La Guardia Civil e inspectores de Trabajo están llevando a cabo un registro en las oficinas del club de fútbol Lleida Esportiu por presuntas irregularidades en contratos de trabajo y defraudación a la Seguridad Social, en el marco de la Operación Strike 11. Una decena de agentes del cuerpo está registrando la sede del club en el Camp d'Espors. La operación se encuentra bajo secreto de sumario, pero apunta a una gestión irregular de la entidad, que también habría falseado contratos y haría pagos con dinero negro.
Los agentes creen que los propietarios del club, Albert y Jordi Esteve, utilizan dinero no declarado para pagar los futbolistas, que presuntamente cobrarían en sobres una parte de los honorarios. En este sentido, se cree que el club usa dinero que no pasan por la caja y que llegarían, entre otras vías, de los cobros de los abonos de socios, que desde el club se exige que se hagan siempre en metálico. Esta polémica llega en plena crisis deportiva: el equipo sólo ha hecho tres puntos de quince posibles en la Segunda RFEF.
De hecho, por esta razón y las sospechas sobre estas prácticas, la afición ha estado mostrando públicamente el rechazo hacia los propietarios. Los agentes les pidieron contratos y documentación laboral con el objetivo de esclarecer este entramado. La rueda de prensa que tenía que hacer el entrenador, Gabri Garcia, con motivo del primer partido de la segunda eliminatoria de la Copa RFEF que juega el club este miércoles, se ha cancelado.
Todo este ambiente de crispación se ha ido generando con el tiempo. El descenso a Segunda RFEF, el despido de Manuel Jesús Casas 'Molo' como entrenador y el cambio de propiedad que hicieron entre los hermanos en verano tenían a los aficionados muy cabreados. Ahora se suma esta investigación que ha sido bien recibida por los seguidores, que quieren acabar con esta etapa en la que se muestran muy contrarios a la gestión que están haciendo.
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