SGAE aplaza su asamblea por el requerimiento de Cultura para que los socios que abandonan voten

El 15 de octubre estaba marcado en rojo en el calendario de todos los socios de la SGAE. Era la fecha de la segunda asamblea, necesaria para aprobar los nuevos estatutos de la entidad tras no conseguirlo en junio, cuando un 62,78% votaron a favor, cerca de los dos tercios requeridos pero no suficiente. Todos los socios saben de la necesidad de la aprobación de los estatutos, especialmente para poder recoger las novedades de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, por ello esta segunda asamblea era tan importante.

Sin embargo, la junta directiva de la SGAE ha decidido aplazar la asamblea a una fecha todavía sin decidir tras el requerimiento remitido el 11 de septiembre por el Ministerio de Cultura (firmado por el subdirector general, Carlos Guervós Maíllo) en el que solicitan a la entidad pruebas de que no les van a retirar el derecho a voto a los socios que han decidido abandonar la entidad, muchos de ellos pertenecientes a las llamadas multinacionales (que votaron mayoritariamente en contra de los nuevos estatutos en la anterior asamblea). Un derecho que, según fuentes conocedoras del asunto, las multinacionales perdieron al solicitar la retirada de su repertorio de la SGAE, según el artículo 27 de los estatutos vigentes, al pasar a ser“socios no estatutarios”.

La entidad se enfrenta a una difícil decisión: no cumplir sus estatutos podría llevar a una impugnación de la asamblea por parte del resto de los socios, mientras que cumplirlos y dejar sin voto a las multinacionales que solicitaron su baja de las SGAE podría desencadenar acciones del Ministerio de Cultura. Según dichas fuentes, se da “la paradoja de que algunos de los máximos responsables actuales de estas multinacionales formaban parte de la Junta Directiva de la SGAE, entre ellos el propio Rafael Aguilar, que aprobó los estatutos vigentes, votando a favor del artículo 27 que retira el voto a los socios que solicitan la baja”.

Apuntan al lobby de las multinacionales, al frente de cuya asesoría legal muchos sitúan al abogado Pablo Hernández, ex director jurídico de SGAE ique fue imputado por la Audiencia Nacional en 2015). Con esto buscarían controlar la gestión de los derechos de autor en España. Muchos creen que frenar la aprobación de los nuevos estatutos provocará la intervención de la entidad por el Ministerio de Cultura (cuya Directora General de Industrias Culturales fue asesora jurídica de SGAE), que ya fracasó en su intento de intervenir SGAE, parado por la Audiencia Nacional a principios de este año.

“La batalla es política, pero también económica. No se trataría solo de controlar la SGAE en un futuro inmediato, sino de favorecer a entidades privadas de gestión de derechos que están instalándose en España, y que ya han creado una red de captación de artistas fichando, en algunos casos, a propios profesionales que estuvieron en SGAE”, agrega una de las fuentes consultadas.

Muchos han criticado que “el gobierno, y más tratándose de uno de sesgo progresista”, parezca “defender a las multinacionales” y esperan que en la próxima asamblea pueda resolverse este bloqueo, que llega precisamente en el 120 aniversario de la entidad, que es la primera asociación autoral del mundo y la cuarta entidad de gestión de derechos, con más de 120 mil socios y que representa el 70% de los derechos de autor en España.