Un centenar de los más reputados profesores de Historia Contemporánea de varias universidades españolas y extranjeras han salido en tromba para desmentir la "falacia" de los argumentos esgrimidos por Vox para retirar los nombres de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto del callejero de Madrid. La propuesta fue aprobada la semana pasada en el pleno del Ayuntamiento con los votos favorables de PP y Ciudadanos.
José Álvarez Junco, Julián Casanova, Paul Preston, Walther L. Bernecker, Xosé M. Núñez Seixas, Ángel Viñas, Gutmaro Gómez Bravo o Emilio La Parra López son algunos de los firmantes del "informe técnico" publicado en el blog académico Conversación sobre la Historia que analiza y rebate en trece puntos el argumentario de la formación de extrema derecha. Según Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, los antiguos dirigentes del PSOE fueron unos "auténticos criminales".
Los historiadores concluyen que, además de "la penosa articulación formal de sus argumentos", los artífices de la propuesta "han recurrido para elaborarla a los viejos y desacreditados clichés pseudohistóricos de la propaganda franquista, acarreando de forma confusa los mitos guerracivilistas enunciados en 1939 por el Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936"; es decir, el informe realizado por los sublevados para justificar el golpe de Estado.
Se trata de una "prueba de verificación" con "pruebas documentales" que los expertos ponen a disposición de la comisión que supuestamente se creará antes adoptar la decisión definitiva sobre este candente debate. "Este juicio técnico preliminar aspira a convertirse en un futuro próximo en un informe donde se clarifique de una vez por todas la ejecutoria de estas dos importantes figuras de nuestra historia contemporánea, sustrayéndolas de las maquinaciones propias de la baja política", apuntan.
Indalecio Prieto, durante un mitin.
A lo largo de los trece puntos, los historiadores rechazan las afirmaciones vertidas por Vox en base a "investigaciones de acreditada solvencia entre la comunidad científica". Sobre la controvertida figura de Largo Caballero, presidente del Consejo de Ministros de la Segunda República y ministro de la Guerra entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, señalan que no fue condenado por "pillaje", sino por un delito político en 1917. El futuro dirigente socialista y el resto de responsables de la huelga general que buscaba forzar la democratización del país fueron sometidos a un consejo de guerra y condenados por sediciosos a cadena perpetua, aunque obtuvieron la amnistía al año siguiente.
En cuanto a los sucesos de Asturias de octubre de 1934, los historiadores recuerdan que "como puede constatarse en el suplicatorio depositado en el Archivo del Congreso de los Diputados, fue imputado por la jurisdicción castrense por un presunto delito de rebelión militar a raíz de los preparativos de la revolución de octubre de 1934. Tras la presentación de un recurso para que fuera juzgado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ésta le absolvió de todos los cargos por falta de pruebas el 30 de noviembre de 1935".
Es más, señalan que la intentona revolucionaria de 1934, calificada por Vox como "régimen de terror" y "uno de los episodios más sangrientos de nuestra reciente historia previos a la Guerra Civil", cogió "por sorpresa" a los máximos dirigentes socialistas y ugetistas, entre los que se encontraba Largo Caballero. Este fue detenido el 14 de octubre, "después de un continuo trasiego de domicilio en domicilio, con lo que difícilmente pudo influir en la deriva violenta de la revolución asturiana", aseguran los profesores de Historia Contemporánea.
Represión de retaguardia
El "saqueo del Banco de España", el episodio del manido oro de Moscú, es otra de las armas que ha utilizado Vox. "Ni Largo Caballero, ni Negrín ni Prieto robaron las reservas del Banco de España, sino que, en acto de legítima defensa, las emplearon en la adquisición de armas para sostener la resistencia de la democracia republicana contra el golpe militar-monárquico-fascista, como está demostrado documentalmente desde hace más de medio siglo", afirman los historiadores.
La formación de Santiago Abascal también ha esgrimido que bajo la presidencia de Largo Caballero se cometieron "las mayores atrocidades en la zona republicana". Los historiadores aseguran que fue "todo lo contrario": "La recuperación paulatina de la autoridad del Estado con la eliminación de las milicias de vigilancia en retaguardia y la canalización y limitación de la represión política (habitual en toda guerra) por medio de los tribunales populares". No obstante, los expertos reconocen que el 80% de las víctimas de la retaguardia republicana se registró en los cinco meses iniciales de la contienda, sobre todo durante el mandato de José Giral.
Vox, por otra parte, ha apuntado que "la llegada de Indalecio Prieto a la presidencia del PSOE en 1935 supuso el comienzo de una deriva revolucionaria y radical junto a Largo Caballero como secretario general de UGT". Los firmantes del informe dicen que es errónea, y remiten a las "de sobra conocidas discrepancias" del líder socialista con su compañero. De hecho, Largo lo vetó en mayo de 1936 para liderar el nuevo gobierno del Frente Popular.
Azaña, Negrín y Miaja visitan el frente del centro en noviembre de 1937
También desmienten la participación del PSOE o del entonces Gobierno de Casares Quiroga en el asesinato de Calvo Sotelo, el líder de la derecha monárquica, el 13 de julio de 1936. Ni que fuese perpetrado por 'La Motorizada', la guardia de protección de Prieto frente a posibles atentados falangistas. "El que uno de sus miembros, Victoriano Cuenca, participase en la detención y asesinato (...) no supone la complicidad de este grupo o la personal de Prieto", zanjan. También refieren que no se puede acusar de "represión indiscriminada" al socialista moderado por los hechos de Asturias.
Por último, desmientan que la Segunda República pueda ser considerada un régimen totalitario al no cumplir los rasgos fundamentales de ideología oficial y bien perfilada, un partido único de masas liderado por un dictador, un sistema de control policial de tipo terrorista o el control de todos los medios efectivos de combate armado.
"Salta a la vista que ninguna de estas características puede ser asignada a la democracia republicana, que se defendió con todos los medios legales a su alcance del ataque del militarismo y el fascismo", concluyen. "Estos sí que instauraron un régimen tendencialmente totalitario: el franquismo, que ha sido condenado repetidas veces por la ONU, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, pero nunca explícitamente por Vox".
[Aquí puede consultar el informe completo]