El Gobierno va con retraso también con la Ley de Propiedad Intelectual. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte debería haber obedecido a la Unión Europea y resuelto la liberalización del mercado de la gestión de de derechos de autor antes de acabar 2017. No lo ha hecho. Ahora, tal y como ha podido saber este periódico, el equipo de la Secretaría de Estado de Cultura de Fernando Benzo negocia la retirada de la multa por no haber hecho los deberes.

Tenían dos años de plazo y los dejaron pasar. Y de momento no tienen más que el borrador, abierto a las alegaciones desde el pasado mes de diciembre. No hay fecha de cierre, no han consultado a la oposición y la multa, de 100.000 euros diarios, terminará pasando factura. En septiembre de 2018 debería estar aprobada la transposición de la ley en el Congreso de los Diputados y en abril de 2019, ejecutada.

Con la liberalización del mercado de las sociedades de gestión de derechos de autor se pondrá fin al monopolio ejercido por ocho entidades. Los autores podrán entregar a quienes quieran la gestión de sus cuentas y evitar los escándalos y la opacidad de mala praxis que ha tenido la SGAE hasta ahora. Esta entidad -desprovista del control totalitario de los creadores- verá la llegada del nuevo paradigma legal y refundación a la fuerza de un modelo que le impondrá mayor control público y una transparencia absoluta sobre la remuneración de los autores.

Final del monopolio

Hasta entonces, cualquier empresa que quiera operar en este país necesita el beneplácito del Ministerio. La única vez que se rompió el monopolio fue el día en que Mariano Rajoy, como ministro de Educación, Cultura y Deporte, concedió a DAMA, en 1999, la licencia para actuar. Con ella, son ocho las entidades las que se dedican a la gestión colectiva de los derechos: SGAE, CEDRO, VEGAP, AIE, AGEDI, AISGE y EGEDA.

Aunque se libere el sector, estas sociedades sin ánimo de lucro seguirán gestionando los derechos colectivos. Por ejemplo, los directores o guionistas no llevan una gestión independiente de los derechos de una película que se pasa en un cine o una televisión. Se hace de manera colectiva y son las entidades mencionadas hacen de puente (intermediario) entre titulares y usuarios.

Con la adecuación a la ley europea, la norma española permitirá la implantación de cualquier operadora, con ánimo de lucro, con la que los autores podrán acordar la gestión de los beneficios de sus propiedades. Y España se convertirá en un amplio campo de cultivo para implantarse. La primera en anunciar su llegada es Unison -de raíz británica-, que en su página web anuncia que usarán la tecnología la tecnología para auditar on line y al instante los derechos y la facturación.

¿Una agencia Google?

“Pagamos a tiempo: las demoras en el pago han terminado”, avisan. “Buscamos propietarios de derechos líderes en su espacio, ya sean editores o autores”. El modelo que proponen no lo conocen los autores: tienen un seguimiento de los derechos, con un informe completo de lo generado y con transparencia. Sin embargo, todavía no es más que una promesa, acaso el primer lanzamiento publicitario de la empresa en España. Su web apenas es un anuncio con un buzón de correo electrónico, porque de momento no hay ley que ampare su actividad en territorio español.

Cuando la transposición se apruebe y el mercado se haya liberalizado la primera empresa en sacar su agencia de gestión de derechos aquí será Google, comenta una abogada especializada en propiedad intelectual. “Google se ahorrará los intermediarios. Ahora tienen que pagar a la entidad de gestión y esta a los autores. Abrirán su propia gestión y se ahorrarán un tramo”, cuenta.

La pelea del futuro inmediato será por los grandes recaudadores, como Alejandro Sanz o Pablo Alborán. Porque este modelo más transparente y eficaz va a beneficiar, sobre todo, a los músicos superventas. Las nuevas operadoras querrán trabajar con los autores cuyos derechos más beneficios generen y estos, tras los escándalos y las amenazas recibidas a raíz del fraude de “la rueda”, no tendrán muchos reparos en salir huyendo de la SGAE.

La pelea por los grandes

Sanz está agotado. Ha llegado a recibir amenazas del propio director jurídico de la SGAE, Antonio Martínez Bodí. El músico ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional y de la Policía Judicial encargada del caso las aseveraciones del directivo. 

“Si eres una editorial o un autor, conocerás todo el uso que se hace de tu música y cobrarás de una forma rápida y sencilla”, reza el anuncio de Unison. Tal y como está el panorama entre los autores musicales, no parece difícil atisbar una desbandada múltiple de una sociedad -sin ánimo de lucro- atorada por la corrupción, en el mismo momento en que empiezan a operar estas empresas que ya actúan en Francia, Reino Unido o Italia.

Para el responsable del área cultural del PSOE, Iban García del Blanco, “no deberían establecerse criterios de igualdad, porque la gestión colectiva no establece el ánimo de lucro a pesar de la mala praxis que se ha mantenido hasta ahora”. Cree el especialista en Propiedad Intelectual que la liberalización dará a los autores más capacidad de elegir, entre la autogestión y la externalización.

Transparencia y eficacia

“Lo que realmente me provoca más dudas es si este sistema está pensado para facilitar la vida a quienes menos recaudan”, cuenta a este periódico. La oposición al Gobierno ve en el futuro el final de la SGAE tal y como hemos conocido. El final del paradigma del monopolio. Los grandes autores la abandonarán -negociando la salida- y, posiblemente, se quedarán los pequeños (si no se unen en una coalición similar a Merlin).

Las entidades sin ánimo de lucro asisten -con el 20% de lo que reciben por copia privada- a proteger a los más autores en riesgo social y a fomentar la cultura. Víctor Romano, de DAMA, avisa sobre la necesidad de mantener esta protección ante la intermitencia laboral de los creadores culturales. A pesar de ello, señala que la liberalización del sector debería ser un aliciente esencial para que la competencia haga todo mucho más efectivo. “El legislador ha optado por los criterios de la competencia, pero no sé si esto a la larga va a añadir más eficacia, porque todo estará mucho más parcelado y fragmentado”, añade.

A pesar de que la salida de los autores de la SGAE no será inmediata, el sector camina, como ocurre en Francia, a la dispersión extrema de los derechos. Y aunque se mantengan en pie las ocho entidades para los derechos colectivos, los autores podrán firmar con una entidad para explotar sus derechos en redes, con otra para los de variedades (televisiones y bodas) y otra para los de gran derecho.

Contra el reparto injusto

“Se acabó el cachondeo del pendiente por identificar y las franjas nocturnas”, cuenta David García Aristegui a este periódico, autor de SGAE: el monopolio en decadencia (Consonni). “Es el final del reparto injusto: cambiará el reparto en A y el reparto en B, el no identificado”. Para entendernos, los derechos sin identificar llegaron a acumular 180 euros de ingresos a la SGAE en 2007. En 2016 acumularon 74,9 millones de euros. 

Los avances tecnológicos y herramientas de búsqueda y rastreo de los propietarios de esos derechos han avanzado mucho. La revolución digital puede acabar con el monopolio de la lesión de los derechos no reconocidos. Hay nuevos identificadores y las bases de datos que se comparten de manera internacional han crecido. Sólo falta la voluntad política para rematar la reforma legislativa más importante de la legislatura. El PP ha perdido la mayoría, pero tiene a la oposición de su parte para cerrar este capítulo.