Las tres editoras expulsadas (Warner, Emi y Peer) en diciembre de la cúpula de la SGAE han remitido esta mañana una carta al presidente (José Miguel Fernández Sastrón), al secretario general (Carlos López) y al director de los servicios jurídicos (Antonio Martínez Bodi), en la que les acusan de “alteración ilícita de las mayorías de los órganos de gobierno” por ocultar a la Junta Directiva información relevante. El presidente ocultó, según las editoras, dos autos que habrían detenido su expulsión del máximo órgano.

Los hechos se remontan al 11 de diciembre, cuando el Secretario General de la entidad comunica a Warner, Emi y Peer que están expulsados de la Junta Directiva de la SGAE, en ejecución de la decisión del Juzgado de Primera instancia de Madrid. Ésta determinaba que la presencia de las multinacionales en la cúpula de dirección no garantiza “una gestión libre de influencias de los usuarios de su repertorio”. Es decir, no podían ser clientes y negocio al mismo tiempo, porque los perjudicados son los autores.

Las tres editoriales expulsadas son contrarias a la actual presidencia y fueron repuestas por cercanas a Fernández Sastrón (Pablo Pinilla, El Retiro y Busindre). Sin embargo, la expulsión se produjo a pesar de que existía un recurso frente a la sentencia, aunque de este no se informó en la Junta.

Sí hubo recursos

En las actas del 19 de diciembre, el secretario general de la SGAE advierte que los tres expulsados no habían presentado recursos: “Había unos plazos procesales que hubiesen permitido interponer ese recurso a las tres editoras, pero no lo hicieron”. Los dos responsables aliados a José Miguel Fernández Sastrón aseguraron que la sentencia era firme en lo que afectaba a los tres editores, “ante la inexistencia de recursos de apelación”. “Nada puede hacer la Junta Directiva frente al cese”, dijo el responsable los servicios jurídicos.

Pero ese mismo día, el 19 de diciembre, el juzgado de Primera Instancia número 17 declaró que la sentencia no se podía ejecutar ante el recurso presentado. Además, el 12 de marzo de 2018, en el que el mismo Juzgado de Primera Instancia confirmaba que su sentencia no se podía ejecutar “en ninguno de sus pronunciamientos”. El pasado tres de abril, la SGAE recibió la notificación judicial, peo no se ha restaurado la situación de diciembre.

“Resulta evidente que se ha producido por vía de hecho, y sin causa legal, al margen de la propia Junta Directiva, la negación e impedimento de los derechos de participación a tres socios a los que se les ha despojado de su condición de administradores, llevando a cabo una alteración ilícita de las mayorías de los órganos de gobierno”, concluyen las tres editoras. Ante la urgencia de la aprobación de los nuevos estatutos, redactados por el equipo de Sastrón, tres votos enemigos en contra tumbarían su puesta en marcha.

Cultura ha abierto expediente

Además, señalan que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte “ha abierto un expediente informativo por estos hechos”. El artículo 293 de los estatutos de la SGAE concluye que la negación o impedimento de los derechos de un socio en la gestión de la actividad de la entidad, “serán castigados con la pena de multa de seis o doce meses”.

Estos dos autos ocultados a la Junta Directiva podría suponer la reincorporación a sus tronos de los expulsados, enemigos de la línea de “la rueda” que aupó a Sastrón al poder. La misiva llega a la cúpula de la entidad un día antes de la celebración de una de las Juntas Directivas más críticas de las celebradas en el último año.

Las editoras exigen al presidente que proceda a restituir la condición de administradores de “los editores indebidamente cesados, convocándoles a la próxima sesión de la Junta Directiva”, mañana, jueves. Aunque ya avisan de que su intención es acudir a la misma, “para que dicho órgano sea conformado debidamente”.