La propuesta jurídica que la comisión de expertos nombrada por la Consellería de Cultura ha formulado para la incorporación al patrimonio del Estado del Pazo de Meirás, también conocida como las Torres de Meirás, abre la puerta a que la familia Franco cobre los gastos de mantenimiento entre 1975 y la actualidad. El documento completo se presenta este lunes a las 13,00 horas.
Según incluye las conclusiones del informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la comisión de expertos propone una acción reivindicatoria contra la comunidad hereditaria y, solicitar a través de una demanda, la declaración del carácter del inmueble como bien de dominio público a la jefatura del Estado.
El documento, al que el Ayuntamiento de Sada ha presentado un voto particular por discrepancias sobre la consecuencia económica, propone --ante los "riesgos derivados de una eventual venta de los inmuebles-- que se inste como medida cautelar a la "anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad".
"Buena fe"
En la cuarta conclusión, la comisión presidida por el catedrático de Historia Contemporánea Xosé Manoel Núñez Seixas propone considerar "prudencialmente" una "posesión de buena fe", con el objetivo de que prospere por el camino deseado la demanda. Eso sí, una vez presentada, pasaría a considerarse "mala fe". Con todo, esta formulación que se sugiere da lugar a que "los poseedores tengan derecho al abono de los gastos en que incurriesen y que fuesen necesarios para la conservación y mantenimiento del inmueble, así como los gastos útiles efectivamente realizados y que resulten probados". Pero también cabrían compensaciones entre las partes del procedimiento de liquidación, como consecuencia del uso anterior al 20 de noviembre de 1975.
"Aunque en el caso de que en una eventual liquidación del Estado posesorio resultase un saldo favorable a los actuales poseedores del inmueble, esta sería notablemente inferior a su valor de mercado o al precio que habría de satisfacerse como justo precio expropiatorio si se considerase de causa de utilidad pública o de interés social que habilitase a seguir este procedimiento de privación singular de la propiedad", señala.
Así las cosas, la comisión de expertos concluye que es "posible defender el derecho a la adquisición por usurpación de la condición de bien de dominio público". Los expertos consideran que la vía de la "demanialización" permitiría incorporar Meirás al dominio público por la "fuerza del uso" del inmueble, es decir, que se usase por el dictador como edificio del Estado con la celebración de reuniones del Consejo de Ministros.