El expresidente del Barcelona Sandro Rosell ha presentado una querella contra la jueza Carmen Lamela por supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental por haberle tenido 22 meses en prisión preventiva en una causa por presunto blanqueo de capitales en la que terminó siendo absuelto.
El tribunal de la Audiencia Nacional que le juzgó acordó el 27 de febrero del año pasado dejar en libertad a Rosell y a su socio el abogado andorrano Joan Besoli, que llevaban en prisión provisional desde el 25 de mayo de 2017, tras declarar en el juicio en el que estaban acusados de blanquear comisiones del expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol Ricardo Teixeira.
Tras haber quedado ambos absueltos han presentado una querella contra Carmen Lamela, la jueza que instruyó la causa en la Audiencia Nacional, por supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental y la han interpuesto en el Tribunal Supremo, donde está destinada en la actualidad la magistrada.
En un tuit Andrés Maluenda, abogado de Sandro Rosell, explica que "la magistrada negó en tres ocasiones la existencia de una prueba documental compuesta por 1.200 folios que sí se encontraba en su Juzgado y cuando se solicitó a otro órgano dicha información se consiguió rápidamente".
Añade que la presentación de la querella "no obedece a un ánimo de perjudicar la imagen del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo ni de la Justicia en general sino de depurar responsabilidades penales de una persona concreta en el ejercicio de su profesión como se haría en cualquier otro sector".
La querella está pendiente de ser distribuida y de que sea admitida o no a trámite. La Audiencia Nacional absolvió el 24 de abril del año pasado a Sandro Rosell, que se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de seis años de cárcel por blanquear supuestamente comisiones recibidas por Ricardo Teixeira al aplicarle el principio de "in dubio pro reo", es decir que en caso de duda se falla a favor del reo.
Además de Rosell y Besolí, fueron absueltos otros cuatro acusados de blanquear 20 millones de euros de esas comisiones por los derechos audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol y de un contrato con Nike, entre ellos la esposa del primero, Marta Pineda.
Los magistrados explicaron en su sentencia que les habían quedado "dudas tanto en relación con la ilegalidad de las comisiones (soborno) y de las sospechas apuntadas sobre las distintas sociedades" investigadas.
La Sala cuestionó que lo que la acusación calificó de comisiones ilegales "pudieran ser retribuciones por actividades de negocio no reprochables penalmente".
También puso en duda que lo que la Fiscalía consideraba sociedades instrumentales, utilizadas con la finalidad de ocultar dinero, tuvieran en la práctica "una actividad real, que puede responder a esa actividad".
Consideraron verosímil que el entramado societario en el que se basó la Fiscalía para plantear su acusación tuviera una actividad real de mediación por parte de la empresa de Rosell, con un seguimiento y control durante los años que estuvo vigente hasta su rescisión en noviembre de 2009.
El pasado 3 de julio la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional confirmó la sentencia absolutoria al rechazar el recurso de la Fiscalía.
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