El ascenso del Andorra a Segunda B en 2019 no fue validado por el Consejo Superior de Deportes como indicó Luis Rubiales en su histórica rueda de prensa. El presidente de la RFEF defendió que el club propiedad de Gerard Piqué pasó de Regional a Segunda B sin pasar por Tercera con el visto bueno del CSD. Sin embargo, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL, los recursos presentados ante el organismo público simplemente fueron inadmitidos al no tener competencias para abordar el conflicto.
Este periódico ha tenido acceso a la respuesta del ente que por entonces presidía María José Rienda. En él, tras un recurso de alzada presentado por la patronal de clubes de Segunda B y Tercera, el CSD se desmarcó del conflicto indicando que "las decisiones federativas" vinculadas a ascensos y descensos "no pueden ser objeto de revisión por la Administración". En este caso, el Consejo Superior de Deportes, solo confirmó que no tenían potestad para intervenir tras la reclamación de ProLiga.
Una respuesta muy diferente a la que dio a entender Luis Rubiales en su rueda de prensa desde Las Rozas. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol aseguró, en una declaración de más de dos horas sobre el 'caso Supercopa', que el Consejo Superior de Deportes había dado el visto bueno a la adjudicación de la plaza del Reus al Andorra.
Respuesta del CSD al ascenso del Andorra
"El tema del Andorra. Se pudo presentar a la plaza quien quiso. El único equipo catalán que pujó por la plaza fue el Andorra. Se cumplió con la normativa. Es más, se impugnó en el CSD y el CSD lo validó", espetó el máximo responsable del fútbol español. La realidad, como refleja el documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, es que el CSD inadmitió los recursos de alzada al no tener potestad para intervenir.
Las dudas sobre cómo se produjo ese cambio de categoría han aumentado tras la publicación por parte de El Confidencial donde Rubiales y Gerard hablan de negocios. Más allá de la Supercopa, el central catalán pregunta al presidente de la RFEF por el puesto del Reus e incluso llega a reclamar un grupo fácil para su Andorra en la categoría. En este último caso, la RFEF no cumplió con las reclamaciones de Piqué.
El CSD no tenía competencias
El CSD basó su respuesta en una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional emitida en 2002. En ella se determinó que "las competencias públicas de las Federaciones deportivas no pueden extenderse a la resolución de las controversias singulares que planteen los clubes con relación a los ascensos y descensos de categoría".
Por lo tanto, recordando esa sentencia, el CSD dictaminó que "las decisiones federativas que aplican en casos concretos y específicos las soluciones previstas para definir qué entidades ascienden o descienden de categoría no pueden ser objeto de revisión por la Administración, y en este caso concreto, por el CSD".
Así las cosas, el organismo que entonces lideraba María José Rienda concluyó que la RFEF había llevado a cabo "una aplicación material de las normas contenidas en su Reglamento" y específicamente del ya famoso artículo 194. Un reglamento que fue "aprobado" por la Comisión Directiva del CSD, por lo que era suficiente como para regular los ascensos y descensos.
El Consejo Superior de Deportes indicó también en su respuesta que el recurso de alzada presentado por ProLiga no podía ser "objeto de revisión". El ente procedió a inadmitir a trámite el recurso. "Las pretensiones que el recurrente, en su caso, pretenda hacer valer deberán sustanciarse ante la jurisdicción civil", subrayaron desde el CSD. En ningún momento se determina que la adjudicación de la plaza fue valida.
Respuesta del CSD al ascenso del Andorra
Un ascenso dudoso
El ascenso del Andorra de Piqué a Segunda B estuvo envuelto en polémica desde el primer momento. El club se hizo con la plaza que había dejado el Reus por impagos. Sin embargo, no era el único que peleó por conseguirla. El Zamora y el Intercity barajaron presentar los casi 500.000 euros que pedía la RFEF por el puesto. El CE L'Hospitalet, club que cumplía con el requisito deportivo de ser el mejor equipo de la misma federación que el club descendido, se negó a pagar.
Fue entonces cuando comenzó una batalla legal por cómo se entendía el artículo 194 del Reglamento de la RFEF. El organismo de Rubiales pidió que se cumplieran tanto los requisitos deportivos como el económico. Por ello, ProLiga acudió al CSD con un recurso de alzada para frenar esa adjudicación. El Consejo se declaró incompetente y clubes como Zamora e Intercity hicieron público que aceptaban la decisión de la RFEF.
El CE L'Hospitalet, por el contrario, intentó quedarse con la plaza. Primero protestaron ante la RFEF, estos les mandaron al CSD y el CSD explicó que no tenían competencia. Tal y como ha explicado recientemente el presidente del club catalán en EL ESPAÑOL, ahí ya perdieron suficiente tiempo. Entonces intentaron obtener más información sobre la transparencia del proceso.
Para lograrlo reclamaron a la Federación los datos por los que el puesto del Reus costaba casi medio millón. Pero no obtuvieron ese informe al rechazar desplazarse a Madrid. La plaza se la quedó el Andorra y un año después, nuevamente, el CE L'Hospitalet sí logró su puesto en Segunda B.
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