El teatro público es deficitario en todas sus representaciones, tal y como desvela el informe de fiscalización sobre las cuentas de 2015 del Instituto de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), que ha ejecutado el Tribunal de Cuentas. Los ingresos de las 21 representaciones analizadas no llegan a cubrir los costes de las producciones realizadas por el Centro Dramático Nacional (CDN), el Centro Nacional de Teatro Clásico (CNTC), el Teatro de la Zarzuela (TLNZ), Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE), Centro Nacional de Danza (CND) y Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). Ninguna de las obras programadas y montadas por alguna de estas instituciones públicas es rentable.
Sólo el XXI Ciclo Lied pudo recuperar la mitad de lo invertido a través de la venta de entradas. Se invirtieron 308.641 euros y se ingresaron 155.188 euros. El peor resultado de las obras analizadas es el de Bangkok, programada entre octubre y noviembre de 2015, que sólo logró recuperar el 2% de lo gastado: 7.423 euros de 355.443 euros. La obra dirigida por Antonio Morcillo e interpretada por Dafnis Balduz y Fernando Sansegundo era una coproducción del CDN, La Villarroel y el Grec, y trataba el encuentro entre un viajero y un guarda de seguridad en un aeropuerto inaugurado que nunca ha estado operativo. En su diálogo saldrá a la luz la situación política del país. La actualidad no fue suficiente para el público.
La obra que mejor rendimiento económico tuvo en el Centro Dramático Nacional, dirigido por Ernesto Caballero, fue La Ola, de Ignacio García May, dirigida por Marc Montserrat e interpretada por ocho actores, programada de enero a marzo de 2015. El montaje recibió 168.918 euros de ingresos y costó a la institución 820.023 euros, es decir, recuperó un 21% de lo invertido. En la obra, un profesor de instituto traba de enseñar a sus alumnos de Historia cómo pudo forjarse el nazismo y los campos de concentración. Los seis alumnos debían seguir unas reglas estrictas con las que experimentarían en primera persona ser víctimas del totalitarismo.
La más cara
La institución menos rentable de todas es el Teatro de la Zarzuela, sobre todo por los elevados costes de cada una de sus producciones y los escasos rendimientos en ingresos por taquilla de cada una de ellas. Ninguna de las producciones programadas por Paolo Pinamonti (que el año auditado fue sustituido por Daniel Bianco), recuperó más del 13% de lo invertido en ellas. De hecho, el montaje más caro de todos ellos fue Lady Be Good, de Gershwin, que costó a las arcas públicas 3.248.889 euros y recuperó por taquilla 209.137 euros, es decir, un 6% de lo invertido.
Sin embargo, la pieza que menos recaudó en 2015 fue la zarzuela bufa sobre la extravagante y tiránica aristócrata La gran duquesa de Gerolstein, de Henri Meilhac y Ludovic Halévy, con música de Jacques Offenbach. El género más despreocupado se convirtió en un mecanismo de denuncia de primer orden en el siglo XIX, pero en la actualidad fracasó: ingresó por entradas 141.638 euros, pero se gastaron 2.307.093 euros. Un 6% recuperado de lo invertido.
El fiscalizador comenta en el informe lo llamativo de los gastos de montaje de esta pieza programada en la Zarzuela, pero también los de Los Galanteos de Venecia y Enrique VIII y la cisma de Inglaterra (en el CNTC). En estas “los costes primarios de montaje han alcanzado el 60% de los costes primarios de exhibición”. Lo más caro son los costes de montaje y la preparación de coreografías.
La más rentable
La unidad más rentable de todas es el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), “en la que las cinco actividades seleccionadas están entre las que mayor tasa de cobertura de los ingresos por venta de entradas han tenido sobre los costes totales”. Destaca también Universo Barroco, con 108.636 euros por ingresos y 252.333 euros en gastos.
De entre las obras analizadas la que más ingresos ha logrado es El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, dirigida por Helena Pimenta (versión de Álvaro Tato), con un elenco de 20 intérpretes entre los que destacaban Carmelo Gómez y Clara Sanchis. Programada en el Centro Nacional de Teatro Clásico, recaudó 323.493 euros (con una inversión de 1.767.376 euros, un 18% de recuperación).
El fiscalizador del informe del Tribunal de Cuentas aclara que “los ingresos por venta de entradas no cubren la totalidad de los costes primarios de exhibición”. Sólo el ballet de Carmen, del Centro Nacional de Danza, cubre gastos, pero añade que al tenerse en cuenta los costes repercutidos de la actividad de exhibición, “ninguna representación cubre los costes registrados con los ingresos por venta de entradas”.
