudo franquista del Valle de los Caídos

Al salir desde Calatayud, dirección Madrid, hay un bar. “Venus”. Justo detrás, está el barranco de la Bartolina, un terraplén en medio de la nada, a las afueras de la ciudad, donde el Ejército franquista tuvo que instalar un tendido eléctrico para tener luz y no dejar de fusilar por la noche. Allí, unos cuentan que hay 800 víctimas, otros que cerca de 500. Por allí acabó el Ejército franquista con los detenidos en Ateca, Daroca, La Almunia y la propia Calatayud.

Una carnicería que llenó las profundidades del barranco del plomo suficiente como para alimentar a unas cuantas familias, que vendían las balas de los fusilamientos una vez acabó la guerra. Los supervivientes cuentan que por la noche, en la Bartolina, se veían fosforescencias de la cantidad de huesos que se amontonaban en la fosa común. Cada vez que las lluvias torrenciales anegaban la zona, los huesos salían a flote, llenando el caudal de un esperpento osario que los animales aprovechaban para alimentarse. Cuando pasaban las lluvias, los vecinos salían a la calle a recoger en bolsas los restos que podían. Más tarde, se convirtió en un vertedero que hizo imposible excavar en el lugar.

Todos dicen de Manuel que era un hombre bueno y que ayudaba a la gente con sus animales. Simplemente, eran trabajadores a los que les quitaron la vida

Una parte importante de los huesos de la Bartolina acabaron en el Valle de los Caídos, trasladados allí por primera vez en 1959. En aquel primer envío macabro que debía acompañar a José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco en su tumba faraónica, partieron los restos de dos hermanos asesinados en julio de 1936, junto con los cuerpos de otras 79 personas. Manuel Lapeña Altabás, veterinario, y Antonio Lapeña Altabás, herrero. Obreros y militantes de la CNT. Algunos dicen que fundadores de la agrupación anarquista en la zona, sus familiares no lo tienen tan claro. Bastó para ser ajusticiados.

Los hermanos Manuel y Antonio-Ramiro Lapeña, en archivo familiar.

“Todos dicen de Manuel que era un hombre bueno y que ayudaba a la gente con sus animales. Simplemente, eran trabajadores a los que les quitaron la vida. Simplemente, los mataron”, cuenta a este periódico Miguel Ángel Capapé, presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico), y marido de Purificación Lapeña Garrida, nieta de Manuel, que acaba de lograr que un juez otorgue cobertura legal a una exhumación de cuerpos víctimas en la guerra civil. Algo insólito hasta el momento.

Impunidad franquista

El juez José Manuel Delgado, del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Lorenzo de El Escorial, ha autorizado la exhumación de los restos mortales de los hermanos fusilados. El auto reconoce el derecho de la nieta a dar una “digna sepultura” a su abuelo y tío abuelo. Por primera vez, el Valle de los Caídos pierde su impunidad franquista, casi seis décadas más tarde, y se abre a la sociedad civil, que reclama los cuerpos para darles el entierro que demandan sus familiares.

Una escena del frente, conservada en el archivo fotográfico de la BNE.

“Hemos conseguido tener derecho a la digna sepultura y se autoriza a realizar actuaciones para exhumar”, cuenta el abogado de la familia, Eduardo Ranz, que ha movido el caso desde el 20 de noviembre de 2012, primero en el Juzgado de Instrucción, luego en la Audiencia Provincial de Madrid, en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos archivaron la causa. La vía penal, la que busca responsables, quedaba cercenada. Todos los procesos penales que se han abierto en el Valle han acabado archivados.

Esta sentencia sin recurso es un antes y un después. Por primera vez se pregunta a los familiares qué hacer con los cuerpos

Así que Ranz recurrió con el Código Civil en la mano: la prioridad ahora eran los cuerpos, no los culpables. Vía libre. “Esta sentencia sin recurso es un antes y un después. Por primera vez se pregunta a los familiares qué hacer con los cuerpos. Se sienta un precedente que podrán aprovechar otros familiares, otros casos”, cuenta a este periódico el abogado.

