La experiencia en fraude parece no tener límites en la SGAE. En 2017, las fuerzas del orden volvieron a interrumpir la actividad de la gestora de derechos de autor, para buscar pruebas de nuevos corruptos en el seno de su estructura. La conocida "rueda" mantenía una estafa contra los socios de la propia entidad desde hacía años, con el beneplácito de la cúpula directiva y del Ministerio de Cultura. Lo más preocupante es que la actividad criminal de los acusados determina las decisiones que marcan el rumbo de la sociedad, gracias a unos estatutos pervertidos. Por si fuera poco, en 2016, la SGAE se apropió de 16 millones de euros en derechos pendientes de identificar por sus autores. El año cierra con un nuevo tiro de gracia en la credibilidad de una entidad que insiste en mantenerse al margen de los cánones de regeneración, que incluso la política parecía haber aceptado.

Una “organización criminal”

El auto del juez de la Audiencia Nacional fue rotundo: la sociedad de gestión ha generado y albergado en su estructura una “organización criminal”, que ha estafado a los propios socios más de 100 millones de euros. El nuevo escándalo, que ha hecho desaparecer la última gota de la credibilidad de la SGAE, se conocía desde hacía años y había sido denunciada.

La rueda del poder

La Audiencia Nacional da a entender que la SGAE es víctima de la SGAE. Los estafadores tenían tanto poder de decisión en los órganos de gestión de la entidad, que “perpetuaron el fraude”. Así se gestionan las decisiones en la cúpula de la entidad: cuanto más recauda, más votos tiene el autor. Cuanto más voto tiene, más condiciona los estatutos a su favor. Y la rueda del poder gira sin parar, porque está pensada para perpetuar al poderoso y tramposo, mientras la reforma de los estatutos parece imposible. “La SGAE se ha convertido en una plutocracia. En la Junta se ha instaurado el gobierno de los más ricos y desarticulan cualquier intento de reforma”, aseguraba a este periódico Antonio Meliveo, de la Junta Directiva.

Hundida por la desesperanza

El nuevo escándalo no ha movido al presidente José Miguel Fernández Sastrón, que ha superado una moción de censura, a pesar de no haber aclarado su colaboración en “la rueda”. Los autores audiovisuales barruntan una huida histórica a otra sociedad, hartos de la corrupción y de la falta de intención de regeneración. Decepción, desafección y desesperanza. De momento, los representantes de los autores de derechos audiovisuales han decidido seguir instalados en la desventaja y en el lamento. Los músicos tienen 16 representantes y ellos, los profesionales del cine y la tele, sólo 9.

Máxima opacidad

Parece increíble, pero la opacidad de la casa es tal que ni los representantes de los autores audiovisuales saben a cuántos representan, ni cuántos beneficios generan. Ni siquiera pueden ponerse en contacto con sus representados, porque la entidad no facilita esos datos a sus socios. La cúpula de la SGAE no quiere oír hablar de transparencia tampoco en el sistema de reparto, tan incomprensible como una factura de la luz.

Las cuentas infladas

600.000 euros para autores y obras completamente desconocidas. “Son cifras abultadísimas”, así lo confesaba a este periódico uno de los miembros de la Comisión de reparto, órgano responsable de revisar cada seis meses las cuentas de la entidad. En el ranking de los autores que más cobran por sus derechos de autor no está, por ejemplo, Alejandro Sanz o un autor similar. Para llegar a encontrar al músico madrileño en ese listado hay que pasar más de 200 nombres. Y lo más grave: hay miembros de la Junta Directiva que tienen cantidades sobresalientes en esa lista.

Los autores se rebelan

Hasta 150 artistas firmaron un manifiesto en el que se declaraban “víctimas del fraude” y pedían que se evitara el uso de la sociedad como “instrumento fraudulento”. Los autores, preocupados por cómo está manchando su imagen la SGAE, pidieron a las autoridades y al Ministerio de Cultura una actuación “contra las malas prácticas llevadas a cabo, atendiendo a su obligación de tutela sobre la SGAE”.

El Ministerio, permisivo y ausente

El último escándalo desatado en la sociedad de gestión ha dejado al descubierto la falta de control e implicación del Ministerio de Íñigo Méndez de Vigo en la marcha de la entidad, a pesar de las denuncias que se hicieron públicas hace cuatro años y de las responsabilidades con las que la última Ley de Propiedad Intelectual (LPI) ha dotado a Cultura. Abogados especialistas en Propiedad Intelectual han señalado la responsabilidad por omisión y permisividad del Ministerio de Íñigo Méndez de Vigo en el caso.

La oposición, en contra

Los partidos políticos han criticado la dejadez y la dejación de la responsabilidad del Ministerio de Cultura en el caso de la rueda, porque había indicios suficientes desde hace años como para haberse interesado por poner punto final. La crisis en la SGAE es un elemento incómodo y de desgaste de la institución, porque el Ministerio tiene herramientas suficientes como para controlar que los autores sean estafados por los propios autores.

Más intereses particulares que colectivos

La propia Ley dice que los fines de la SGAE son “la gestión colectiva de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de una pluralidad de titulares de derechos de propiedad intelectual, y asimismo la defensa de los intereses generales en su conjunto”. Es decir, la Ley prioriza el interés general de los autores sobre los intereses particulares. Si este artículo no se cumple, el Ministerio podría intervenir la sociedad. Mientras, la cúpula gasta un millón de euros en dietas.

La sombra de Teddy Bautista

El juez De la Mata ha impuesto una fianza de 63 millones de euros a Tedy Bautista y otros ocho acusados en el caso SAGA. En total son once personas acusadas de un presunto desvío masivo de fondos en la sociedad de autores. En el auto, el juez aclara que se les acusa de delitos de asociación ilícita, organización criminal, falsedad documental, administración desleal, apropiación indebida por poner en marcha una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de SGAE.

Un monstruo mutilado

“La rueda” ha hecho mella también en los autores audiovisuales, hartos del escándalo protagonizado por algunos miembros del Colegio del Pequeño Derecho (los músicos). “Necesitamos que la SGAE defienda los derechos de nuestro sector. En estos momentos estamos marginados, tanto política como económicamente”, reconocía un miembro del sector audiovisual a este periódico, que planteaba la salida en masa de la sociedad. La fuga todavía no ha sucedido, pero el juzgado de primera instancia de Madrid ha dictado sentencia contra las grandes editoriales y las ha expulsado de la Junta Directiva de la SGAE. De momento, han salido EMI, Warner Bros y Peer Music porque es ilegal que los usuarios del repertorio estén representados. No pueden ser clientes y negocio al tiempo, porque los únicos perjudicados -de nuevo- son los autores.

Un modelo muerto

Desde que la Guardia Civil entrara en el Palacio Longoria y arrestara a Teddy Bautista, la SGAE mantiene su rumbo sin rectificar. Ha vendido propiedades y teatros para tratar de taponar la herida, pero es un modelo muerto. La primera vez que se rompió el monopolio de SGAE fue cuando Mariano Rajoy, como ministro de Educación, Cultura y Deporte, concedió a DAMA, en 1999, la licencia para actuar. En ese momento se interpretó como un castigo a la entidad por su cercanía al PSOE, como aclaran Ainara LeGardon y David García Aristegui en su libro. Ahora debería volver a suceder como castigo a su corrupción galopante.