La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela rechaza la petición de libertad del expresidente del Barcelona Sandro Rossel y de Joan Besolí Ribalta, encarcelados por su presunta implicación en la llamada Operación Rimet desde el pasado 25 de mayo, por entender que existe riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.

En un auto, la magistrada indica que, además, existen determinados y fundados indicios de la participación de ambos en los hechos que se investigan y que podrían ser constitutivos de delitos de pertenencia a organización criminal y de blanqueo de capitales.

Respecto al arraigo alegado por Sandro Rosell, la jueza afirma que existe riesgo de fuga porque, aunque tenga la nacionalidad española, propiedades en este país y dos hijas que vivan en España, la investigación ha puesto de manifiesto su facilidad para viajar y vivir temporalmente en distintos lugares de todo el mundo, poseyendo una gran fortuna, y, lo que es más importante, cuentas, bienes y negocios fuera de España que lógicamente le facilitaría la salida de territorio español y su subsistencia en otros países, lo que no garantiza que no vaya a sustraerse a la acción de la justicia.

En relación a Joan Besolí Ribalta, Carmen Lamela valora que tiene posibilidades económicas y que, aunque se ha comprometido a adquirir la nacionalidad española, afirma que se trata de un mero compromiso que no depende exclusivamente de su voluntad y requiere la tramitación de un procedimiento que incluso puede durar más que la instrucción y el enjuiciamiento de los hechos investigados.

Para la magistrada en ambos casos persiste el riesgo de que se oculten o destruyan pruebas de los delitos imputados teniendo en cuenta que la investigación aún no ha concluido.

Por último, afirma el riesgo de reiteración delictiva, ya que los investigados operan dentro de un grupo organizado de personas que son investigadas también por otros países, como Estados Unidos, Andorra o Suiza. Otro dato que le lleva a mantener la prisión incondicional del expresidente del Barcelona es que el Senado de Brasil está estudiando iniciar investigaciones por determinados hechos entre los que se encuentran actividades investigadas en esta causa.



Por todo ello, concluye en su auto que concurren todos y cada uno de los requisitos señalados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para confirmar la prisión de ambos sin que resulte vulnerado ningún derecho ni garantía constitucional.