Seis meses más para buscar al ertzaina cuyo disparo mató a Íñigo Cabacas

La jueza Ana Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, ha atendido en parte la petición de la familia y decidido prorrogar la investigación judicial abierta en 2012 tras la muerte del joven Íñigo Cabacas, víctima de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza.

Los nuevos plazos establecidos a raíz de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) obligaban a la magistrada a cerrar la instrucción y tomar una decisión antes de este 7 de junio. O bien decretaba el archivo de la causa, o encaminaba su resolución a la apertura de juicio oral, aparentemente sin pruebas que permitieran acreditar quien disparó el proyectil que mató al joven bilbaíno.

Los cuatro años de investigación transcurridos no han aportado luz sobre esta materia y aunque hay seis agentes de la Policía Autónoma Vasca imputados por “homicidio imprudente” las diligencias practicadas no han permitido descubrir la autoría del mortal disparo.

La familia del joven bilbaíno, que lucha por esclarecer esta circunstancia, había apelado al artículo 324 de la LEC y solicitado a la jueza la ampliación del plazo por un periodo de 18 meses, después de que la Fiscalía desistiera de exigir la declaración de “complejidad “ y ganar más tiempo para la instrucción de la causa, debido a las “dilaciones indebidas” que en su opinión han jalonado la investigación.

El Ministerio Público, crítico con la “lenta” actuación de la jueza, no se ha opuesto con el fin de “agotar las posibilidades” a la prórroga decretada por la magistrada, que ha considerado “excesivo” el año y medio solicitado por la familia.

MOTIVOS PROCESALES

La jueza Torres razona la concesión del aplazamiento, hasta el próximo 6 de diciembre, por motivos de técnica procesal y no por la necesidad de practicar nuevas diligencias o interrogatorios. Acepta ampliar la instrucción por si la familia recurre con éxito la denegación de sus últimas demandas, entre ellas la declaración como investigado del jefe de operaciones – denominado Ugarteko- de la comisaría de Bilbao en la noche del trágico suceso. Señala la “paradoja” que podría producirse si se revocara su desestimación de nuevas diligencias y tuviera que llevarlas a cabo con la instrucción ya cerrada.

Iñigo Cabacas fue alcanzado por una pelota de goma de efecto mortal en la noche del 5 de abril de 2012 en un callejón cercano al estadio de San Mamés en Bilbao, tras el encuentro entre el Athletic y el Schalke 04.

El partido había sido declarado de “alto riesgo” y la Ertzaintza diseñó un operativo especial. Al acabar el choque, con victoria del club vasco, cientos de seguidores celebraban el triunfo de su equipo cuando la policía fue alertada de incidentes que justificaron su desplazamiento pero que luego no se concretaron exactamente en el lugar donde cayó Cabacas.

La víctima, que tenía 28 años, se encontraba en el exterior de una herriko taberna (bar de la izquierda abertzale) con sus amigos y decenas de personas cuando llegó la policía vasca. Los antidisturbios fueron recibidos con el lanzamiento de objetos contundentes y realizaron una carga de al menos tres minutos de duración. Una de las pelotas impactó en la cabeza de Iñigo Cabacas, que murió en el hospital de Basurto cuatro días después.

Una semana más tarde, Rodolfo Ares, consejero de Interior del Gobierno vasco liderado entonces por el socialista Patxi López, pidió perdón a la familia por el trágico desenlace. A raíz de lo ocurrido la Ertzaintza retiró las pelotas de goma y las sustituyó por una munición menos lesiva y se elevaron las distancias mínimas de seguridad para la efectuación de disparos.

Una plataforma, Iñigo Gogoan, pide desde entonces justicia y se concentra en cada aniversario y en momentos destacados – este lunes lo ha hecho ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco- para que no se olvide lo sucedido y evitar que la muerte del joven aficionado del Athletic quede impune.

A lo largo de las diligencias practicadas durante estos cuatro años la reconstrucción de la carga policial realizada por la Policía Nacional, y analizada por los peritos, no ha podido determinar de qué escopeta salió el mortal disparo.

MÁS ERTZAINAS IMPLICADOS

Tampoco han sido concluyentes las declaraciones de los seis imputados: tres ertzainas que admitieron en la investigación interna haber disparado el lanzapelotas, y tres suboficiales al mando de las furgonetas que se desplazaron a la zona.

Los investigados han permanecido en silencio hasta que hace escasos días declararon a El Correo lo que ya han expresado en sede judicial. Los tres agentes que utilizaron pelotas de goma no fueron los únicos que lo hicieron en la carga en la que murió Cabacas.

“Junto al callejón había quince compañeros con escopetas. Se sabe que por lo menos diez de nosotros disparamos las armas. Estaban a una distancia similar, en el mismo sitio y haciendo lo mismo que nosotros. Nosotros dijimos la verdad, que disparamos pelotas de goma aquella noche, y nos hemos comido el marrón. Ellos mintieron y se han librado”, resumía uno de los tres agentes afectados.

Para imputar un delito de homicidio o asesinato el derecho penal exige la existencia de un “autor conocido”, algo que no se ha podido acreditar en la causa.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejerce la conocida abogada de la izquierda abertzale Jone Goirizelaia, han barajado a lo largo del proceso la posibilidad de exigir responsabilidades a mandos policiales y políticos por la denominada culpa “in vigilando”, sin que ello se haya llegado a concretar por parte de la jueza.

INSTRUCCIÓN COMPLICADA

La tragedia de la familia Cabacas ha estado muy presente en los medios de comunicación durante todos estos años, en los que los padres de Íñigo -su único hijo- han reclamado justicia insistentemente. Manu Cabacas y Fina Lizeranzu sostienen que la Ertzaintza “está encubriendo” al autor del disparo.

Tras la declaración del último imputado el pasado abril su abogada pidió que se volviera a citar al Ugarteko, esta vez como investigado y no como testigo. En contra del mando policial se esgrimen unas grabaciones, difundidas por el diario Gara, en las que da órdenes de “entrar con todo” a la hora de cargar contra la gente entre la que se encontraba Cabacas. No obstante, los tiempos manejados tenidos en cuenta por la jueza sitúan esa orden como posterior y no anterior a los disparos.

La magistrada Torres ha afrontado una instrucción compleja en medio de una fuerte presión pública, ávida de resultados, que también ha sufrido la Fiscalía, cuyo papel ha sido igualmente cuestionado en determinados momentos.

Aunque responsables de la judicatura vasca plantearon en más de una ocasión la opción de aliviar su carga en el juzgado con un juez de refuerzo para que pudiera concentrarse en el caso Cabacas, esta posibilidad nunca ha llegado a concretarse.

Sí que ha dispuesto la jueza Torres de seguridad personal, ya que poco después de abrirse el sumario el consejero Rodolfo Ares accedió a su solicitud de protección.

Hace escasos días El Mundo del País Vasco desveló que a lo largo del proceso la magistrada había denunciado ante el juzgado de guardia su sensación de ser víctima de espionaje por algunas noticias sobre las diligencias practicadas publicadas en los medios de comunicación. La policía examinó su equipo informático pero no encontró ningún indicio que confirmara sus sospechas.