Nuevo lío judicial para Luis Rubiales por el caso Supercopa. Miguel Galán ha interpuesto una querella por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal en el Juzgado de Instrucción de Majadahonda. Esta nueva acción judicial contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol se centra en las informaciones sobre el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí en el que participó Gerard Piqué, contra el que también va dirigida la denuncia.
El presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte denuncia la posible contratación u orden de contratar detectives mediante una "empresa pantalla" con el fin de espiar a otros dirigentes y sindicalistas de la Federación, el acuerdo entre Rubiales y Piqué para lucrarse con 24 millones de euros a consta de la RFEF, la ayuda por vivienda de 3.100 euros mensuales del presidente que podría haberse embolsado indebidamente y el "viaje de asueto" pagado por la Federación supuestamente camuflado como viaje de trabajo.
La Federación, según han salido las diferentes informaciones en los últimos meses, ha ido negando cada una de estas acusaciones que ahora se plantean a nivel judicial. Este lunes se ha justificado delante de la Asamblea General en boca tanto de Luis Rubiales como del comisionado de control externo de la RFEF, Tomás González Cueto, y del secretario general, Andreu Camps. El presidente ha asegurado que "no se puede sacar ninguna irregularidad" del trabajo que ha hecho al frente del fútbol nacional.
Luis Rubiales, en la Asamblea General de la RFEF de 2022.
La investigación contará con la incorporación de las diligencias que la Fiscalía Anticorrupción haya actuado. También solicita la declaración de Rubiales y Piqué. En calidad de testigos, también lo harán Juan Rubiales, exdirector de gabinete de la RFEF, Antonio Gómez Reino, director de Relaciones Institucionales, Ana Muñoz Merino, exvicepresidenta de Integridad, José Luis González, detective de Cryptex Europa, Antonio Ramón Caravaca, administrador de la inmobiliaria Egmont 2008, y David Aganzo, presidente de AFE.
También se investigarán los incrementos patrimoniales de Piqué y Rubiales desde la firma del acuerdo de la RFEF con Arabia Saudí para llevar la Supercopa al país de Oriente Medio, así como las facturas cobradas y pagadas por la Federación a Egmont 2008.
Una vez el juzgado estime que hay indicios de criminalidad, entre las medidas cautelares que se establecerán estarán el embargo de los 24 millones de euros, cuantía que corresponde con el caudal con el que habrían despatrimonializado a la Federación, así como los 41.764 euros por los tres delitos de administración desleal que se le atribuyen presuntamente.
Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción abrió el pasado 19 de mayo una investigación sobre las presuntas irregularidades del presidente de la RFEF. El origen de la apertura de este estudio sobre el mandato de Rubiales reside en otra denuncia interpuesta por parte de Miguel Galán, también presidente de CENAFE. Los delitos que se investigaban eran los de corrupción entre particulares, corrupción en los negocios, cohecho, administración desleal y prevaricación.
La denuncia fue presentada un mes antes esgrimiendo que Luis Rubiales no reunía el requisito básico para disponer de una vivienda gratis a costa de la Federación tal y como figura desde décadas en los estatutos del ente federativo, además de los cargos que se incluían en las informaciones que publicó El Confidencial.
Por otro lado, AFE, en comunión con el equipo DUX Internacional, perteneciente al Grupo 1 de la Primera RFEF, han pedido al Consejo Superior de Deportes que inste al TAD para que abra un procedimiento disciplinario contra Rubiales, además de su suspensión cautelar. José Manuel Franco, secretario de estado para el deporte, admitió que estaban estudiando las denuncias.
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