Fuera de control
¿Hay alguna repercusión sobre los responsables de la gestión de estos espacios? No, ninguna. El INAEM, dirigido por Montserrat Iglesias Santos, insiste en sus alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas en el “carácter programático y no normativo del Código de Buenas Prácticas”. Y señala que “no hay consecuencias ante su incumplimiento”. El propio INAEM explica al Tribunal de Cuentas lo siguiente: “La aprobación de los estatutos de las unidades del INAEM ha supuesto de este modo la derogación del Código de Buenas Prácticas y su sustitución por las normas de funcionamiento contenidas en los mismos”.
El Tribunal de Cuentas advierte que ninguno de los estatutos ha derogado expresamente el Código, así que son válidos. De hecho, el Código de Buenas Prácticas en su artículo 6 prevé la evaluación de la gestión de los directores de los centros en función de unos objetivos marcados. Se valora no sólo el “resultado directo” sino el “impacto real”. Pero esto no se ha hecho.
El informe aclara que -por su cuenta- ha analizado la eficacia y eficiencia de la gestión de las unidades del INAEM, relacionando el coste de explotación con el número de espectadores o visitantes totales que, según los datos aportados por el Organismo, “ascendió a 1.108.091 y se ha comprobado que los ingresos medios por espectador (10,74 euros) sólo cubrieron el 18% del coste medio por espectador (58,13 euros)”.
Sin evaluación financiera
A pesar de este dato, tres centros no han aportado ninguna documentación relativa al Código de Buenas Prácticas: Centro Nacional de Teatro Clásico, el Auditorio Nacional de Música y Castillo-Palacio de Magalia. Además, seis de los once centros del INAEM tienen un Estatuto propio en el que se preveía aprobar un Plan Director para fijar los objetivos a alcanzar por cada unidad.
Por si fuera poco, “ninguno de los cinco planes directores aprobados ha previsto la existencia de un marco financiero, contraviniendo lo previsto en el artículo 11 de sus respectivos Estatutos”. De esta manera, no hay responsabilidades sobre la adecuación a las disponibilidades presupuestarias en cada momento. El INAEM alega que con las memorias elaboradas para los Presupuestos Generales del Estado es suficiente.
El Tribunal de Cuentas es tajante en este aspecto: “En ninguno de los documentos aportados por el INAEM se definieron indicadores de seguimiento de carácter objetivo con las unidades”. No hay manera de controlar el grado de consecución de los objetivos estratégicos previstos en el Plan director. Tampoco hay forma de “valorar y analizar las desviaciones producidas”. Ni siquiera hay objetivos que evalúan el llamado “impacto real de la gestión de los directores de los centros, como prevé el artículo 6 del Código de Buenas Prácticas”. El Tribunal de Cuentas asegura que el único criterio existente es el de la realización de un número de espectáculos concretos, sin tener en cuenta en ningún caso el público asistente.
Sin autoevaluación
El panorama que dibuja el Tribunal de Cuentas sobre la gestión de Montserrat Iglesias Santos es caótico: la documentación presentada por los distintos centros no es homogénea en transparencia de público asistente. Tres de los ocho centros que presentaron esta información no suministraban ningún dato sobre la asistencia de público. Otros aportan alguna información, otros el número de espectadores totales…
Pero tampoco la documentación sobre los ingresos ha sido transparente. Algunos no facilitaron datos de ingresos, otros daba datos globales y sólo el CDN informó sobre las previsiones de ingresos y espectadores de los espectáculos.
El artículo 18 del Código de Buenas Prácticas prevé la realización de una autoevaluación efectuada por la dirección del INAEM, pero el INAEM señala que hasta 2017 no se ha llevado a cabo niguna autoevaluación. El panorama es desolador.
Lluvia de invitaciones
Sobre la política de invitaciones del INAEM el Tribunal de Cuentas también tiene algo que aportar: en 2015 la política de entrega de invitaciones de cada unidad es aleatoria por el personal directivo de cada una, “sin que por parte de la Dirección del organismo se aprobaran unos criterios escritos previos sobre la entrega de invitaciones”. En las 21 obras analizadas por el Tribunal de Cuentas se concluye que el 12% de las entradas son invitaciones.
El Ballet Nacional de España es el centro que más invita. El que menos, la Orquesta y Coro Nacionales de España. “En tres actuaciones [de las 21 analizadas] el número de invitados superó el 40% del nivel de ocupación”. En todas las obras o actuaciones analizadas “se sobrepasó el límite de invitaciones” indicado en el documento de “Política de invitaciones”, elaborado a partir de la fiscalización del INAEM.