La última llamada para salvar a una de las joyas del patrimonio industrial internacional -la Fundición Averly de Zaragoza- no ha sido atendida: aunque Zaragoza en Común lanzase el pasado día 19 una propuesta final para salvar la totalidad de la factoría y convertirla en un gran equipamiento de uso social y cultural, el PP, el PSOE y Ciudadanos han rechazado la posibilidad. Ha sido esta mañana, durante la Comisión de Urbanismo celebrada en el Ayuntamiento de la capital aragonesa. Sólo CHA [Chunta Aragonesista] se ha mostrado a favor de este plan y ha votado en contra del derribo: La superficie protegida asciende ahora a 2.880 metros cuadrados.
El PSOE, por su parte, ha planteado la posibilidad de dejar "sobre la mesa" el expediente -presentado por el consejero de Urbanismo, Pablo Muñoz- para aclarar las "lagunas jurídicas" que surgen en estos "cuatro folios" y alcanzar un acuerdo con la propiedad. "Retirar el expediente es igual que votar el derribo. No se escondan", le ha espetado Pablo Muñoz.
Reconocida por la WMF
Averly está reconocida por la World Monuments Fund (WMF) como uno de los 50 bienes patrimoniales en riesgo más importantes del mundo y ahora la falta de acuerdo ha obligado a Urbanismo a aprobar su derribo. Muñoz ha acusado a los socialistas de "maniobras dilatorias" y ha recordado que esta era "la última oportunidad" para conseguir la suspensión de la licencia de derribo de la parte no catalogada de la antigua fundición Averly. El consejero sostiene que la vía judicial está cerrada porque no se admitieron las medidas cautelares solicitadas por el Ayuntamiento para paralizar la tramitación de la licencia de derribo. Ha advertido a la oposición de que tienen "toda la responsabilidad" de que estos edificios no catalogados estén condenados a la desaparición.
Muñoz pretendía calificar todo el suelo como equipamiento público y fijar un área discontinua para establecer unos aprovechamientos urbanísticos en otra zona, lo que, en palabras del edil del PP, Pedro Navarro, supone "dar a la propiedad suelos donde quieran": "Con los cuatro folios que ha presentado el consejero ni se protege al 100% al Averly -porque es imposible- ni se hace nada gratis, porque la ciudad va a poner dinero en terreno y pisos", ha reprochado. "Tampoco se garantizan los derechos de la propiedad", ha apostillado en alusión al tribunal que ya ha admitido una denuncia a trámite por daño patrimonial.
Navarro recalca que la maniobra de Muñoz se trata sólo "de un artificio electoral que no tiene sustento jurídico ni técnico" y que "lo que ha hecho es montar un expediente para evitar cumplir la ley". Alberto Castañal, de Ciudadanos, está de acuerdo: ha hablado de que este "interés partidista" no representa "los intereses de la ciudad" y de que se les pide "un acto de fe".
La socialista Lola Ranera ha sembrado la polémica al reconocer que hubiese votado en contra del derribo y a favor del expediente si éste hubiera lleado con acuerdo con la propiedad, y no fuese "gravoso" para el ayuntamiento. A la sesión han acudido entidades como Apudepa [Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés], quienes se han encargado de recordar la necesidad de la protección total de todo el complejo por su "valor patrimonial" y porque "no existe en España otro similar".