Temían sus preguntas y su preparación. Era joven y tenía determinación, había abandonado las clases en la universidad para emprender su carrera política y no lo iba a hacer a cualquier precio: estaba dispuesto a elevar el debate cultural en la Cámara Baja. Aquel portavoz pizpireto que hace cinco años ponía firme al gobierno en las comisiones de Cultura del Congreso de los Diputados cierra hoy su ciclo como político: José María Lassalle ha sido enterrado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La eliminación del canon digital fue una chapuza. La primera de muchas tantas que se sucedieron durante los siguientes cuatro años como secretario de Estado de Cultura. Mariano decidió ahorrarse un ministerio y Lassalle se quedó con la miel en los labios. El canon lo tumbó nada más llegar el partido al gobierno, era una promesa incluida en el programa: les había convencido de que arrastraría unos cuantos miles de votos gracias a la Operación Saga, que encarceló (por unas horas) a la cúpula de la SGAE. Aquellas fotos de Teddy arrasado por el cansancio. La gestora de los derechos de autor había puesto mucho de su parte para ganarse el odio de la ciudadanía y un golpe en la línea de flotación de los ingresos presentaría al PP como los vengadores.
Los planes se cumplían a rajatabla. Lassalle había escalado y accedido con cargo al equipo de Rajoy (y protegido por Soraya) gracias al plan de acoso y derribo contra las gestoras, que habían nadado en la opacidad y el desfalco desde su creación. De hecho, Lassalle se atribuye la redacción de la polémica Ley Sinde, pactada con el PSOE y ejecutada por el PP en su primer Consejo de Ministros.
El sector cultural reunido contra la Ley Lassalle.
Ahora el Tribunal de Justicia aclara lo que ya avanzó su abogado general en enero, tras la denuncia de varias gestoras de derechos de autor (VEGAP, EGEDA y DAMA): el sistema de cálculo del canon digital implantado por el PP en la legislatura Rajoy es un engendro anticomunitario, que incumple con la valoración del perjuicio sufrido por los titulares de los derechos. Es decir, la compensación por copia, fijada al libre albedrío en 5 millones de euros al año (con coste a los Presupuestos Generales del Estado y no a la industria), no ha reparado el daño económico reconocido ante la ley europea durante estos cuatro años y lo ha hecho sacándolo de la cartera de los españoles.
Industria sin futuro
La reconversión de la industria, gracias a los nuevos modelos tecnológicos de uso del producto cultural, ha hecho que el valor de la copia desaparezca. Pero la Unión Europea mantiene su protección legal en el “antiguo régimen” analógico, aunque ha prometido la inminente llegada de una nueva norma que sea más acorde con los nuevos modelos de explotación cultural. Cuando ocurra, la compensación de los autores dejará de ser lo que ha sido hasta hoy.
Así, con la reforma inminente de la Ley de Propiedad Intelectual dictada por Bruselas, el PP, capitaneados por Lassalle, acometió una reforma de la norma española que arrastró al desmantelamiento brusco de la infraestructura de la industria cultural. A la Ley Sinde le siguió la Ley Lassalle. Aunque era la misma.
El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle.
De sus desastrosos derroteros fue avisado, primero, por el Consejo de Estado, en un informe demoledor: “No resulta suficiente para cubrir las necesidades de los autores”. El supremo órgano consultivo del Gobierno denunciaba una tensión en el sistema de compensación equitativa que no es deseable”. Y más tarde -después del bochornoso espectáculo de su aprobación en el Congreso, con toda la oposición en contra, y antes de llegar al Senado- la Ley Lassalle quedaba desahuciada por el Tribunal Supremo, que planteó la impugnación de la columna vertebral de la nueva ley por considerarla incompatible con la directiva de la UE. Dudaba de que el sistema de compensación fuera legítimo en Bruselas. Lassalle y el PP estaban avisados y siguieron adelante con la reforma, en medio de las tensiones entre Wert y Lassalle.
Y cuando parecía que la aprobación de la ley iba a ser el mayor logro de la legislatura Rajoy en asuntos culturales, consiguieron algo todavía mucho más difícil: unir al sector cultural y sacarlo a la calle en bloque para manifestarse contra una norma que, entre otras cosas, les ampara como titulares de los derechos. Lassalle ha marcado un récord: que la cultura pida la dimisión de quien les defiende. No se recuerdan precedentes. Tampoco los hay de una dimisión en funciones.