Mañana martes continua la función en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Se celebra la primera Junta Directiva tras la expulsión de tres grandes editoriales (Peer Music, Warner y Emi/Sony) y, tal y como ha sabido este periódico, no habrá representación del Colegio de Editores en el órgano, en solidaridad contra la expulsión. Los editores se han levantado en rebeldía por el gusano que sigue pudriendo la manzana: “la rueda” y el presunto enriquecimiento fraudulento de unos pocos.
La sustitución de los tres editores es el episodio capital de la orden del día y la presidencia se está moviendo para construir una nueva legalidad que impida el regreso de los tres expulsados, si el juez acepta el recurso presentado, y que aconseje a los candidatos a no incurrir en los motivos por los que fueron expulsados los anteriores. EL ESPAÑOL ha tenido acceso al documento que los servicios jurídicos de SGAE han elaborado, para reformar el artículo 50 de los Estatutos de la SGAE, que aclara la situación de los editores candidatos a la Junta Directiva e impide un posible retorno de los expulsados.
El artículo determina las causas de inelegibilidad que un candidato “debe evitar para poder presentar y ser proclamada su candidatura”. Después de la sentencia del Juzgado de primera instancia número 17 de Madrid, el 11 de octubre de 2017, no podrán ser elegibles los socios que sean titulares de alguna empresa o entidad de cualquier tipo, “usuaria habitual del repertorio de la SGAE”. Tampoco “los titulares, partícipes o socios de alguna empresa o entidad de cualquier tipo, usuaria habitual del repertorio de la SGAE”.
Reformar sin editores
De esta manera, los Estatutos anulan a todo representante cuyo objeto social esté vinculado al uso del repertorio de la SGAE, para no incurrir en un conflicto de intereses. La Junta ha constituido una “comisión deontológica” que certificará si los candidatos son aptos. En el informe jurídico se apuntan los seis candidatos, que salen de la lista de los más votados en las últimas Elecciones: Pablo Pinilla, Rumor, Busindre, Clippers, El Retiro y Nemo.
El informe señala que todos los candidatos incurren en actividades mercantiles no permitidas en el nuevo artículo 50. Porque todas se benefician del repertorio. Este periódico ha sabido que Clippers y Nemo no se presentarán, porque son editores. También Busindre (del gaitero Hevia) actúa como editor, pero seguirá adelante.
Hasta el fondo de la rueda
Llama la atención la antigua participación en Busindre de Nuria Rodríguez, directiva de Atremedia acusada en el auto judicial de ser la persona “que dirige la actuación de los principales miembros de la rueda para la perpetuación del sistema”.
Este dato consolida un relato de los acontecimientos a favor de la rueda: tras el escándalo del fraude criminal investigado, los editores fuerzan a Sastrón a aceptar el laudo de la OMPI -que deja los beneficios del 50% en un 15%-. Los ruedistas estarían molestos con esta medida. “Pero en el reparto de 2017, Sastrón no ha incluido los meses atrasados. Lo ha hecho para no cabrear a los de la rueda, porque eso supone muchos millones de euros. Han aplicado el laudo a su manera”, cuenta un editor a este periódico.
Tras aplicar el Laudo y superar una moción de censura (gracias a los votos de los editores), llega la denuncia contra los editores para sacarlos de la Junta Directiva. La ejecuta el propio Sastrón sin pasar por la Junta. Y así, lo que parecía el final de la rueda, tras la entrada de estos nuevos editores vinculados al fraude, no es más que el refuerzo de una manera de actuar sin final.
El nuevo golpe de 'la rueda'
Los editores con los que ha hablado este periódico acusan a la cúpula de la SGAE (José Miguel Fernández Sastrón) de fortalecer “la rueda”, con la llegada de tres editores a la Junta Directiva que protegen los intereses ruedistas. De esta manera, el control sobre la nave de la sociedad de gestión de derechos de autor quedaría a un paso de la mayoría. Sastrón tendría a su favor los votos del Colegio de Pequeño Derecho (16) y tres de los 8 del Colegio de Editores Musicales. En contra, los 9 del Colegio de Obras Audiovisuales y los 6 del Colegio de Gran Derecho.
Casi un empate técnico con otra clave a favor de Sastrón: los editores no acudirán a la votación al declararse en rebeldía. Esto allana definitivamente el terreno a las votaciones de mañana, y toca presupuestos. Queda pendiente la posible expulsión de otras tres editoriales de la Junta: BOA, BMG y Producciones Manuel Alejandro.
La SGAE recomienda
Sin embargo, para que la lista pueda correr y puedan habilitarse los candidatos -dado que todos participan como usuarios-, el documento del servicio jurídico funciona más como un informe de recomendación, que de delación. Entre los puntos se puede leer cómo “se recomienda que el candidato elimine cualquier mención en su objeto social que pueda ser incompatible no sólo con la condición de candidato, sino con la propia condición de socio editor”. Bastará con eso, hacer desaparecer (de las webs) la mención.
De hecho, en el informe emitido por el servicio jurídico se obvia la presencia de Nuria Rodríguez en Busindre en las últimas elecciones, que da por válido para ser nuevo miembro de la Junta, y apunta: “No se ha detectado ninguna actividad que pudiera ser considerada como causa de inelegibilidad. Se recomienda modificar el objeto social eliminando referencia a producción y actividad discográfica”. También da luz verde a Pablo Pinilla Producciones.
Para rematar la jugada, Sastrón ha creado una nueva legalidad “que se ha sacado de la manga”: los miembros de la Junta Directiva votarán si entran los nuevos editores al órgano o no. Para los editores consultados esta decisión debería ser automática, como ha ocurrido en casos recientes con la muerte de Ana Diosdado y Manolo Tena. Un método de paja porque (sin los editores presentes) tiene los votos controlados. Es un invento aparentemente democrático para evitar las sospechas que lo señalan como brazo armado de la rueda. ¿Y el Ministerio de Cultura?