El Juzgado de lo Penal número 2 de San Sebastián ha emitido una orden europea e internacional de detención y entrega de Julián Argilagos para su búsqueda y captura por los delitos presuntamente cometidos como arquitecto del proyecto del Museo Balenciaga de Getaria (Guipúzcoa).
Según han informado fuentes del caso, además de esta orden el juzgado donostiarra ha dictado un auto en el que pide al Gobierno que cuando sea localizado solicite la extradición de Argilagos -de origen cubano y que ha residido tanto en los Estados Unidos como en España- para ser juzgado en la capital guipuzcoana por los delitos que se le imputan. Esta orden se une a la requisitoria en la que este mismo órgano judicial declaró en rebeldía al arquitecto tras no comparecer en la vista preliminar de este caso celebrada el pasado mes de marzo.
Argilagos, que se encuentra imputado en este asunto junto al exalcalde de Getaria, Mariano Camio (con el que, según la Fiscalía, mantuvo una relación sentimental), y al también arquitecto cubano Rolando Paciel, fue el único de todos ellos que no acudió a esta vista preliminar. Esta circunstancia llevó a la Fiscalía a reclamar la emisión de una requisitoria de búsqueda y captura en su contra para todo el territorio nacional, dado que el arquitecto se encontraba en paradero desconocido.
15 millones de euros
Tras la celebración de la vista preliminar, en las que las partes no alcanzaron acuerdo alguno el pasado marzo, el caso está abocado a la celebración de un juicio para el que, no obstante, aún no hay fecha de señalamiento. La Fiscalía de Gipuzkoa pide ocho años de cárcel para Mariano Camio por diferentes delitos en la gestión del proyecto del Museo Balenciaga, inaugurado en esa localidad guipuzcoana en junio de 2011 cuando el caso ya estaba en los juzgados. Solicita además cuatro años de prisión para Julián Argilagos, que se hizo cargo del proyecto aunque no tenía convalidado su título en España, mientras que para el tercer acusado, Rolando Paciel, quien asumió las obras del museo cuando Argilagos residía en Miami, reclama una multa de cuatro meses.
El Ministerio Público considera que Camio pretendió enriquecer a Argilagos durante el tiempo en que "gozó de las más amplias facultades de gestión, administración y disposición de posibles" en la Fundación Balenciaga, constituida en 1999, y en la sociedad Berroeta Aldamar, creada en 2005. Entre otras supuestas irregularidades, presuntamente firmó un contrato con él, que contenía "cláusulas no habituales", según el cual los honorarios del arquitecto se incrementarían sobre lo acordado si aumentaba el presupuesto, de forma que un proyecto que no debía superar los 800 millones de pesetas (4,8 millones de euros) llegó a los 15 millones de euros, y la cifra a cobrar por Argilagos alcanzó 1.126.830 euros.
El acuerdo presuntamente permitía a Argilagos residir en Miami sin que disminuyeran sus "derechos retributivos", lo que conllevó la contratación de Rolando Paciel, cuya titulación tampoco estaba reconocida en España y a quien pagaba la sociedad Berroeta Aldamar cuando debía haberlo hecho el propio Argilagos, según la versión de la Fiscalía, que también atribuye a Camio "un lucro ilícito personal", en el que incluye viajes, reparaciones de su vehículo privado y combustible.