Cultura “permitió” el fraude de la “rueda” de la SGAE durante cuatro años

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está “valorando con los servicios jurídicos del Estado los pasos a dar” en el fraude de la “rueda” de la SGAE, tal y como ha informado el gabinete de comunicación de la Secretaría del Estado de Cultura a EL ESPAÑOL. El último escándalo desatado en esta sociedad de gestión de derechos de autor descubre la falta de control del Ministerio de Íñigo Méndez de Vigo en la marcha de la entidad, a pesar de las responsabilidades con las que le ha dotado la última Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y de las denuncias que se hicieron públicas hace cuatro años.

Con la “rueda”, unos pocos socios pudieron haberse beneficiado de hasta cien millones de euros. Las primeras denuncias de este modo de operar entre algunos socios de la SGAE y las televisiones fueron hechas en 2013 por Antón Reixa, entonces presidente de la entidad. José Miguel Fernández Sastrón era consciente de esta situación, pero también ha permitido su práctica. Las entidades de los derechos de autor clamaron -cuando se aprobó la reforma de la LPI- contra lo que definieron como una agresión fiscalizadora del Gobierno, a raíz de la operación Saga contra la SGAE.

Denunciaban que se trataba de un atentado contra la libertad de su gestión, no querían que nadie se metiera en casa a controlar sus cuentas, con una norma que otorgaba mayores permisos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a intervenir y controlar los desaguisados en contra del interés general de los autores. Las muestras y los casos de descontrol de la SGAE permitieron la fiscalización de las instituciones públicas.

“En la SGAE no se está defendiendo al autor”, explica a este periódico el abogado Carlos Sánchez Almeida, especialista en Propiedad Intelectual, en referencia al lucro de unos pocos socios en detrimento del resto. “¿Cómo ha podido pasar esto delante de sus narices? Si ha ocurrido es porque el Ministerio de Cultura no estaba controlando”, añade y señala la “permisividad” con la que actúa la Administración con los intereses de la SGAE, a pesar de dañar los intereses generales de sus socios. “El Ministerio tiene responsabilidad por omisión”, cuenta el abogado.

Autores, en las últimas

Así dice la Ley reformada hace dos años que los fines son “la gestión colectiva de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de una pluralidad de titulares de derechos de propiedad intelectual, y asimismo la defensa de los intereses generales en su conjunto”. La ley prioriza el interés general de los autores sobre el particular.

“El Ministerio tiene entre sus competencias controlar a las entidades, que deben estar al servicio de todos los autores, no de las camarillas que se lo están llevando. Los autores lo están pasando muy mal para llegar a fin de mes y nadie en el Ministerio ha salido a defenderlos. El Ministerio se tiene que poner las pilas para renovar de manera integral los estatutos de las entidades”, añade el abogado.

El abogado David Maeztu coincide en este punto con Almeida: “Es una estafa de los socios a los socios. El Ministerio de Cultura tiene la obligación de controlar la gestión de las entidades. Creo que el Ministerio debería ser más estricto con las tarifas y su reparto, con cómo vela para que la música no valga lo mismo de madrugada que en prime time y en el control de las adaptaciones musicales. Al Ministerio ya no le queda otro remedio que intervenir, porque la SGAE está abusando y se van acumulando muchas razones para retirar la licencia. Aunque no creo en esta medida drástica”.

Ni la denuncia de 2013, ni las nuevas responsabilidades de depositadas en el Ministerio desde 2014, hicieron reaccionar al Ministerio antes de la intervención de la Policía Nacional, que arrestó a 18 personas implicadas, y a la prisión eludible bajo fianza contra los cabecillas de la trama: Rafael Tena, Manuel Carrasco y Fernando Bermúdez. Están acusados, tal y como señala el juez Ismael Moreno en su auto, de un presunto delito de pertenencia a organización criminal y de un delito de corrupción en los negocios, ambos recogidos en el Código Penal (artículos 570 y 286).

La oposición protesta

“Unos pocos perjudican al resto”, subraya Eduardo Maura, portavoz de Cultura de Podemos, en el Congreso de los Diputados. Maura prefiere prudencia y le pide al Ministerio que tome partido en esta cuestión “porque le afecta directamente”. Explica a este periódico que hay muchos socios de la SGAE que denuncian la falta de democracia del nombramiento de órganos directivos, que acusan a la cúpula de la entidad de falta de transparencia.

El diputado de Podemos cree que la LPI no está a la altura de los problemas actuales, pero que "el Ministerio tiene responsabilidad en todo lo que ha pasado, al margen de quién estuviera al frente. Habrá que asumir responsabilidades”. También señala la responsabilidad de RTVE en la trama y el espacio en el que quieren ubicar la música y cuestiona que la cartera de Méndez de Vigo y Fernando Benzo no viese raro que los programas musicales camparan a sus anchas de madrugada, ni que los intereses generales hayan sido pervertidos.

