El Gobierno, ante el dilema de si el Rey debe ir a un Barça-Alavés en el peor momento del 'procés'

En enero del año pasado, durante la segunda ronda de consultas mantenida por el Rey con los partidos para desbloquear el panorama político, se filtró la amable ‘colleja’ que había dado Felipe VI al exconseller de Presidencia y actual diputado del PDECat Francesc Homs por la tremenda pitada que acompañó al himno nacional antes de la final de Copa del Rey disputada por el Barcelona y el Athletic Club el 30 de mayo de 2015 en el estadio Camp Nou. 'No más abucheos, ¿eh?', habría venido a decirle el monarca al político catalán, que a finales de este mes se sentará ante un tribunal por su participación en la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014.

Los ecos de aquella consulta fallida envenenaron la final de Copa, igual que los juicios a Artur Mas, Homs y compañía envenenarán muy probablemente el partido del próximo 27 de mayo entre Barcelona y Alavés (a celebrar en un estadio aún por decidir). Este jueves, horas después de la semifinal Alavés-Celta, se registraron ya comentarios agresivos y advertencias de hinchas en redes sociales. “No nos cabe duda alguna de que la situación va a ser muy parecida a la de 2015”, afirmaron ayer fuentes gubernamentales a EL ESPAÑOL.

La preocupación del Gobierno está justificada si se tiene en cuenta que el partido coincidirá con un momento crítico del proceso soberanista catalán. De un lado, para esas fechas ya se habrán conocido (previsiblemente) tanto la sentencia sobre el expresidente de la Generalitat Artur Mas como la resolución del juicio contra Francesc Homs, ambos por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional en relación a la celebración de la consulta independentista del 9N.

El juicio contra Mas y dos de sus consejeras quedará este viernes visto para sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y no es probable que la sentencia se demore hasta mayo. Para la fecha del encuentro el fallo podría estar pendiente de los recursos ante el Tribunal Supremo, o incluso ya resuelto. El juicio contra Homs está fijado para el próximo 27 de febrero y con toda seguridad la Sala Penal del Supremo habrá sentenciado antes del partido.

En primavera podría estar terminada, asimismo, la investigación del proceso penal que se sigue contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, igualmente por una posible desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre la paralización del proceso unilateral de separación de Cataluña. La CUP, por su parte, está presionando al Gobierno de Puigdemont para que adelante el referéndum soberanista inicialmente anunciado para el próximo mes septiembre. La fecha que se baraja es precisamente el mes de mayo, cuando se jugará el Barça-Alavés: una garantía de aumento de la tensión en las gradas del estadio que finalmente acoja el encuentro (el más probable es el Vicente Calderón, que se clausura esta temporada).

Sanciones leves, ninguna condena

La fuerte silbatina de 2015 no tuvo consecuencias penales para sus protagonistas, a pesar de las reiteradas advertencias en los días previos a la final por parte de varios ministerios sobre la necesidad de evitar ofensas a los símbolos del Estado. “Si el Gobierno español se empeña en amenazar logra el efecto bumerán”, dijo un exultante Artur Mas tras el bochorno sufrido por el Rey.

La Audiencia Nacional no vio delito en la pitada al himno y ordenó el archivo de la causa. El juez Fernando Andreu consideró que los hechos denunciados por el Colectivo Manos Limpias no eran “constitutivos de infracción penal”, pese a que la Fiscalía había considerado que los abucheos podían suponer un delito de injurias al Rey y a los símbolos o emblemas de España. El magistrado se basó en las resoluciones dictadas en 2009 por el juez Santiago Pedraz y por la Sala de lo Penal, que archivaron otra querella similar tras la final de la Copa disputada en Mestalla (Valencia) entre los mismos equipos. Básicamente, que la libertad de expresión y la inexistencia de una ley que prohíba esos comportamientos no permiten sanción alguna.

No hubo, pues, sanciones personales, a pesar de que el entonces secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, avisó de que existiría “una responsabilidad individual de las personas” que pitaran el himno. Cardenal también advirtió de que la Comisión Antiviolencia apuraría “todas las opciones que la legislación concede respecto al organizador del evento y los equipos participantes”. Antiviolencia cumplió lo prometido, aunque las penas fueron leves: 66.000 euros para el Barcelona, 18.000 euros al Athletic y 123.000 euros a la Federación (organizador del evento).

De los 66.000 euros del Barcelona, sólo 6.000 fueron por los silbidos (multa en grado mínimo tras aceptarse las alegaciones formuladas por el Barça, en las que se aludía a las declaraciones previas de algunos de sus directivos solicitando respeto a su afición). Los restantes 60.000 euros respondían a fallos en el dispositivo de seguridad y el control de accesos al estadio.

¿Suspensión del partido?

La radicalización previsible del conflicto político catalán con los juicios a Mas, Homs y Forcadell dificultará la gestión gubernamental de un evento comprometido por los éxitos deportivos del Barcelona (que ha disputado cinco de las seis últimas finales). Según fuentes próximas, Zarzuela encomendará al Ejecutivo la tarea de gestionar la situación de la forma más efectiva y pacífica posible, en necesaria colaboración con la Real Federación Española de Fútbol, responsable del evento. (Se da la circunstancia de que la federación celebrará elecciones en mayo, con dos candidatos -Villar y su exaliado Jorge Pérez- investigados por prevaricación).

La ausencia de una ley específica sobre abucheos o pitidos al himno restringe enormemente las alternativas del Gobierno. En el entorno del Ejecutivo se recuerda el caso de Francia en 2008, durante el mandato de Nicolás Sarkozy, que impulsó una ley para acabar con los abucheos a La Marsellesa. Ese año, el día siguiente de escuchar pitos al himno francés en el partido que disputaron las selecciones de Francia y Túnez, la entonces ministra de Deportes, Roselyne Bachelot, anunció que el Gobierno había decidido suspender automáticamente un partido en el que hubiese cualquier tipo de menosprecio hacia el himno nacional. (Desde entonces no se han vuelto a dar situaciones semejantes).

En España ha sido la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, quien propuso suspender la final en caso de repetirse la pitada (un argumento apoyado por el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas). El año pasado el Gobierno prohibió esteladas en la final de Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla, pero la asociación Drets, en nombre de aficionados del club blaugrana, recurrió. Un juez acabó autorizando las banderas en el Vicente Calderón, en contra de la opinión de la Fiscalía, en atención a la libertad de expresión.