Sociedades cuya exclusiva finalidad era obtener ilícitamente una menor tributación de las rentas. Sociedades pantalla, sin personal ni medios, para tributar menos que un trabajador a sueldo. Sociedades en las que se desgravaba como gastos corrientes como el colegio de los niños, barcos, coches deportivos y segundas residencias. Sociedades que existían desde hacía más de 20 años antes de que, en 2003, un cambio legal acabara con la posibilidad de crearlas para simular prestación de servicios profesionales.

Sociedades con las que no se oculta a la Hacienda pública los ingresos, que son faturados, contabilizados y declarados trimestralmente. Sociedades por las que Hacienda ha multado a un buen número de abogados, actores, cantantes, periodistas y cineastas por cobrar a través de sociedades en vez de tributar por el IRPF. El ministro de Cultura y Deportes, Màxim Huerta, también en 2006, 2007 y 2008 a través de Almaximo Profesionales de la Imagen SL. En Onda Cero, el ministro se excusaba de la siguiente manera: "Así lo hacíamos todos. Te lo recomendaban".

Eludir hasta un 25%

Cristóbal Montoro intensificó la caza contra periodistas y presentadores y tuvo respaldo en los tribunales. Entre los pocos que lograron demostrar su legalidad fueron Paz Padilla y María Teresa Campos. Ellas justificaron el uso de una sociedad para cobrar de televisión. Pero durante años fue lo común: los asesores fiscales recomendaban a sus clientes que más facturaban crear una sociedad para tributar por el Impuesto de Sociedades y no por el IRPF. El ahorro es casi de un 25%. Los tribunales han dado la razón a Hacienda, que señalan que el beneficio para la persona física es obvio.

La infracción del ministro de Cultura y Deportes sucedió cuando trabajaba como presentador en El programa de Ana Rosa, en Telecinco. La sentencia de 2017, publicada por El Confidencial, dice que es “legítimo”, pero que los gastos alegados eran personalísimos, como una vivienda en Alicante. Su actuación no ha sido calificado como ilegal, sino como “negligente” por eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales tributarias. No es un fraude, es una infracción.

Monedero, Cañete y Montoro

Juan Carlos Monedero evitó incurrir en una infracción tributaria en relación con los ingresos que recibió en 2013 por asesorar a Gobiernos latinoamericanos al presentar una declaración complementaria a Hacienda (antes de que Hacienda le notificase una investigación). Así el secretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos quedó en paz con el fisco, en 2015, pero renunció al partido.

De esa manera, Monedero se libró de la sanción de los intereses de demora (aunque tuvo que pagar un recargo del 15% por declarar parte de sus ingresos fuera de plazo). Para la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) el caso de Monedero fue “un claro caso de fraude tributario”. Y el número tres de Podemos desapareció de la presencia pública del partido (sin tener un cargo público).

En esa campaña iniciada por Cristóbal Montoro también cazó a Miguel Arias Cañete por su declaración de la renta de 2011, donde el ex ministro (y actual comisario europeo) había simulado gastos en Ceuta, donde tiene su petrolera, pero en realidad operaba desde Jerez. Hacienda le castigó con 15.451 euros (que se ahorró).

Es una infracción con multa, que recurrió a Hacienda y perdió. Para el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), el ministro cometió varias infracciones “leves”, pero “podemos hablar de fraude, aunque no de delito fiscal por la cantidad defraudada”. Carlos Cruzado, de Gestha, asegura que las infracciones tienen una actitud voluntaria y culpable y que no hubo un “cambio de criterio”, como ha especificado Huerta. “Desde el año 2000 hubo una campaña de transparencia ante el uso de las sociedades como pantalla para eludir el pago de impuestos. Esto nunca se ha permitido”. Tanto Podemos como el PP ha pedido la dimisión o cese de Màxim Huerta.