Ni Lorca está libre de la Ley Mordaza
Un lector de 'Romancero gitano' presentó una denuncia contra su autor cuando el libro llevaba a la venta más de diez años. ¿Sería hoy Lorca multado, como Evaristo Páramos?
29 mayo, 2018 01:42Noticias relacionadas
Es noche de luna llena. Noche de juerga en Jérez de la Frontera… por poco tiempo. La jarana se volverá gritos, miedo y muertos cuando en la fiesta entra la Guardia Civil, que impone la muerte a balazos y golpes de sable. Noventa años después de que Federico García Lorca entonara el desastre represor, en la localidad gaditana volvió a apagarse la fiesta. Esta vez no hubo asesinados y la cosa quedó en un multado: Evaristo Páramos, personaje clave en la música punk española, que cantó su habitual jota al “hijoputa policía” y recibió una denuncia de parte de la Ley mordaza, que tipifica como falta leve “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”.
En Romancero gitano (1928), Lorca se atrevió con todo: desde el erotismo, muerte, pasión, erotismo, dolor, esperanza, sangre, vida, luz a la Guardia Civil. En los dieciocho romances que Loca publicó hace 90 años hay de todo. También las malas artes de la benemérita. “Tienen, por eso no lloran, / de plomo las calaveras. / Con el alma de charol / vienen por la carretera. / Jorobados y nocturnos, / por donde animan ordenan / silencios de goma oscura / y miedos de fina arena”. Al fundir el lenguaje narrativo con el lírico, el poeta ejecutado lanza una dura crítica a la Guardia Civil.
Romance de la Guardia Civil española fue el último en escribir antes de dar por terminado el libro. “Será bárbaro”, escribe a Jorge Guillén para adelantarle un poemario que pasará a la historia como la esencia del alma gitana y andaluza, a pesar de ser antipintoresco, antiflamenco y antifolclórico. No dejó pasar la necesidad de denunciar la “crueldad insospechada” que aplica la benemérita sobre la población.
Los estudiosos del Romancero gitano aseguran que el poeta creó “una voluntad de benevolencia hacia el gitano y de indiferencia o aversión hacia la Guardia Civil”. El escritor Arturo Barea dejó dicho que su descripción surge del “miedo popular” y de “un choque entre la sombría violencia organizada y la libertad humana, generosa y alegre”. Para Francisco Umbral se trata del poema español más político.
En otro poema como Reyerta, los “señores guardias civiles” son descritos como meras comparsas del juez. En Romance sonámbulo, la Guardia Civil vuelve a ser elemento de mala sombra: “Guardias civiles borrachos / en la puerta golpeaban”. También en Predimiento aparecen y siempre bajo el mismo signo de máquina de destrucción y muerte, símbolo de fuerza destructora, “que arrasa las torres de canela y las inocentes alegrías”. Literatura, sociología y política. Lorca, el poeta de mitos, no de ideas, se recreó en el fatalismo de las fuerzas del orden y se movió del sentimiento (sexo, belleza, dolor, frustración, libertad) al resentimiento (muerte, violencia, represión, soberbia).
Y su grito acabó en denuncia. Un lector de Romancero gitano, de Tarragona, presentó una denuncia contra Federico por el dichoso romance. El libro llevaba a la venta más de diez años. En una entrevista con el periodista Antonio Otero Seco, el poeta cuenta asombrado que explicó al fiscal “minuciosamente cuál era el propósito de mi romance, mi concepto de la Guardia Civil, de la poesía, de las imágenes, del surrealismo, de la literatura y de no sé cuántas cosas más”. El caso acabó archivado, en mayo, tal y como descubrió el periodista Víctor Fernández.
¿Pasaría hoy Romancero gitano el filtro de la polémica Ley Mordaza o Lorca sería multado, como Evaristo Páramos? “Lorca, Miguel Hernández, Alberti, todos caen bajo la Ley Mordaza”, asegura a este periódico el filósofo Santiago Alba Rico (Madrid, 1960). “Todo el rock duro de los años ochenta. Mis guiones de La Bola de Cristal. Claro que es un retroceso y la izquierda debería tener mucho cuidado a la hora de indignarse frente a su aplicación selectiva. No se trata de que se aplique también a los fascistas o a Jiménez Losantos. Se trata de abolirla”.