El siguiente paso es entregar a Patrimonio Nacional la orden y la documentación para que se pongan manos a la obra. Los científicos entrarán a por las cajas registradas de Calatayud. Son nueve y contienen 81 restos, están colocados en el tercer nivel de la galería de los enterramientos. Se extraerán todas las cajas, se individualizarán los cuerpos y se tomarán muestras de ADN (un par de piezas dentales de cada cráneo de todos los cadáveres) hasta encontrar el parentesco. “Podría realizarse la búsqueda de otros cuerpos”, cuenta Ranz.

Enterrados con su verdugo

“Queremos darle los restos a mi suegro, que este mes cumple 92 años. Entregarle por fin los restos de su padre y de su tío para que los entierre en el cementerio del pueblo, junto con su madre, donde quiere ser enterrado él”, dice Capapé. Ha sido lo que les ha movido durante estos años a lograr esta sentencia. “La otra motivación es la reparación de todo el daño que se ha hecho. Hay muchas personas que están enterradas injustamente con su verdugo, asesinados por el Ejército que dio un Golpe de Estado”, añade.

Lo principal es trasladar el cuerpo de Franco y José Antonio a sus panteones familiares. No se puede cambiar de significado mientras sigan ahí

En la abadía gestionada por los Benedictinos hay casi 34.000 cuerpos enterrados. Es el cementerio más complejo de la guerra civil, según los expertos. Había días en los que los benedictinos no daban abasto al dar responso. Pero sigue sin solucionarse el uso y la transformación del panteón franquista que sigue recibiendo misas diariamente dedicadas al dictador. Paco Ferrandiz, científico titular del ILLA del CSIC, formó parte de la Comisión que hizo el informe en 2011 para redefinir el lugar.

“No se ha cumplido nada de aquel informe. Lo principal es trasladar el cuerpo de Franco y José Antonio a sus panteones familiares. No se puede cambiar de significado mientras sigan ahí”, explica a este periódico. Entre las conclusiones de aquel estudio, se aclara que se debe favorecer la consulta de los familiares que quieran saber de sus familiares allí enterrados. “Ellos consideran que es una cárcel funeraria para sus familiares”.

Justicia ausente

Miguel Ángel Capapé ha echado en falta hasta el momento una Justicia sin sentimientos. Una Justicia que aplique las leyes. Su abogado lo reconoce tajante: “La justicia española ha sido la gran ausente del proceso de la Memoria Histórica. Es un problema compartido con el poder legislativo”. Ranz reclama una partida presupuestaria en condiciones, acceso a los archivos y una regulación digna. Cuando confirmaron la sentencia a la familia, “fue un momento de gran alegría después de tantos años”.

Una imagen de la batalla de Brunete, en el archivo de la BNE.

La alegría conlleva la responsabilidad de abrir la puerta a los familiares que esperan reclamar sus muertos, aunque sabe que hay algunos que no quieren remover más el pasado. “Eso es porque no han visto las condiciones deplorables en las que se encuentran amontonados y con un palmo de agua”. Hasta hoy no se dio la circunstancia de entrar con orden judicial, porque la vía penal se archivaba. “Lo que ha pasado es muy importante”, insiste Ranz. “Otras familias podrán recurrir. Se ha abierto un precedente judicial, gracias al argumento de la resolución del juez y eso incrementa las posibilidades de repetir el proceso en otros casos”.

La familia de Manuel y Antonio no se plantea, “a estas alturas”, buscar responsables. “Sólo queremos encontrar nuestros restos. Es una herida sin cerrar, es una herida abierta. Espero que con la sentencia, el Valle de los Caídos haya perdido el escudo y que todos podamos entrar a por nuestras familias”. Ochenta años después, la marcha fúnebre que empezó en aquel barranco de Bartolina, salda las deudas. Volverán a casa.