Hace tres años, el arquitecto responsable del proyecto rectificado de la Operación Canalejas, Carlos Lamela, se convirtió en el protagonista de la rueda de prensa convocada por el Ayuntamiento de Madrid para dar a conocer la concesión de licencias al Grupo Villar Mir, que se encontraba en pleno derribo del rastro del edificio histórico. Lamela reconocía errores en la destrucción fachada y crujía, elementos protegidos como Bien de Interés Cultural en el edificio histórico que se ha transformado en un complejo hotelero y comercial.
Lamela con Sobrini y Calvo, en el Ayuntamiento.
El arquitecto reconocía sus errores: “Hemos trabajado siempre desde la más estricta legalidad, otra cosa es que hayamos cometido algún error sobre las partes protegidas”. Algún error es lo que ha llevado al fiscal de Medio Ambiente, Antonio Colmenarejo, a pedir dos años y tres meses de prisión por daños contra el Patrimonio Histórico de Madrid. Además, pide su inhabilitación “para la profesión u oficio de arquitecto por cuatro años” y también una multa de 20 meses con cuota de 50 euros diarios.
“Cuando hemos cometido errores en la obra lo hemos comunicado con transparencia”, señaló el arquitecto en la sede del Ayuntamiento de Madrid. Pero la denuncia de la destrucción de las crujías ya estaba en marcha y el expediente de expolio que habían paralizado las obras también. “Todos cometemos errores todos los días. Esta es una obra complejísima. Desmontamos, demolemos elementos muy intrincados unos con otros. A veces demolemos un centímetro y es difícil trabajar con precisión. Las cosas no se pueden hacer al 100% de efectividad. Es muy difícil evitar los errores”, dijo Lamela para hacer frente a las preguntas sobre la denuncia que había presentado Madrid, Ciudadanía y Patrimonio y que tiene pendiente de fecha de juicio oral.
Sobrini, cuestionada
En el escrito al que ha podido tener acceso este periódico se puede leer cómo el fiscal explica que “el acusado decidió apartarse de las prescripciones (de Patrimonio Histórico) e impuso sus propios criterios” para demoler aspectos protegidos de los edificios de la calle Alcalá, 14 y Plaza de Canalejas, 1. El fiscal apunta a Mohair Investment, Grupo Villar Mir y OHL como responsables subsidiarios.
Máquinas en acción en el complejo.
El arquitecto no es el único que se ve afectado por la decisión de la Fiscalía: la directora de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini, se hartó de asegurar en público y ante los periodistas que las crujías estaban y seguían ahí. Aunque su rotundidad le llevaba a matizar: “Hay elementos que la empresa no ha entendido como crujías y que los ha destruido”. Porque, al parecer para los arquitectos como ella, “no está clara cuál es la definición de una crujía”. Para el fiscal de Medio Ambiente, sí.
Así reza su escrito: “Demolición de los pilares y vigas que conformaban la línea interior de la primera crujía en las plantas baja a quinta, de los pilares y muros que delimitaban el patio del edificio”. Pero también le acusa de haber hecho desaparecer elementos originales de albañilería, carpintería, cerrajería, y acabados en todas las zonas afectadas por la eliminación de los forjados incluidos en la declaración BIC. Es decir, arrasó con los vestigios que estaban protegidos. Lo que Lamela define como “errores de todos los días”. “Es muy difícil trabajar con precisión. Es muy difícil evitar los errores”, quizá pensara que con esa declaración rebajaría sus responsabilidades, ante el juez, como arquitecto ajustado a la legalidad.
El artesano metalista muestra la reja del desaparecido Alcalá 10, almacenado por OHL.
Sobrini ocultó lo que ahora descubre el fiscal, que su Dirección comprobó las obras y “dictaminó que se ha producido pérdida y destrucción de gran parte de elementos constructivos, estructurales y espacios incluidos en la declaración de los BIC, no recuperables sin pérdida de su autenticidad”. OHL vendió ante los periodistas que todo lo tenía protegido y registrado en una nave a las afueras de la ciudad. Sólo quedaban los despojos del naufragio.
El expolio consentido por todos
El otro responsable de este desaguisado es el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), que navegó a favor de la destrucción dando el visto bueno al diseño inicial -mucho más agresivo del que finalmente se realizará- y a mostrar su “satisfacción” ante el proyecto porque “ahora tendremos una ciudad mejor”. Por si fuera poco, el Ministerio de Cultura, en tiempos de José Ignacio Wert y José María Lassalle, negó el expolio del edificio, a pesar del informe que lo denunciaba y que ahora se confirma.
Así quedará Canalejas tras la operación.
Lamela he defendido su intervención para OHL sobre los siete edificios como la construcción del hotel más importante que se hará en Madrid. “Eso va a ser una espoleta que va a dinamizar una operación de recuperación del centro de Madrid”. Hoteles, galería comercial, parking y viviendas de lujo… y un Madrid expoliado.