Para el autor de Leer con niños, es una ley “liberticida inseparable de la crisis del régimen y que el PP puso en marcha en el marco de una oleada de movilizaciones (del 15M a las Mareas), con el propósito de criminalizar y frenar las protestas”. Alba Rico compara esta ley con la deriva autoritaria de Ardogan en Turquía y Maduro en Venezuela.
Para Amnistía Internacional también hay motivos de preocupación respecto al ejercicio de la libertad de expresión. “Hay una legislación que está permitiendo la sanción penal de expresiones que son ejercicio pacífico de la libertad de expresión”, cuenta a este periódico Daniel Canales, investigador de AI. “El artículo 578 criminaliza formas de expresión y se ejerce de forma desproporcionada sobre la ciudadanía”.
Hay una legislación que está permitiendo la sanción penal de expresiones que son ejercicio pacífico de la libertad de expresión
La organización constata que, a partir de la reforma del Código Penal de 2015, se ha dado pie a un contexto normativo que produce “restricciones de derecho reconocidas en el ámbito internacional”. Hay disposiciones como injurias a la corona o al credo religioso que se penalizan sin actos violentos. Han dado lugar a un escenario restrictivo para las formas de expresión. “No te puedo decir si España tiene un papel de avanzadilla en la censura. No podemos afirmar si es el país más censor”, cuenta el investigador. “En nuestro entorno crecen legislaciones que caminan en la restricción de la libertad de expresión, que limitan el ejercicio de la expresión pacífica”.
Calales apunta que esta normativa parece creada para “hacer frente a toda esta movilización ciudadana”, como señalaba Alba Rico. Es decir, se criminaliza con la excusa de amenaza de terrorismo internacional. “Para AI el problema es una ley antiterrorista excesiva, que restringe de forma desproporcionada la libertad de expresión porque se está criminalizando las expresiones obviando el derecho internacional. Hay expresiones que no constituyen actos violentos que están siendo criminalizadas”, añade.
Tras el fin de ETA, el PP ha intentado prolongar esa fuente de legitimidad expandiendo los mecanismos represivos
En esa línea, César Rendueles (Girona, 1975) explica que la lucha contra el terrorismo ha sido uno de los pocos espacios políticos donde se expresaba activamente unidad social. “La inmensa mayoría de la gente participó de buena fe en el rechazo de la violencia terrorista. Y los partidos mayoritarios sacaron rédito político de esa movilización. El rechazo del terrorismo fue uno de los cementos simbólicos del bipartidismo. Por eso, tras el fin de ETA, el PP ha intentado prolongar esa fuente de legitimidad expandiendo los mecanismos represivos”.
El autor de Capitalismo canalla. Una historia personal del capitalismo a través de la literatura, cuenta que el PP ya no quiere generar un espejismo de unidad nacional, sino todo lo contrario: “La aprobación de sus votantes a costa de la polarización social. Esa es la explicación política”. La parte social es la creación por el Ejecutivo de Mariano Rajoy de herramientas policiales de “contención del malestar social originado por la crisis económica”. A ello hay que añadir los “inmensos problemas” para reclutar y formar a jueces, fiscales y policías: “La judicatura y la policía son cuerpos que han experimentado una democratización, siendo diplomáticos, incompleta”.
Sí ve un ataque a la libertad de expresión. “Asistir a un concierto punk a ver si alguien dice algo ofensivo es como ir a una corrida de toros a ver si hay maltrato animal. Para eso prohíbes el punk y acabas antes”. Coincide con Germán Cano (Posadas, 1988), para quien el peligro real de recorte de libertades es “obvio”. Por eso cree que la Ley Mordaza es un intento defensivo de “los poderes del Estado más reaccionarios” frente a la atmósfera del 15M. La deriva coactiva es intensificada ante la “evidente crisis de mediadores”.
“Odiar es un derecho democrático”, asegura rotundo el filósofo Alberto Santamaría (Torrelavega, 1976). Estas leyes antiterroristas no suponen un retroceso: “Es más bien la producción de una nueva forma de entender la libertad. Es más peligroso. Mientras existía apatía democrática todo marchaba bien. Al fallar esto, todo se pone patas arriba. No se recuperan viejas formas autoritarias, sino que se está gestando ahora una nueva forma de autoritarismo, al cual se le está dando forma”. Para el autor de En los límites de lo posible, es un nuevo “fascismo”, un “monstruo autoritario”.