Hace unos 2.000 años, las tropas romanas del dictador Julio César amenazaban con lanzarse a la conquista de lo que denominaban Britania. La isla de Jersey, situada en el canal de la Mancha, era uno de los territorios más cercanos a la Galia y, por lo tanto, los lugareños comenzaron a tomar medidas ante la más que probable invasión. Los integrantes de la tribu celta que vivían allí decidieron enterrar 70.000 monedas para que, llegado el caso, los legionarios no les saquearan.

Las riquezas, compuestas de una buena porción de monedas de plata, acuñadas en un momento de prosperidad de la región, permanecieron ocultas hasta 2011. Tras más de 30 años de búsqueda, Richard Miles y Reg Mead, dos descubridores de metales británicos, descubrieron el que está considerado como el mayor tesoro escondido de monedas celtas del mundo, que también contenía joyas de oro.

El lugar en el que se registró el hallazgo hace siete años ha sido excavado desde entonces por expertos en patrimonio. Pero en este punto, la pregunta más importante parece obvia: ¿a quién le corresponde la propiedad del tesoro, a los hombres que lo encontraron o a las autoridades? Ahí es donde reside la disputa de un acuerdo que todavía no ha podido llegar a buen puerto. Tampoco hay consenso en cuanto al valor de las monedas celtas: si Miles y Mead creen que puede ascender a los 8 millones de libras, la otra parte interesada habla de 2 millones de £.

El problema se centra en que Jersey, que no forma parte de Reino Unido ni de la Unión Europea aunque sí es una dependencia de la Corona británica, no cuenta con ningún procedimiento para proteger los elementos de patrimonio histórico hallados en su territorio. Las autoridades de la isla se enfrentaron entonces a dos posibles soluciones: o seguir el modelo francés de quien encuentra algo se queda con él o el británico, con lo que las monedas pasarían a ser administradas por el British Museum.

Según informa el periódico The Times, la segunda opción, que fue la que adoptó finalmente el el receptor general de Jersey, garantiza que si un museo u otra institución quiere un tesoro, se le asigna una valoración independiente y se comparte la cantidad acordada entre los buscadores y los propietarios de tierras. En la práctica, evita que se vendan importantes tesoros en el mercado abierto.

En 2013 la Comisión de Validación del Tesoro de Reino Unido comenzó su investigación sabiendo que el museo de Jersey no estaba dispuesto a dejar que el tesoro saliera a mercado abierto e intentaría recaudar los fondos necesarios. Sin embargo, revisó a la baja la valoración del descubrimiento sobre el supuesto de que si una cantidad tan grande de monedas llegara al mercado al mismo tiempo, los precios se deprimirían.

Richard Miles cuestionó esto diciendo que los comerciantes de monedas "los sacaría a la venta de forma discontinua y mantendrían los precios altos". En la actualidad, siguen enzarzados con las autoridades en la estimación del montante del tesoro, esperando a que lleguen sus millones. "Han pasado ya siete años, por tanto, qué importa otro más", ironiza el descubridor.