“Cultura debe intervenir para defender los intereses de los socios y del público”, añade Maura. Aclara que no sabe cuál es la intervención más segura, pero ese es el debate que hay que abrir: “¿Qué hacemos para que esto no vuelva a pasar y no sea otra mala práctica más de las que vemos hace una década”.

Las faltas "muy graves"

El artículo 162 de la LPI indica entre las infracciones “muy graves” cometidas por las entidades “la ineficacia manifiesta y notoria en la administración de los derechos que la entidad de gestión tenga encomendados”. Y añade que este hecho se apreciará respecto al “conjunto de los usurarios”.

El Secretario de Cultura del PSOE, Ibán García del Blanco, también se muestra prudente y apunta que la actividad de las entidades es regulada y el marco de funcionamiento le corresponde a la Administración. “Además se vendió una reforma de la LPI muy rigurosa al respecto. Es recomendable que el Ministerio estuviera más encima, aunque la responsabilidad siempre corresponde a la entidad”, aclara.

El abogado especialista en Propiedad Intelectual y político lamenta que el Ministerio no haya tomado medidas antes de la intervención de la Audiencia Nacional, después de que el poder legislativo le haya habilitado y de los casos conocidos por todos desde hace cuatro años. “Había indicios suficientes como para haberse interesado. El Ministerio da la impresión de dejadez o dejación de su responsabilidad. Debe interesarse por la situación de una vez, que la legislación actual ya es bastante garantista”, dice.

No quiere culpabilizar colectivamente a la SGAE, pero reclama a la entidad un esfuerzo por hacerse más transparente a la sociedad y a sus propios socios, así como dejar de torpedear su imagen ya malherida. “Es una dejación que no modifiquen ciertos hábitos que vienen del pasado”.

Por su lado, Guillermo Díaz, diputado y portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Cultura del Congreso, explica a este periódico que el Ministerio ha incurrido en una “culpa 'in vigilando', pero en todo caso con una omisión”. “Y evidentemente tendrán que explicar este descuido”, asegura. Pero apunta que la SGAE es una entidad privada, por eso le parece más grave la participación de entidades públicas (las televisiones) en el fraude. “Queremos saber hasta dónde ha llegado la responsabilidad de estas corporaciones. Al parecer, RTVE habría 'girado' en esta rueda. Y eso es muchísimo más grave que una posible negligencia en el control de una entidad privada”, añade.

Más democracia interna

“El Minsiterio podría intervenir para garantizar la democracia interna, para que los autores reformen las entidades, para garantizar que se va a administrar los capitales con transparencia y, sobre todo, garantizar la protección de los autores. La responsabilidad es al 100% del Ministerio, las competencias en esto no están transferidas. Debe intervenir con urgencia”, explica Carlos Sánchez Almeida.

David Maeztu señala que las tarifas son aprobadas por el Ministerio y que es en ese momento donde deberían haber intervenido para frenar el rodillo de la rueda. “Este problema deriva de la aplicación de una tarifa plana a las TV, que les beneficia porque les sale un contenido de relleno muy barato. Los socios del fraude obtuvieron más votos para controlar la Asamblea, porque son los que más recaudan, y así el sistema quedó corrupto”.

El abogado Javier de la Cueva argumenta que el Minsiterio no tiene ningún interés político para intervenir en las entidades gestión, porque ha tenido opciones antes y no lo ha hecho. De la Cueva habla del artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, donde se especifica que todos los europeos tenemos derecho a “un buen gobierno”. “Si estos señores utilizan fondos públicos (RTVE y autonómicas), tiene la obligación de control”, dice.

Buen gobierno, mala ley

Para el abogado el Ministerio tiene responsabilidad desde que se creó la SGAE y “jamás ha existido un control del Ministerio”. “La SGAE es un monstruo que funciona por su cuenta y responde a sus propios intereses”. Por eso cree que habría que pedirle a aquellos autores que se sientan perjudicados que pidan al Gobierno que ejerza su capacidad de control.

“Los perjudicados por el permiso del Gobierno del mal funcionamiento de las entidades deben reclamar la potestad que tiene y su responsabilidad patrimonial. Es un procedimiento habitual por las dejaciones del Estado”, declara.

A pesar de esto abre un nuevo ángulo a la polémica de la “rueda”: no han cometido ningún delito contra la Propiedad Intelectual, han actuado amparados por la LPI en la modificación de las obras. “La “rueda” es la aplicación estricta de la normativa de la LPI. No es un delito, es una aplicación de la norma”. Con leves arreglos basta. “Se están aprovechando de la regulación real. Es una situación amparada por la norma, no hay un fraude en que arregle una obra de Beethoven”, explica también Maeztu. El sueño de la razón produce monstruos.