La Cultura estrena derechos laborales por unanimidad (y sin Montoro)

La Cultura tiene dos motivos que celebrar: el Congreso de los Diputados ha creado un documento de resistencia contra la precariedad laboral de los creadores [éste] y, dos, ha llegado Pepe Guirao para defenderlo en el resto de los ministerios implicados (desde Hacienda a Seguridad Social). El Estatuto de los Creadores no es un conjunto de normas a aplicar de inmediato, sino un informe hecho por diputados de todos los partidos políticos -no expertos en fiscalidad- que tiene que ser consensuado con los altos funcionarios para aplicarlo. Hoy nace protegido al amparo de la unanimidad, pero el trabajo duro empieza ahora. Tiene algo más a su favor: Cristóbal Montoro ya es historia.

“Mejorar las condiciones de creación, mejorando las condiciones de vida y de trabajo de los creadores en diálogo con el Gobierno y con posibilidades abiertas”, reflexiona José Andrés Torres Mora, portavoz socialista en la subcomisión de cultura que ha trabajado en este documento, orientado más para la Administración que para los artistas. Es una guía práctica para tener en cuenta los derechos de los trabajadores culturales, para que dejen de ser invisibles y garantizar las prestaciones a las que tienen derecho. “Es un documento para el buen gobierno de la cultura. Se puede aplicar mañana mismo, pero tenemos que llevarlo a las otras comisiones, visitaremos otros ministerios y lo contaremos”, añade Torres Mora.

Ampliación de derechos

La intención del texto no pretende tanto la creación de un estatuto como la modificación de todas las leyes que afectan a los creadores. Los diputados -huérfanos a su vez de recursos y de la complicidad del Gobierno del PP, en las 24 reuniones celebradas- han escuchado durante un año las necesidades de todos los sectores de la creación, para señalar las especificaciones que afectan a los creadores para garantizar su protección laboral.

Eduardo Maura, portavoz de Unidos Podemos, apunta que el informe reconoce la ampliación de artista a trabajador cultural y reconoce, de esta manera, situaciones invisibles hasta el momento. “Se introducen prestaciones muy significativas, sobre todo para los trabajadores intermitentes. Esta ampliación de derechos es muy importante”.

Cuestión de justicia

Para asumir la intermitencia laboral propia del trabajador cultural, el texto recomienda la promedia de ingresos basada en medias móviles declarados en los últimos cuatro años. Pide también la exención del 30% para esas rentas irregulares, “altamente fluctuantes en su importe de uno a otro ejercicio”. Es decir, una autora que publica un año y se dedica cuatro a escribir no puede pagar lo mismo en ese periodo.

“No hablamos de privilegios, es una corrección de desigualdades e injusticias en fiscalidad y en prestaciones como la jubilación y los derechos de autor”, explica a este periódico Félix Álvarez, portavoz de Ciudadanos. “La intención es facilitar y flexibilizar las prestaciones. Puede ser un cambio de paradigma. El Estado no respetaba a la cultura, no la trataba como lo excepcional que es”.

Cuerpo legislativo

El informe no tiene una vinculación legal, pero sí moral. La voluntad política ha quedado demostrada y por unanimidad. Los 75 puntos recogidos en este texto, realizado junto a 31 representantes de colectivos profesionales, "hay que darle cuerpo legislativo", según han puntualizado los diputados.

El informe también pretende que el Gobierno haga compatible el cobro de derechos de autor y la percepción de la pensión de jubilación, con especial en los casos de los creadores más vulnerables y que reciben una pensión no contributiva, como sucede en otros sectores (profesorado universitario emérito o personal sanitario emérito).