De todos los procesos judiciales que sobrevuelan la guerra por el poder en el fútbol español, el que más preocupa a sus protagonistas es el ya conocido 'caso Haití': la subvención pública concedida en 2010 por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a la Federación Española de Fútbol (RFEF) para cuatro proyectos internacionales: entre ellos, una escuela de fútbol infantil en el país caribeño, que había sido devastado por un terremoto ese mismo año. Aunque la subvención era de carácter finalista, el dinero no se destinó enteramente a los proyectos previstos y los gastos no fueron debidamente justificados, como impone la legislación. El CSD advirtió varias veces que del total de 1,2 millones de euros la Federación apenas había justificado correctamente 100.000.
El CSD recordó este incumplimiento a la Federación en 2011, y ésta respondió con un escrito firmado por su presidente, Ángel María Villar. Un lustro después, el caso salió de los cajones y ha acabado por desatar una complicada investigación de la Fiscalía Anticorrupción en la que Villar y la Federación están imputados por prevaricación, malversación y apropiación indebida.
Es probable que al proceso se sumen más personas, y en medios jurídicos se prevé, al igual que ha sucedido en los otros dos procesos abiertos actualmente contra Villar (el 'caso Recre' y el reglamento de las elecciones), que la Justicia impute también a Jorge Pérez, su exaliado y hoy rival en los comicios del 22 de mayo, por ser quien firmaba las decisiones y órdenes de la Federación como secretario general de la misma.
DESPIDO DE PÉREZ
Pérez fue despedido en octubre tras meses de alejamiento respecto a Villar (la decisión está recurrida en los tribunales) y ha acabado por encabezar la oposición al régimen villarista en una candidatura impulsada por la Liga del Fútbol Profesional y su presidente Javier Tebas, enemigo acérrimo del hombre que dirige la RFEF desde hace 29 años.
El 'caso Haití' era ya una piedra muy molesta en el zapato de la Federación, que tras asumir que el incumplimiento de sus obligaciones podía constituir un delito de fraude de subvenciones optó por prevenir problemas mayores y pagar este pasado mes de enero 1.561.000 euros (subvención más los intereses devengados). Fue generalmente interpretado como una confesión de culpa.
En paralelo, la RFEF inició una investigación interna que incluyó una auditoría de la polémica subvención por parte de la consultora PricewaterhouseCoopers. Los resultados de este informe han derivado en dos nuevas cartas de despido: una (la segunda) contra Jorge Pérez, por si acaso el primer despido fuese considerado nulo, y otra (fulminante) contra José María Castillón, administrador general de la Federación, que llevaba 29 años con Villar en la institución.
En las vistas orales previas del juicio abierto por el 'caso Haití', Castillón había declarado que él siempre obedeció órdenes de Villar y de su vicepresidente Juan Padrón. Jorge Pérez también alega su inocencia y afirma haber actuado siempre bajo órdenes de sus superiores, responsabilizando directamente a Villar del manejo del asunto de Haití.
Los documentos para justificar los despidos, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, son implacables en el relato de las numerosas irregularidades cometidas (básicamente gastos sin justificar o no relacionados con el propósito de la subvención). En ellos la Federación admite que el fraude existió, que el dinero no se empleó ni justificó bien, pero asegura que Villar no tuvo papel alguno (ni personalmente ni con sus firmas) en la gestión de la subvención.
La subvención de 2010, por valor de 1,2 millones de euros, debía emplearse para cuatro proyectos: 462.000 euros para un programa de educación deportiva integral en Libia; 219.000 euros para una escuela de fútbol en Haití; 254.000 euros para formación a clubes y federaciones latinoamericanas; y finalmente 287.000 euros destinados a programas de tecnificación.
La Federación imputa a Pérez, que firmaba las decisiones federativas, "no haber destinado la totalidad de los fondos aportados por el CSD [...], permitiendo expresa o tácitamente que el Administrador General de la RFEF [Castillón] abonase a la Fundación Real Federación Española de Fútbol sólo parte de la subvención recibida": 1.111.795 euros en lugar de los 1.222.500 euros recibidos. "Un incumplimiento grave y culpable de las obligaciones que tenía con la empresa", en palabras de la Federación.
A Castillón, por su parte, le despide por "fraude, deslealtad y abuso de confianza" derivadas también de la subvención del 'caso Haití'. La principal falta del ya exadministrador de la Federación habría sido detraer esos 111.000 euros del importe de la subvención "para compensar un saldo a favor de la RFEF en concepto de 'servicios varios', ajenos a los programas subvencionados por el CSD". Según fuentes próximas al caso, "¿a quién se le ocurre coger dinero de una subvención de carácter finalista y saldar unilateralmente una vieja deuda?".
Además de eso, la Federación (siempre con base en el informe pericial de PricewaterhouseCoopers) imputa a Castillón "no haber ejercido un control riguroso y efectivo de la subvención concedida ni haber justificado ante el CSD, en tiempo y forma, el correcto cumplimiento de la finalidad de los fondos públicos percibidos".
El documento está acompañado de 15 páginas con un desglose detallado de facturas no presentadas, gastos no justificados y partidas que no encajaban con el propósito de la subvención (103.000 euros), además de gastos acreditados "para los que no se puede concluir que correspondan o no con el objeto del proyecto subvencionado" (casi 900.000 euros).
Chapuzas varias
El caso Haití tiene varias particularidades que revelan chapucería en la Federación y la Administración Pública. El pasado mes de febrero el diario EL PAÍS publicó que en el escrito enviado al CSD para devolver la subvención, Villar incluyó también una denuncia en la que asegura, apoyado en un informe caligráfico, que su firma fue falsificada en nueve documentos: entre ellos, el del 30 de diciembre de 2011 en el que se manifestaba que la subvención había sido empleada para los proyectos para los que había sido concedida.
El mismo periódico, semanas después, desveló que el fraude salpica también al CSD: la Federación asegura que el organismo gubernamental cambió la fecha de una carta para, con ello, incluir facturas dudosas de un proyecto en África (Malí) y justificar así la subvención de 1,2 millones.
Fuentes próximas a la Federación niegan que Castillón sea el chivo expiatorio de este caso y justifican el despido en los "increíbles errores" de un gestor que llevaba casi tres décadas en el organismo que dirige el fútbol en España. Pese a que expertos consultados por EL ESPAÑOL no descartan que el proceso judicial pudiese llevar a la inhabilitación de Villar, las mismas fuentes indican que el presidente está "muy tranquilo" respecto a posibles consecuencias penales que pudiesen acortar la (probablemente) última legislatura del dirigente bilbaíno en el caso de que venza a Pérez, el próximo 22 de mayo, en las elecciones federativas más disputadas desde 2004.