Cuando Ángel María Villar fue detenido y encarcelado, hace ya cinco meses, la FIFA respondió al arresto con una nota sorprendentemente escueta, en la que calificaba el caso de asunto español “interno”. Parecía superado el tiempo en el que su expresidente Joseph Blatter se dejaba caer por España para defender a Villar cuando el eterno conflicto entre el Gobierno y la Federación Española de Fútbol (RFEF) llegaba a un punto de ebullición. Su amenaza venía a ser siempre la misma: si quieren jugar la Eurocopa y el Mundial, no se metan en el fútbol.

La carta enviada por la FIFA remite al eterno conflicto que subyace a la Operación Soule: la lucha de Villar y la Federación por defender la autonomía del fútbol frente al control (“intromisión”, en sus palabras) del poder público, basándose en el estatus híbrido de la RFEF: un ente privado con competencias públicas delegadas (ejercicio de la disciplina deportiva, organización de competiciones, convocatoria de procesos electorales, etc).

Ángel María Villar.

Según Villar y el resto de dirigentes, una organización que sólo tiene un 3% de fondos públicos ha de regirse por las normas de la FIFA, organización a la que está adscrita. Según el Consejo Superior de Deportes (CSD), la FIFA debe entender que España es un país democrático y garantista en el que por encima de la ley deportiva (les guste o no) está la legislación nacional.

España no se va a quedar fuera del Mundial como ha amenazado la FIFA. Por repetir la expresión gráfica de varios dirigentes deportivos relevantes consultados por EL ESPAÑOL esta mañana, “no tiene cojones”. Son fuegos de artificio, espoleados por el hecho de que Italia se quedó fuera de Rusia 2018 y levitaría de gozo con la posibilidad de sustituir a la selección de Lopetegui. Una tarjeta amarilla para la galería.

Lo significativo de la amenaza de Gianni Infantino es el cambio de postura respecto al caso Soule. Un cambio de actitud originado por las diversas torpezas acumuladas por el CSD, su presidente (José Ramón Lete) y el ministro Íñigo Méndez de Vigo, su superior jerárquico, en el afán de echar definitivamente a Villar de su puesto y ‘limpiar’ la RFEF cuanto antes.

La guerra del fútbol español es tan encarnizada, y está tan judicializada, que supone un reto explicarla al lector no especializado. Intentando simplificar el asunto sin desvirtuarlo, la FIFA se basa principalmente en una actuación reciente del CSD y el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Hace poco, el CSD reeditó ante el TAD un recurso sobre la repetición de las última elecciones a la federación, proveniente del candidato Jorge Pérez, que había sido tumbado por el propio TAD en junio (antes del estallido del caso Soule). Meses después, y basándose en las escuchas de la Operación Soule, el TAD cambió de opinión y emitió una resolución favorable a la repetición de todo el proceso electoral. Anunció que la enviaría al Consejo de Estado, para que diese su visto bueno, inseguro ante la validez del cambio de postura: algo que la FIFA considera una injerencia gubernamental intolerable.

El problema de este segundo recurso, llamado de revisión extraordinaria, es de legitimación: está pensado para que los interpongan los administrados (ciudadanos, empresas), no la propia Administración contra sus propias decisiones anteriores. Según ha escuchado EL ESPAÑOL de fuentes solventes (sin poder comprobarlo con el TAD), el Tribunal no envió finalmente el recurso al Consejo de Estado para evitar el ridículo de su negativa por falta de legitimación jurídica. Aunque la semana que vencía el plazo para presentar este recurso, Jorge Pérez (que sí tiene legitimación) volvió a presentar el mismo recurso.

Los problemas no se acaban aquí. Otros dos asuntos legales comprometen la presunta independencia del CSD. Uno es la moción de censura presentada por Luis Rubiales, presidente del sindicato de futbolistas, contra Villar. Los estatutos de la RFEF estipulan que hacen falta dos tercios de la Asamblea para que prospere (algo que deja prácticamente sin opciones a Rubiales). La Audiencia Nacional estimó que debían respetarse los estatutos de la propia Federación, pero recurrió la decisión para que baste el 50% (un umbral mucho más sencillo de superar), en atención a una Orden Ministerial propia.

El otro escollo administrativo es el intento de anular las elecciones federativas porque Ángel María Villar creó un perfil de Twitter y una página web como candidato cuando estaban aún en precampaña electoral. El TAD ha denunciado este hecho, a pesar de que la Comisión Electoral de la RFEF autorizó expresamente a los precandidatos (tanto Villar como Pérez) estas actividades si eran pagadas con fondos privados.

La Federación Española de Fútbol necesita una renovación urgente. Pero más allá de que se esté de acuerdo con la jubilación de Villar, un problema grave es la actitud ambivalente y poco precisa del Consejo Superior de Deportes, cuyo presidente, José Ramón Lete, es una nave empujada por fuerzas superiores en un mar embravecido: cuando llegó, le pidieron calma y negociación. Cuando se desató el caso Soule, le pidieron rapidez y sangre. Un cambio de postura que sólo pudo depender de su jefe, el ministro de Educación, Cultura y Deportes.

Es ilegal basar un proceso administrativo, como los del TAD, en un proceso penal en fase de instrucción (basada en conversaciones grabadas y hechos no probados), por mucho que las escuchas del caso Soule soliviantaran a media España. No es razonable, aunque sea frecuente, forzar procedimientos judiciales y adaptarlos a las necesidades políticas. No es serio dar marcha atrás sobre una cosa juzgada (la validez de las elecciones) y volver sobre sus propios pasos por unas escuchas telefónicas en fase de instrucción. La ley lo prohíbe.

Esta torpeza da oxígeno a un Villar arrastrado por el barro, dado por muerto, cuya defensa de su presunción de inocencia y de lo que llama “golpe de Estado a la Federación” es alentada por estas irregularidades públicas, dificultando que dé un paso al costado y facilite la modernización de la RFEF. Es de muy difícil justificación que su suspensión fuese firmada, mientras dormía en la cárcel de Soto del Real, por otro presidente federativo (el de taekwondo, Jesús Castellanos) imputado desde hace dos años por exactamente los mismos delitos y miembro todavía de la Comisión Directiva del CSD.

El fútbol español es un avispero que probablemente empeorará aún más antes de llegarse a una solución duradera. La FIFA, como se sabe, es una organización orgullosa y muy recelosa de su independencia frente a los Gobiernos, como sucede con los comités olímpicos. Nadie se cree que vayan a dejar a España sin un Mundial: podrían matar su gallina de los huevos de oro. Pero que ello no haga olvidar que el caso Villar camina hacia el desastre, agravado por la incompetencia pública. Si España es un país garantista en el que la legislación nacional prevalece sobre la deportiva (un argumento muy lógico), lo primero es respetar esa legislación.

En este escenario de chapuzas concatenadas, José Ramón Lete está cerca del precipicio, sacado del terruño gallego a las aguas abiertas de la política nacional y los grandes nombres. Villar presidió la Federación durante 29 años y dejó que se convirtiese (como mínimo) en un lugar muy poco serio desde los nuevos parámetros de la gobernanza internacional; los tribunales dirán si robó o dejó robar, si se despilfarró o todo fue una conspiración para apartarle del cargo. Pero recordemos: ya se cargó al secretario de Estado que lo denunció, Miguel Cardenal, y va camino de cargarse al que lo suspendió. El asunto es demasiado grave como para no invocar la responsabilidad del jefe de ambos, el ministro Méndez de Vigo, en un caso que afecta a la manida 'marca España'.