La sentencia del Tribuna Supremo que el pasado noviembre tumbó el canon digital decretado por el PP en 2011, dejará, paradójicamente, sin la compensación económica por sus derechos reproducidos a unos 180.000 autores y creadores. “Es muy probable” que no reciban nada hasta dentro de un año, en 2018, tan y como aseguran las fuentes del sector consultadas por EFE, y que Antonio Fernández adelantó en esta entrevista con EL ESPAÑOL. 

El sistema fue decretado ilegal porque la compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por las copias privadas no es propia de la doctrina dictada por la Unión Europea. Como decretó su Tribunal de Justicia (TJUE) meses atrás, el sistema ideado por el gobierno de Mariano Rajoy es “nulo”. De esta manera, los autores pasaron de percibir por esta lesión permitida por ley, pero compensada, cerca de 115 millones de euros al año a 5 millones de euros. El limbo de la norma, va a prorrogar la situación un año más y sumarían tres años en el dique seco (2015, 2016 y 2017).

La reproducción de música, literatura o cine está prohibida si no la autorizan sus creadores pero sí está tolerada la copia para uso privado, sin fines comerciales, siempre y cuando sus autores intelectuales sean compensados por ello. Como adelantaba Antonio Fernández a este periódico, el Gobierno ultima una norma, que debería aprobarse a finales de este mes para que estuviera en funcionamiento a la vuelta de verano.

Prohibir la copia privada sería tan nulo para la UE como el pago de la compensación con cargo al bolsillo de todos los españoles. Los creadores consultados por EFE se ven en la peor de las situaciones y creen que "no se va a pagar sin que medie una reclamación", es decir, "yo te expropio el derecho y no te pienso pagar". El Gobierno volverá al modelo de la tasa a las empresas tecnológicas “Cualquier dispositivo que pueda hacer copias privadas será gravado, sea la tecnología que sea”, explicó Fernández en la entrevista. "Cuando en 2011 se eliminó el canon digital, ninguna empresa tecnológica bajó sus productos a pesar de que los habían subido justamente por eso", recuerdan los creadores ahora.

Sin embargo, el consenso más complicado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no es con los autores, sino con la Secretaría de Estado de Agenda Digital, órgano responsable de defender los intereses de la industria tecnológica. Al frente se encuentra el anterior Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, que, nueva paradoja, en la anterior legislatura defendía los intereses de las industrias culturales. Cultura confirma a EFE que el borrador previsto para aprobarse en 2017 "deberá consensuarse con otros ministerios".

"El objetivo -agrega el ministerio- pasa por lograr una regulación fruto del consenso, perdurable, ajustada a la normativa europea y que dé una solución de la mejor manera posible tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo este pasado mes de noviembre".

Según ha podido saber la agencia, Lassalle tiene el borrador desde la semana pasada y aún debe ser estudiado por la Oficina Económica de Moncloa y el ministerio de Economía. Si el secretario de Agenda Digital no impide el escollo en el que se encuentra varado el Gobierno, la industria tecnológica grabará los CD con 0,17 euros, las memorias USB con 0,30, los equipos o aparatos con capacidad de copia desde 10 hasta 29 copias por minuto con 127,7 euros y a los teléfonos móviles con funcionalidad de reproducción de audio y vídeo con 1,1 euros.

Creadores como el dibujante Antonio Fraguas "Forges", miembro de la Plataforma Seguir Creando, creen que el anterior sistema era una "gilipollez" porque eran los "ciudadanos" quienes tenían que pagarlo "a través de impuestos". "¿Quién tiene que pagar ese impuesto? Pues las empresas que se dedican o la venta de aparatos o al alquiler de aparatos", ha matizado este humorista gráfico que, según confiesa, percibió el año pasado 80 euros por ese concepto, mientras que hasta 2011 estaba cobrando 1.200 euros.