La Fiscalía solicita once años de prisión para Sandro Rosell

La Fiscalía ha pedido once años de prisión para Sandro Rosell. El expresidente del Fúbol Club Barcelona está acusado de varios delitos fiscales, entre los que se incluye el blanqueo de capitales (más concretamente 20 millones de euros en el fichaje del futbolista Neymar) o el montaje de una organización con estructura criminal.

Rosell se encuentra en prisión provisional desde mayo del año 2017. Ingresó inicialmente en la cárcel del municipio madrileño de Soto del Real, pero el pasado 13 de julio fue trasladado a Cataluña. Concretamente al centro penitenciario Brians 2, para estar más cerca de su familia, petición aceptada por la juez Carmen Lamela, encargada del caso.

Este 25 de julio, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional la apertura de juicio oral y once años de prisión para el propio Rosell, Marta Pineda, Joan Besolí, Shhe Ohannessian, Pedro Andrés Ramos y José Colomer por crear una estructura societaria con una organización criminal.

Blanqueo de capitales

Dicha estructura fue utilizada para blanquear los fondos que Ricardo Terra Teixeira, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, presuntamente desviaba para beneficio de Rosell. Estos fondos provenían de los encuentros que la selección brasileña jugó entre los años 2007 y 2009, siendo un total de 20 millones de euros de los cuales mínimo 6,5 fueron a parar al expresidente azulgrana.

Anticorrupción ha publicado un escrito en el que afirman que Rosell creó "una estructura estable, reforzada por sus vínculos de amistad y parentesco, dedicada al lavado de capitales a gran escala. Bajo la dirección de Rosell y conforme a una distribución de roles bien definida por éste, facilitaban sus relaciones personales y profesionales, sus conocimientos sobre operativa bancaria, la creación de denominaciones sociales puramente instrumentales, sin infraestructura y radicadas en paraísos fiscales, sus identidades y hasta sus propias cuentas bancarias para permitir a otros la realización de determinadas operaciones cuya finalidad era la incorporación al tráfico legal de los beneficios obtenidos en actividades penalmente relevantes cometidas en cualquier país del mundo".